Las administraciones públicas tienen la potestad de imponer multas coercitivas, con la finalidad de conseguir que los ciudadanos cumplan con las obligaciones que les han sido impuestas, circunstancias que se dan a menudo en materia de disciplina urbanística. Tales multas no tienen carácter sancionador. Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio […]
