Se declara en situación de incapacidad permanente total a una educadora infantil

Parte demandante:

– Victoria Gómez.

Parte demandada:

– La Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Las peticiones principales de la parte actora son el reconocimiento de la incapacidad permanente total, la revisión del alta médica y la consideración de las limitaciones funcionales.

Falta de Evaluación Detallada:

Se argumenta que la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social no ha realizado una evaluación adecuada de las dolencias y lesiones del demandante. Se destaca que esta falta de evaluación es la base de la reclamación.

Impacto de las Patologías en la Capacidad Laboral:

Se detallan múltiples patologías que afectan tanto la salud física como mental del demandante. Estos problemas de salud incluyen hernias discales, trastornos cervicales, migrañas, síndrome miofascial, entre otros, y se argumenta que estas condiciones tienen un impacto significativo en su capacidad para realizar su trabajo como Educadora Infantil.

Riesgo para la Seguridad de los Menores:

Se sostiene que, debido a las limitaciones funcionales y de salud del demandante, su desempeño en la profesión de Educadora Infantil podría poner en peligro la integridad física de los niños a su cuidado. Este argumento subraya la importancia de considerar la seguridad en el entorno laboral.

Imposibilidad de Realizar Tareas Básicas de la Profesión:

Se argumenta que las condiciones de salud del demandante le impiden realizar tareas fundamentales de su profesión, como levantar y cargar con niños, mantener posturas repetitivas y realizar actividades que requieren fuerza y atención.

Impacto en el Rendimiento Laboral:

Se indica que, subsidiariamente, las patologías reducen al menos un 33% el rendimiento laboral del demandante, lo que afecta negativamente la productividad y eficacia en su trabajo.

• Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
• LEY ORGÁNICA 5/1997, DE 4 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL
• Artículo 90. Admisibilidad de los medios de prueba. , Artículo 196. Escrito de interposición. , Artículo 47. Custodia del expediente y acceso al mismo. , Artículo 204. Pérdida de cantidades consignadas. , Artículo 71. Reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social. , Artículo 193. Objeto del recurso de suplicación. , Artículo 78. Causas y normas aplicables a la anticipación de la prueba. , Artículo 197. Traslado a las otras partes. , Artículo 199. Subsanación. , Artículo 198. Determinación de domicilio. , Artículo 203. Estimación total y parcial del recurso. , Artículo 202. Efectos de la estimación del recurso. , Artículo 200. Inadmisión del recurso. , Artículo 195. Interposición del recurso. , Artículo 201. Sentencia. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

DOCUMENTAL.

Consistente en se Oficie al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y a la  a fin de que remita todo el Expediente Administrativo Tesorería Judicial de la Seguridad Social de Doña Victoria Gómez y con entrega de una copia adicional a esta parte.

PERICIAL:

Consistente en que se Oficie a la Clínica Médico Forense para que, por el Especialista en Medicina del Trabajo, sea reconocida mi mandante, emitiendo el oportuno Informe sobre su estado médico, detallando las lesiones médicas que padece, sus limitaciones orgánicas y funcionales y repercusión en su vida laboral, y si éstas derivan de una enfermedad común, dando copia del mismo a esta parte, en virtud de los artículos 47.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y artículos 234.2 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con al menos 15 días de antelación a la celebración del acto del Juicio Oral.

Prueba documental y pericial aportada por la parte actora.

Demanda Inicial:

Presentación de la solicitud de incapacidad permanente por parte de la demandante ante el INSS.

Resolución del INSS:

El INSS emite una resolución en fecha 29/3/2021 denegando la prestación de incapacidad permanente a la demandante. Esta decisión se basa en la consideración de que las lesiones no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral.

Reclamación Previa:

La demandante, en desacuerdo con la resolución del INSS, presenta una reclamación previa el 29 de marzo de 2021.

Sentencia del Juzgado de lo Social:

El Juzgado de lo Social número 2 emite una sentencia en fecha 13 de junio de 2022, autos nº 1320/2020, desestimando la demanda y ratificando la decisión del INSS.

Recurso de Suplicación:

Presenta un recurso de suplicación impugnando la sentencia del Juzgado de lo Social.

Fallo y Condena:

El fallo del Tribunal condena al INSS y Tesorería General de la Seguridad Social a cumplir con la resolución, reconociendo a la demandante la prestación correspondiente consistente en el 55% de la base reguladora de 956,75 euros, con efectos desde el 09-02-2021, considerando las mejoras y revalorizaciones legales pertinentes.