Solicitud de modificación de medidas definitivas

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Que ESTIMANDO LA Demanda presentada por DÑA. Lola contra D. Josué Y, en situación de rebeldía procesal, con intervención del Ministerio Fiscal, DEBO ACORDAR Y ACUERDO LA MODIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE MEDIDA acordada en Sentencia de 10 de octubre de 2011:
Se atribuye a la madre, doña Lola el ejercicio exclusivo de la patria potestad sobre la hija común Eva, en cuestiones referentes a la escolarización de la hija, cambio de colegio, cambio de domicilio, cuestiones administrativas y obtención de documentación (DNI o pasaporte), cuestiones médicas y cualquier otro acto de la vida ordinaria del menor, así como las gestiones o actuaciones necesarias para su realización/obtención.

Se mantiene en lo restante las medidas acordadas en Sentencia de 10 de octubre de 2011.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
PRIMERO.- Con base en el art. 775. 1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitaba la parte actora modificación de las medidas aprobadas por Sentencia de fecha 10 de octubre de 2011, dictada por este Juzgado en los autos de relaciones Paterno Filiales, en concreto la relativa a la atribución del ejercicio exclusivo de la patria potestad por Dña. Lola sobre la hija común, Eva, nacida el 31 de marzo de 2009, y ello porque no sabe dónde reside el padre de la menor, cree que en Paraguay, no pudiendo contar con él para los asuntos de la hija menor de edad, necesitando en muchos casos la autorización de ambos progenitores para determinados actos, no existiendo relación paterno filial desde 2013 en que la menor ni ve ni habla con su padre.

El Ministerio Fiscal informó en el sentido de no oponerse a la atribución en exclusiva del ejercicio de la patria potestad en favor de madre.

La privación o suspensión de la titularidad de la potestad se ha considerado una medida restrictiva que debe acordarse sólo cuando sea necesaria para la protección de los hijos menores, de tal manera que no es suficiente la constatación de un incumplimiento, sino que es necesario valorar que el mantenimiento de la titularidad de la potestad comporte una situación de riesgo, de peligro o de desprotección del menor.

En este sentido citamos las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2004 y 10 de noviembre de 2005 que hacen referencia al artículo 170 del Código Civil. Aunque el art. 170 del CC, vincula el incumplimiento de los deberes que integran el contenido de la patria potestad a su privación, esta última no constituye sin embargo una consecuencia necesaria e inevitable del incumplimiento, sino solo posible en función de las circunstancias concurrentes en cada caso y siempre si el beneficio del menor lo aconseja. La última de las citadas sentencias recuerda que esa posibilidad de privación de la patria potestad que
establece el art. 170 del CC ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, y en todo caso interpretada siempre atendiendo al interés del menor, de forma que ésta procederá solo en aquellos casos en que el incumplimiento grave de los deberes y cuidados de asistencia que la integran, imputable de forma relevante al titular, lleve aparejado un daño o peligro grave y actual del menor derivado del mismo.

La privación de la potestad, como cualquier otra medida que pueda adoptarse relativa a personas menores de edad, tiene que estar presidida por el interés del menor, de tal manera que se tiene que hacer hincapié no tanto en la conducta del progenitor en relación con el cumplimiento de sus deberes parentales aisladamente considerada, sino en la
repercusión o incidencia que el comportamiento del padre tiene en la formación y desarrollo integral del niño, o lo que es el mismo, procederá adoptar una medida tan grave como la privación de la potestad, cuando pueda afirmarse que es perjudicial para el niño o niña el mantenimiento de la potestad por parte del progenitor.

SEGUNDO.- El ejercicio exclusivo de la patria potestad supone que se atribuye a uno de los progenitores todos los derechos y obligaciones de la patria potestad, que podrá desarrollarla sin contar con el otro, si bien no se ha suprimido la del otro.
Con esta atribución en exclusiva, se facilita ejercicio de sus obligaciones, como los cambios de colegio, las actuaciones médicas, solicitud de documentación identificativa (DNI o pasaporte) o cualquier acto necesario para la vida diaria de del hijo, y ello mientras perduraran las circunstancias que dificultan, en contra del interés del menor, el ejercicio adecuado de las mismas como es el caso dada la ausencia del padre.

TERCERO.- No procede imponer las costas a ninguna de las partes.