Resolución de expulsión a individuo sin documentos legales
Tras descubrirse que no posee ningún documento que certifique su estancia o residencia legal en España y mostrar que tiene antecedentes de malos tratos, se propone la expulsión del país
(Imagen: E&J)
Resolución de expulsión a individuo sin documentos legales
Tras descubrirse que no posee ningún documento que certifique su estancia o residencia legal en España y mostrar que tiene antecedentes de malos tratos, se propone la expulsión del país
(Imagen: E&J)
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 24-07-2023
Materia: Derecho Internacional
Especialidad: / Derecho Internacional / Civil
Número: 14099
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: De la sustitución de las penas privativas de libertad se deroga según la LO 1/2015 de 30 de marzo que reforma el vigente Código Penal salvo en lo relativo a la expulsión para los extranjeros, El procedimiento de expulsión, Expulsión vía Artículo 53.1 a) LO 4/2000 (bajo el nuevo criterio de la STJUE 23/04/2015), Expulsión vía Artículo 57.2 LO 4/2000, La libre circulación de personas dentro de la Unión Europea y en el Espacio Económico Común. Contenido. Derecho de entrada y estancia. Derecho de residencia. La expulsión de nacionales de un estado miembro. Normativa de la Unión Europea. Su interpretación.
Documentos originales presentados
El caso
El caso involucra a un individuo que, al ser requerido por las fuerzas policiales el 30/08/2022 para su identificación, se descubre que no posee ningún documento que certifique su estancia o residencia legal en España.
Posteriormente, se inicia un procedimiento sancionador de carácter preferente según lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero y su reglamento, debido a la situación irregular del individuo en el país. Se le da la oportunidad de presentar alegaciones, pero estas no logran refutar los hechos imputados. Además, se menciona que el individuo tiene antecedentes por delitos de malos tratos, lo que indica un comportamiento antisocial en España.
Por lo tanto, se propone la sanción de expulsión en lugar de una multa económica, dada la gravedad de la situación y la conducta del individuo.
El objetivo del cliente es evitar la expulsión del país y, en su lugar, recibir una sanción económica en lugar de una medida tan drástica como la expulsión.
La estrategia del abogado es la interposición de escrito de demanda contencioso administrativa.
El procedimiento judicial
- Orden Jurisdiccional: Civil
- Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid.
- Tipo de procedimiento: Procedimiento Abreviado.
- Fecha de inicio del procedimiento: 31-10-2022
Partes
Parte demandante:
– Persona afectada.
Parte demandada:
– Dirección general de la policia.
Peticiones realizadas
– Se solicita la suspensión de la ejecución de la orden de expulsión del territorio nacional del afectado, hasta que se resuelva el recurso contencioso administrativo interpuesto.
– Se pide la recepción del pleito a prueba, proponiendo pruebas documentales, incluyendo los documentos adjuntos a la demanda, así como el expediente administrativo en posesión de la parte contraria.
– Se declara que la cuantía del recurso es indeterminada.
– Se manifiesta la voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y se solicita que, en caso de haber incurrido en algún defecto procesal, se conceda el trámite oportuno para su subsanación según lo previsto en la ley.
Argumentos
– Se establece la jurisdicción y competencia del Juzgado al que se dirige el escrito, de acuerdo con la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
– Se argumenta la legitimación de las partes y su competencia en el procedimiento. El demandante tiene interés directo en el caso y plena capacidad procesal, mientras que el Estado es parte pasiva.
– Se explica la postulación del demandante a través de un letrado que asume tanto la defensa como la representación.
– Se especifica el objeto de la demanda, conforme a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
– Se señala que la demanda se presenta dentro del plazo establecido por la ley.
– La demanda se formula de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
– Se establece que las costas del proceso deben seguir las previsiones generales de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se solicita que sean impuestas a la Administración demandada.
– Se declara que la cuantía del procedimiento es indeterminada.
Normas y artículos relacionados
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Constitución Española.
- Artículo 18. , Artículo 128. , Artículo 46. , Artículo 56. , Artículo 78. , Artículo 23. , Artículo 138. , Artículo 129. , Artículo 139. , Artículo 21. , Artículo 31. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- Artículo 2. Aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles. , Artículo 231. Subsanación. Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Artículo 24 , NORMA , Artículo 24 Constitución Española.
Documental aportada
Documento 1: Representación letrada.
Documento 2: escrito de demanda contencioso administrativa, contra la notificación de fecha 14 de octubre de 2.022.
Documento 3a: expediente de expulsión preferente del territorio nacional.
Documento 3b: copia contra la resolución de expulsión.
Documento 4: resolución por la cual se notificaba la iniciación del procedimiento administrativo de expulsión del territorio nacional.
Documento 5: resguardo justificativo de haber solicitado Protección Internaciones.
Documento 6: denegación de solicitud de protección de internación.
Documento 7: certificado de empadronamiento.
Documento 8: denuncia que ha finalizado con un sobreseimiento de los hechos denunciados, en el momento que el Juez ha podido investigarlos.
Documento 9: alta en la seguridad social.
Prueba
Prueba documental aportada por la parte demandante.
Estructura procesal
– Resolución.
– Demanda.
– Sentencia final.
Resolución Judicial
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid, la cual se acordaba su expulsión del territorio nacional. Por lo tanto, se acuerda anular la citada resolución por no ajustarse a derecho. No se pronuncia sobre las costas procesales.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
1- El recurso contencioso-administrativo impugna una resolución de expulsión del territorio nacional dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid. Se argumenta que la decisión carece de una motivación adecuada y que resulta desproporcionada, ya que no existen elementos negativos en la conducta del recurrente que justifiquen la expulsión en la medida establecida en el acto administrativo impugnado.
De acuerdo con la legislación y jurisprudencia, se establece que la expulsión procedería si se demuestra la concurrencia de circunstancias agravantes que justifiquen la medida. Sin embargo, se subraya la importancia de no afectar el interés superior del niño, la vida familiar o el estado de salud del interesado, conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Se mencionan criterios orientativos para decretar una orden de expulsión, tanto en sentencias anteriores del Tribunal Supremo como en la Instrucción 11/2020 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
2- Respecto a las costas del proceso, se decide no imponerlas, considerando que las pretensiones de oposición a la demanda estaban bien fundamentadas y presentaban dudas de hecho o de derecho.
Jurisprudencia
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 404/2017, de 04-05-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71782061
- Audiencia Provincial de Melilla, núm. 90/2018, de 29-05-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71572660
- Audiencia Provincial de Melilla, núm. 88/2018, de 25-05-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71560741
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 695/2007, de 13-11-2007. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 1642976
- Tribunal Superior de Justicia de Canarias, núm. 130/2004, de 30-11-2004. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 221345
- Audiencia Provincial de Tarragona, núm. 172/2008, de 07-04-2008. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 1538647
- Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, núm. 528/2016, de 10-11-2016. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70359171
Biblioteca
Libros
- La transferencia Internacional del futbolista
- El hecho internacionalmente ilícito de las organizaciones internacionales
- El arbitraje internacional: cuestiones de actualidad
- Manual práctico de contratación internacional
- Guía de la adopción internacional
Artículos jurídicos
- El espejismo de la expulsión cautelar penal de okupas en 48 horas
- Contrato de franquicia: Medidas cautelares que puede solicitar el franquiciador contra el franquiciado para el cese de conductas abusivas realizadas por éste tras su expulsión de la red
Casos relacionados
- Estancia irregular en el territorio español. Resolución de expulsión del país y prohibición de entrada. Inadmisión del recurso contencioso administrativo por falta de acreditación de la presentación del defendido.
- Expediente de expulsión del país por residecia ilegal, con demanda contencioso-administrativa y recurso de súplica por no acreditar la representación
- Recurso Contencioso – Administrativo contra una expulsión inmediata del país.
- Demanda por la caducidad del procedimiento de expulsión del país a un extranjero carente de la documentación adecuada.
- Demanda provocada por la amenaza de expulsión del país a individuo extranjero debido a la falta de documentación que acredite su estatus legal
