El factor de sostenibilidad podría derogarse antes de terminar el año

• Entre las medidas se incluye la revalorización del IPC.
• Es una promesa del ministro Escrivá, que hará llegar el proyecto de ley al Consejo de Ministros.
• La primera parte de la reforma ya ha sido pactada por los agentes sociales y el Gobierno.

Ya se ha dado el visto bueno para que la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones de nuestro país se ponga en marcha. Los agentes sociales y el Gobierno acordaron a comienzos de esta semana las medidas que se votarán en el Congreso de los Diputados para que entren en vigor a comienzos de 2022. Entre las distintas medidas, las más relevantes son el aumento de la edad efectiva de jubilación, la vinculación de las prestaciones con el IPC o la separación de fuentes de financiación, aunque es importante para su consenso la determinación de Jose Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de derogar antes de que termine el año el factor de sostenibilidad de las pensiones, que entró en vigor en 2013 con el PP en el Gobierno.

Así, el Gobierno hace efectiva una de las peticiones de los sindicatos en la mesa de diálogo social que había frenado el pacto durante las ultimas semanas, eliminando un factor que contemplaba recortes de hasta un 20% dependiendo del momento de la jubilación y la esperanza de vida de quien pudiera beneficiarse de la situación en ese momento. Aunque el Gobierno ha establecido el 15 de noviembre como plazo para acordar con los agentes sociales qué medida sustituirá este índice (el factor de equidad intergeneracional). Eso sí, fuentes del Gobierno indican que aunque se pacte la incorporación de este elemento que incluye la variable demográfica al pago de las pensiones, el factor no entraría en vigor hasta 2027.

En cuanto a la revalorización con el IPC, el acuerdo asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas. (Foto: economíasimple).

Destaca el hecho de que los sindicatos exigieron esta medida para apoyar el primer paquete de medidas, que unido a la vinculación de la revalorización de las prestaciones con el IPC y la eliminación del IRP, trae consigo la derogación de la reforma del Sistema aprobada el 2013 por el PP.

El hecho de que los plazos sean tan cortos genera una presión añadida al Gobierno para derogar el factor de sostenibilidad. De hecho, la idea del Gobierno pasa por incluir en esta ley la inclusión del nuevo factor de equidad intergeneracional. Así, deberán otorgar mayor celeridad al diálogo con los agentes sociales ya que el objetivo del Gobierno es incorporar la nueva medida como una enmienda adicional al proyecto de ley. Así, tan sólo tendrán unos meses para terminar esta nueva medida y cumplir con los plazos para incorporarla como modificación normativa en la ley de Seguridad Social antes de que termine el 2021.

En cuanto a la revalorización con el IPC, el acuerdo asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, ya que relaciona la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior con su revalorización anual. De ser negativa esta variación, la cuantía de las pensiones no cambiaría al comenzar el año. 

Además, el acuerdo otorga relevancia a la actuación del Estado como guarda público del sistema de pensiones en cuanto a las fuentes de financiación. Así, se incorpora una cláusula a la Ley General de la Seguridad Social a través de la cual se llevará a cabo anualmente una transferencia a través de los PGE de un 2% del PIB aproximadamente. Un proceso que finalizará el 2023.

En cuanto a la jubilación anticipada, la reforma permitirá que los nuevos coeficientes reductores se apliquen sobre el importe de la pensión, aumentando así los coeficientes de los meses 23 y 24 de anticipo. Por otro lado, se mejoran los de los meses 22 en adelante. Así, aquellos que se jubilen dos meses más tarde, tendrán una pensión más elevada. Además, dicha reforma no permite incluir cláusulas de jubilación forzosa para los menores de 68 años.

Por último, la jubilación demorada otorga varios incentivos para retrasar la jubilación. Estos podrá elegirlos el empleado por cada año de demora. Se trata de un porcentaje adicional del 4% o una cantidad a tanto alzado de entre 4.786 euros y 12.060 euros en un único pago.