Recurso frente al TSJ por la desestimación de una petición de acelerar la escolarización del menor

Que se estima el recurso de apelación registrado con el número 29/2022 interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia de 9 de diciembre de 2021 dictado en el Procedimiento ordinario 50/2020, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, por el que se desestima el recurso interpuesto contra desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Dirección Provincial de Educación de Segovia, por la que se denegó el inicio del procedimiento de flexibilización en la escolaridad de Pedro.

Por lo que es evidente a la vista de las conclusiones de la referida sentencia que ha de compartirse las alegaciones de la parte recurrente, ahora apelante, cuando invoca que la competencia para la adopción de medidas ordinarias si compete al Equipo Docente, pero respecto a las medidas de flexibilización que, como indica la referida sentencia, tienen un indudable carácter excepcional y subsidiario, la competencia para su adopción corresponde únicamente al Director General de Planificación y Ordenación Educativa, siendo ello así, también lo es que el Juzgador de Instancia no ha resuelto de forma contraria a lo expuesto, sino que  mantiene el criterio de que dicho procedimiento para la adopción de medidas de flexibilización no resultaba de incoación obligatoria.

Pero esta Sala considera a la vista de toda la prueba practicada no se puede compartir dicha conclusión, ya que entendemos que esto no se trata de determinar si el menor había adquirido las competencias o no propias del curso que se pretendía flexibilizar, sino si en el mismo concurren los presupuestos para aplicar los refuerzos educativos para los alumnos de altas capacidades, siendo un hecho cierto no solo resultante de los informes psicopedagógicos emitidos en el expediente administrativo, que no ponen en duda las altas capacidades del menor.

Por ello y partiendo del hecho de que no cabe cuestionar por tanto las altas capacidades del menor y aun siendo cierto que las tutoras pueden valorar las condiciones escolares del menor, no es menos cierto que esta Sala no puede considerar correcto que por el mero hecho de que se tratara de un menor tímido se suprimieran las medidas adoptadas inicialmente cuando ni siquiera se llegaron a aplicar durante todo el curso, así como tampoco se produjo de forma integral en cuanto a los horarios impartidos en ambas asignaturas, las cuales debieron además repetirse en el curso siguiente, con el agravante de no adoptar medida alguna en el curso siguiente, sin que el hecho de que no se hayan obtenido notas brillantes implique que no se trate de un niño con altas capacidades.

Por lo que la Sala valorando todos los testimonios y respetando la opinión de las tutoras del menor, dado que no se ha
rebatido la condición previa de alta capacidad del menor, lo que determina la constatación del cumplimiento de los requisitos básicos aptitudinales exigidos, que no necesariamente la de la obtención de un determinado resultado académico y respecto de los aspectos desfavorables que se han justificado por el Centro docente a través de la reunión del Equipo Docente de 20 de febrero de 2020 que se limita a indicar que se cometían errores propios de un alumno de 1º de primaria y que le costaba responder a preguntas de razonamiento u opinión o se tratara de un niño tímido, ya que se consideran por la Sala estos argumentos insuficientes a la vista de lo declarado por las peritos que declararon en el acto de la vista, puesto que si bien es cierto que no se trata de la aplicación de una medida automática como cuestiono el Juzgador en el acto de la vista al minuto 45, pero lo cierto es que se ha acreditado en base a dichas periciales y el dato de las altas capacidades del menor, que no se pueden compartir las conclusiones del Equipo Docente acerca de que no se cumplían los requisitos de la Orden EDU/1865/2004 para iniciar el protocolo de flexibilización.

Reconociendo el derecho del menor a que se adopten todas las medidas oportunas para proceder o bien a la flexibilización ordinaria, en la medida que inicialmente se estableció o en la que ahora se considere procedente en atención a la situación actual escolar del menor o en su caso a la aceleración del curso escolar, sin perjuicio de que en el caso de que se constata que la aceleración no ofrece los resultados esperados, se adopten otras medidas de las previstas en la Orden EDU/1152/2010.