El Gobierno pacta con la UE ampliar hasta 35 años el periodo de cálculo de la pensión

El Gobierno se encuentra inmerso en una carrera contrarreloj para llegar a fin de año con las reformas estructurales que le exige la Unión Europea para cobrar los 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias que el país opta a recibir en los próximos años.

El Gobierno de España y la Comisión Europea han finalizado las negociaciones para la aprobación de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (OA, en sus siglas en inglés). La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por parte española, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, por parte de la autoridad comunitaria, han acordado y firmado el documento técnico que establece la manera en que se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión Europea y el intercambio de información para el seguimiento del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en España.

España es el primer Estado miembro en consensuar con la Comisión Europea el documento que recoge las Disposiciones Operativas del Plan. Se trata de un texto técnico que contempla el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han de acordar los 27 Estados miembros con Bruselas.

El documento abre la puerta a que España pueda solicitar en los próximos días el primer pago oficial, de 10.000 millones de euros, tras el anticipo inicial de 9.036 millones recibido en verano tras la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español.

El pacto firmado por el Ejecutivo cuenta con una extensión de 346 páginas y recoge todos los objetivos del plan, cómo se van a implementar y el método de verificación del cumplimiento de los hitos del mismo y la condicionalidad y calendario de cada medida.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. (Foto: Moncloa)

Reforma de las pensiones

Uno de los aspectos incluidos en el Plan es la reforma de las pensiones. El Gobierno ha firmado finalmente con la Comisión Europea acometer una ampliación del período de años trabajados para calcular las pensiones en 2022. En el acuerdo se estipula que para el último trimestre de 2022 deberá haber entrado en vigor «la legislación para el ajuste del período de cómputo ampliándolo para el cálculo de la pensión de jubilación». De esta reforma depende, entre otras, el cuarto desembolso de los fondos, que se espera para inicios de 2023 y asciende a 10.000 millones de euros.

Actualmente, el periodo de cómputo para calcular la pensión se sitúa en los 24 años, prorrogables hasta los 25 a partir de 2022. Al objeto de cumplir las exigencias de Bruselas, el Ejecutivo trabaja en una reforma que amplíe progresivamente los años que se tienen en cuenta para cobrar la pensión, pudiendo llegar a los 35 años.

Este pacto con Bruselas puede romper de nuevo las costuras que unen al Gobierno de coalición, ya que en Unidas Podemos entienden que esta medida supone en la práctica un «un ajuste» de las pensiones para el grueso d ellos trabajadores, aunque reconocen que puede beneficiar a quien pierde el empleo al final de su vida laboral.

La Comisión Europea acepta la supresión del factor de sostenibilidad de las pensiones. (Foto: El Independiente)

Por lo que se refiere al factor de sostenibilidad que ligaba las pensiones a la esperanza de vida y que fue derogado este verano, la Comisión Europea acepta su supresión siempre que sea sustituido por «un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria ajustándose a los cambios demográficos». En este sentido, la Comisión Europea va a pedir un informe que muestre la eficacia nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. También la «publicación de proyecciones actualizadas que muestran cómo las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo teniendo en cuenta también el impacto de otras reformas estructurales, como las reformas del mercado laboral».

Reforma laboral

La reforma laboral también se encuentra en el foco de los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con Bruselas para recibir las ayudas. En este aspecto las cosas no ruedan tan bien como parecen hacerlo en le caso de las pensiones. La negociación con los agentes sociales se ha tensado en los últimos días y se empieza a temer que no haya acuerdo antes de final de año.

Bruselas exige al Gobierno español que el elevado número de modalidades de contratos que hay en España se queden reducidos a tres: indefinidos, temporales y de formación. Además, incluye la mejora del modelo de negociación colectiva; la regulación de las subcontratas; la actualización del Estatuto de Trabajadores y el diseño de los nuevos ERTE ligados a formación quede publicada en el BOE antes de final de año. En el caso de los nuevos ERTE ligados a formación, los conocidos como RED, pide un informe previo que garantice su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo bajo distintos escenarios.

Precisamente la propuesta realizada por el Gobierno ha sido rechazada con vehemencia tanto por sindicatos como por la patronal. En el caso de las centrales sindicales temen que no se cuente con ellas en los procesos que se abrirán en empresas en dificultades, mientras que los representantes de los empresarios se critica la rigidez que establece la propuesta a la hora de tener que acometer despidos, así como los costes que supone.

«Sólo sirve para ralentizar el proceso», ha señalado UGT, mientras que CCOO estima que “dificulta sobremanera el desarrollo de las negociaciones de la de la mesa de diálogo Social y nos aleja de un posible acuerdo». Por su parte, entre las patronales no convence la oferta que ha trasladado el Gobierno y se han opuesto a ella porque la consideran “intervencionista y confusa” para que las empresas la puedan utilizar.

Reunión del Gobierno con patronales y sindicatos. (Foto: El Periódico)

La propuesta del Ejecutivo, a la que denomina Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, establece tres tipos de ERTE. Por un lado, el de fuerza mayor, que replica básicamente el modelo actual para situaciones excepcionales sobrevenidas. Su coste será compartido entre el Estado y las empresas.

Por otro lado, el Ejecutivo propone un nuevo ERTE de reestructuración, enfocado específicamente para canalizar a los trabajadores que deban ser recolocados en otras empresas. La empresa de la que salga el empleado pagaría un 50% del coste de su despido al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) de tal forma que la empresa que lo integre no tenga que asumir todo el coste de una hipotética salida.

La tercera modalidad de ERTE, que el Gobierno llama ERTE sectorial, se reserva para aquellos sectores que deban reestructurarse enteros.

El gran problema es que el rechazo de los agentes sociales puede retrasar la consecución de un acuerdo. En un principio, estaba previsto que las conversaciones terminaran el 15 de noviembre, pero si se quiere un acuerdo que incluya a todas las partes se va a retrasar por lo menos hasta final de mes. Teniendo en cuenta los ritmos de tramitación parlamentaria, parece difícil que el 1 de enero pueda estar lista la nueva norma, tal como se ha comprometido el Gobierno español con la UE para recibir las nuevas remesas del fondo de recuperación.