El Gobierno está decidido a abolir la reforma laboral

Durante el fin de semana se ha celebrado en Valencia el 40 Congreso Federal del PSOE. El secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que antes de que termine el año, el 90% de la población española estará vacunada contra la Covid, la abolición de la prostitución, la de la llamada ley mordaza o la abolición de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012.

El PSOE ya había incluido la derogación de la reforma laboral en el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones generales. Después de muchos titubeos y no pocos encontronazos con Unidas Podemos, su socio de Gobierno, parece que ahora podría ir en serio.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, lo dejó muy claro recientemente en un mitin cuando afirmó, refiriéndose a la derogación de la reforma laboral que “os digo alto y claro que estamos en el Gobierno para eso”. Ahora, después de que la palabra “derogación” ha entrado y salido en varias ocasiones del lenguaje del Gobierno en varias ocasiones, Pedro Sánchez ha manifestado que “avanzaremos poniendo punto final a la reforma laboral del PP, impuesta sin acuerdo, que precarizó contratos y devaluó salarios».

La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Foto: Ministerio de Trabajo)

El PSOE tiene claro que no se puede esperar más para acometer profundos cambios en el mercado laboral. No implicarse al máximo en este aspecto puede poner en peligro su relación con sus aliados de izquierdas en las Cortes, precisamente en un momento en el que se están negociando los Presupuestos Generales del Estado.

Larga negociación

El Gobierno lleva meses negociando con patronal y sindicatos la reforma del mercado laboral. Mientras que los representantes de los trabajadores han mostrado su plena disposición a derogar una reforma que, a su juicio, ha sido muy lesiva para los intereses de los trabajadores, la patronal CEOE se muestra muy retiente. En este sentido, la ministra Díaz explicó recientemente que los trabajos “van rápidos, ágiles”, y que “en torno al mes de noviembre, han de estar culminados”.

Con estas palabras, la ministra parece que quiere primar el calendario a la posibilidad de llegar a un acuerdo cerrado con todas las partes concernidas, a pesar de que las medidas que quiere poner en marcha son de calado. No se reducirán a unos retoques de los aspectos más lesivos, sino que será “una reforma estructural como no se ha hecho en 42 años”, según explica la ministra.

Entre los principales cambios incluidos en la reforma del mercado de trabajo en la que trabaja el Gobierno está la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la reordenación de los contratos laborales, generalizando, simplificando y bonificando los contratos indefinidos, dejando los contratos temporales en términos de causalidad y reordenando tipos y modalidades de contratación laboral. En este sentido, la pretensión del Gobierno es que los contratos temporales queden limitados al 15% de la plantilla anual de cada empresa.

Por otra parte, el Ejecutivo quiere implantar un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ligado a la formación y reinserción laboral. Asimismo, se pretende revisar las políticas y sistemas de subvenciones y bonificaciones a la contratación, simplificando los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y beneficiar a los empresarios que apuesten por los contratos indefinidos. Hay que señalar que algunos de los cambios defendidos por el Gobierno ya han recibido el aval del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo va a contar con el apoyo de los sindicatos en todo lo que sea la derogación de la norma de 2012, pero va a tener enfrente a la patronal. Por lo que respecta a la Unión Europea, todo dependerá del contenido final de la reforma. Funcionarios comunitarios se han reunido con patronal y sindicatos para recabar información sobre los cambios en el mercado laboral y su postura sobre los mismos. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo tiene el compromiso con Bruselas de sacar adelante una reforma laboral antes de final de año dentro de las políticas prometidas a la UE para recibir 10.000 millones de fondos correspondientes a 2021.

La patronal CEOE, con su presidente al frente, Carlos Garamendi,  ha dejado claro que no se oponen a introducir mejoras en la reforma laboral de 2012 “pero sí a dar pasos atrás”. La reacción de esta organización y de Cepyme a la última propuesta del Ministerio de Trabajo no deja lugar a dudas sobre la opinión del sector empresarial acerca de los planes del Gobierno.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. (Foto: ElPlural).

En el documento Consideraciones de las organizaciones empresariales al documento Propuesta de Modernización de Relaciones laborales, ambas patronales afirmaban que “en un entorno global y digitalizado, sometido a vertiginosos y constantes cambios, la capacidad de adaptación de empresas y personas trabajadoras resulta imprescindible para garantizar la productividad de nuestra economía”. “Lejos de este objetivo”, destacan, “las reformas propuestas por el Gobierno introducen rigidez en nuestro mercado laboral, ignorando las recomendaciones de la Unión Europea y de los organismos internacionales y, también, las necesidades específicas de la economía española y los retos cualitativos y cuantitativos de nuestro mercado de trabajo”.

Resultados mixtos

Desde el momento en que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma laboral, la norma ha sido motivo de constante controversia. Lo cierto es que presenta claroscuros que, dependiendo de quién los interprete, pueden valer para decir que es una buena norma y todo lo contrario.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. (Foto: FMI)

En febrero del año pasado, justo antes de que comenzará la pandemia de Covid, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacía público un informe Distributional Implications of Labor Market Reforms: Learning from Spain’s Experience, en el que analiza las consecuencias de la reforma laboral de 2012. El organismo que dirige Kristalina Georgieva aseguraba que la reforma de 2012 fue positiva para la creación de puestos de trabajo en general y en particular para los jóvenes. Según el informe, el crecimiento del empleo fue sistemáticamente mayor y el desempleo juvenil, menor, en comparación con su posible evolución en ausencia de reformas.

Asimismo, el FMI afirma que la fuerte creación de empleo que habría favorecido la reforma laboral habría mejorado también la distribución de la renta a partir del año 2012. Señala que hay evidencias de una significativa reducción del coeficiente Gini, el indicador que se utiliza internacionalmente para medir la distribución de la renta, cinco años después de la ley laboral de 2012. Los autores del documento atribuyen esta caída de la desigualdad a que la creación de empleo benefició sobre todo a la mitad de la población con menores ingresos.

De acuerdo con el FMI, la reforma laboral de 2012 contribuyó a la rápida recuperación de la economía española entre 2013 y 2018, ya que favoreció la flexibilidad salarial, que, a su vez, ayudó a la economía española a recuperar competitividad y a crear puestos de trabajo.

En cuanto a los efectos negativos de la reforma laboral de 2012, el informe del FMI detecta varios. En primer lugar, provocó una reducción en la media de horas trabajadas y, además, incrementó el porcentaje de trabajadores ocupados a tiempo parcial de manera indeseada.

En cuanto a las consecuencias de la reforma laboral en las tasas de pobreza, si bien el organismo no hallaba ningún impacto sistemático en la tasa general de población en riesgo de pobreza, sugiere un aumento de la pobreza que sufren las personas que tienen un empleo. Ello, afirma el Fondo, podría ser una consecuencia del incremento de la proporción de trabajadores que, contra su voluntad, tienen contratos a tiempo parcial y las menores horas trabajadas.