El Banco de España propone una indemnización de 16,5 días

• Considera que esta medida podría acabar con la dualidad.
• Pide reformas y una revisión del gasto público para paliar el golpe de la crisis sanitaria.
• Ve insuficientes las ayudas del BCE y aboga por realizar cambios estructurales.

Ante el impacto de la crisis sanitaria, el Banco de España declara que el estímulo del Banco Central Europeo (BCE) no será suficiente para hacer frente a la recuperación económica. Hernández de Cos, supervisor del Banco de España, demanda al Gobierno que se realicen reformas estructurales para que la economía española no se colapse. Entre las distintas reformas, plantea abaratar a la mitad los despidos, una indemnización en caso de despido de 16,5 días por año trabajado para aquellos que sean improcedentes, 10 días para los despidos objetivos y 6 días cuando finalicen los contratos temporales, aunque los máximos de indemnización continuarían como hasta ahora.

«Es preciso definir e implementar sin demora una estrategia integral de reformas estructurales”, declara el supervisor. La memoria anual del Banco de España reitera la necesidad de subsanar la desigualdad de los trabajadores temporales a través de la imposición de un sistema mixto que compagine la reducción a la mitad del coste por despido junto a la instauración de un fondo de capitalización individual mantenido por las empresas, aunque para esto tendrían que ayudar los fondos europeos y el Estado. 

Las empresas podrían aumentar los despidos al abaratar los mismos, por lo que sugiere un sistema de penalizaciones y bonificaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. (Fuente: marbenaabogados).

El Banco de España ya sugirió la implantación de este sistema en 2010 con la reforma socialista y ha calculado el coste que podría suponer esto a las arcas españolas. Implantar este sistema costaría más de 9.000 millones de euros, de los cuales el Estado financiaría unos 8.000 millones con cargo a los fondos europeos, al menos de manera parcial.

El informe declara que aquellos con contratos temporales, entre los que se encuentran los jóvenes y los trabajadores con menor formación, han sufrido “de manera desproporcionada” la destrucción del empleo desde que comenzara el nuevo siglo hasta el día de hoy, ya que es más barato su despido.

Así, el supervisor aboga por este modelo, ya que incentiva la movilidad, es menos desigual y no produce tensiones de liquidez a las empresas. Pasando a valorar los despidos por cuestión de eficiencia y no de costes.

La idea es que las empresas abonen al fondo de cada trabajador un importe 6 días por año trabajado, que sería deducido de la indemnización a ingresar por el empleador si se lleva a cabo el despido. Con ello, si el trabajador es despedido podría emplear la cantidad acumulada en el fondo para formación o para la jubilación. Para cubrir la brecha que podría producir el sobrecoste de su implantación, propone que el Estado financie de manera decreciente las contribuciones empresariales durante los próximos cinco años: 5 días por año trabajado el primer año, 4 días el segundo año, 3 días el tercer año, 2 días el cuarto año y 1 día el quinto año, lo que supondría un coste de 8.660 millones de euros. Aunque el Banco de España reconoce que los datos empleados son de una época de recuperación económica, por lo que su propuesta podría tener algunas “barreras”.

Otro planteamiento es que, con este modelo, las empresas podrían aumentar los despidos al abaratar los mismos, por lo que sugiere un sistema de penalizaciones y bonificaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social, que dependerá de la rotación laboral de cada empresa.

Por otro lado, el Banco de España destaca la importancia de una reforma fiscal y demanda al Gobierno «revisar el grado de eficiencia de todas las partidas de gasto público” y “priorizar los usos de los recursos públicos e incrementar su eficiencia”.

Está de acuerdo en que las partidas relacionadas con la sanidad, la pensiones y la inversión pública en capital humano y tecnológico deberán tener mayor relevancia en los Presupuestos. En relación a esto, el supervisor ha declarado que “en este contexto, el proceso de reequilibrio de las finanzas públicas que debe acometerse en el medio plazo exigirá ser muy selectivo a la hora de comprometer cualquier aumento permanente del gasto, identificar qué políticas de gasto son prioritarias, valorar cuál es la efectividad de cada una de ellas para alcanzar sus objetivos, y analizar si existe margen de mejora para incrementar la eficiencia del gasto»