Accionistas minoritarios de Indra preparan acciones contra la empresa

El terremoto que se produjo en la última Junta General de Accionistas de Indra podría terminar en los tribunales. Un grupo de accionistas minoritarios de la compañía ha encomendado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo el inicio de acciones judiciales en defensa de sus legítimos intereses.

En la Junta del pasado 23 de junio, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritaria de Indra, el grupo vasco SAPA Placencia (de la familia Aperribay; tercer accionista de la empresa) y el fondo Amber Capital (el principal accionista del Grupo Prisa) tomaron el control del Consejo de Administración después de expulsar a cuatro consejeros independientes y de no renovar a otro.

Este movimiento fue muy mal recibido por el mercado, y el precio de la acción de la compañía llegó a perder hasta un 15% de su valor. El precio cayó desde los 10,13 euros por acción el 23 de junio a 8,64 euros solo un día después. Desde entonces el precio de los títulos se ha ido recuperando, pero no ha alcanzado los niveles previos a la celebración de la Junta.

Según informan desde Cremades & Calvo-Sotelo la firma está analizando las diferentes alternativas judiciales “para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por estos hechos a los accionistas minoritarios”. Asimismo, el despacho se ha puesto en contacto con la CNMV a través de una carta solicitando una reunión con su presidente, Rodrigo Buenaventura, “para trasladarle su preocupación por cómo se han sucedido estos hechos en la Junta General de Accionistas de Indra, así como el daño patrimonial causado a los accionistas minoritarios”.

Javier Cremades. (Foto: Cremades & Calvo-Sotelo)

Preocupación en la CNMV

Buenaventura calificó de “llamativo” y “preocupante” el cese de consejeros independientes y declaró que la salida de los independientes “puede poner en peligro esa calidad de buen gobierno” a la que aspira la CNMV.

En la misiva, firmada por Javier Cremades, presidente de la firma, se destaca que “resulta inadmisible que se produzca en una empresa privada una injerencia del Gobierno, sin respetar las normas que deben regir el funcionamiento de las compañías cotizadas y de los mercados. “Esta injerencia”, señalan ese le bufete, “está afectando de manera directa a la cotización de la acción, con lo que está produciendo un daño patrimonial a los miles de pequeños accionistas que representan una amplia mayoría del capital social de la compañía”.

Un de las mayores críticas vertidas en la misiva es que en la Junta, “por sorpresa”, se haya decidido cesar o no renovar “, a la práctica totalidad de los consejeros independientes existentes en su órgano de gobierno (cinco consejeros sobre un total de ocho independientes)”.

En la carta se recuerda que la compañía deja de cumplir el Código de Buen Gobierno de la CNMV en lo que se refiere a que al menos la mitad del Consejo de Administración de la compañía tiene que estar compuesto por consejeros independientes. En este sentido, la situación se ha agravado en los últimos días, ya que después de la Junta se ha producido la dimisión de otros dos consejeros independientes. De este modo, el órgano de gobierno de la compañía queda formado por siete consejeros, de los que solo uno es independiente.

En la exposición realizada por el despacho se vierte la sospecha de que lo sucedido puede ser “el resultado de pactos secretos, no declarados, como se está obligado a hacer, de los tres accionistas SEPI, SAPA y AMBER, que deciden apartar de la compañía a la mayor parte de los consejeros independientes, a la par que aumentar su propia presencia en el Consejo”. A este respecto, argumenta que “SAPA solicitó en el mes de marzo entrar en el Consejo, pero tanto la Comisión de Nombramientos, como el propio Consejo, informaron negativamente”.

A pesar de ello, recuerda el bufete, “SAPA presenta un complemento de convocatoria a la Junta, con un nuevo punto del orden del día, en el que introduce su propuesta de nombrar un consejero dominical en representación de su interés accionarial. La propuesta se somete a votación en la Junta, que con el apoyo de SEPI, AMBER y lógicamente el suyo propio, resulta aprobada”.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV. (Foto: CNMV)

Concentración

Teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, los demandantes creen que existen razones más que suficientes para considerar que “se ha producido una concertación entre SEPI, SEPA y AMBER, al objeto de proceder a la toma de control de la compañía, tanto a nivel accionarial como de Consejo de Administración”. De ser esto así, y según la normativa española y europea, “nos encontraríamos ante un supuesto de toma de control de la compañía, que les obliga a tener que formular una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), a todos los accionistas, a un precio equitativo”, señala el bufete.

Javier Cremades termina su mensaje con tres peticiones. Por un lado, que los tres accionistas “concertados” expliquen al mercado su proyecto empresarial, por otro, se deberían pedir garantías a los accionistas que tienen el control del Consejo que los nuevos consejeros que se nombren sean realmente independientes y por último que la CNMV exija la inmediata puesta a disposición del público de los motivos por los que los consejeros independientes han sido cesados en su cargo.

Al objeto de poner algo de orden en la empresa y de parar la sangría reputacional a la que se está viendo expuesta, los responsables de Indra han decidido actuar y en una comunicación enviada a la CNMV han anunciado que Indra reformará su Consejo para cumplir «escrupulosamente» con los estándares de buen gobierno corporativo, lo que supondrá aumentar el número de consejeros y nombrar al menos a cuatro nuevos consejeros independientes, para tener, de este modo, un 50% de independientes en el órgano de gobierno.