El Tribunal Supremo diluye la esperanza de las empresas infractoras de parapetarse tras la protección de datos. El límite al derecho de acceso a la información pública relacionada con sanciones administrativas que no conllevan la amonestación pública al infractor sólo se refiere a las personas físicas sancionadas, con exclusión de las personas jurídicas. De esta forma […]
