El Gobierno reduce el recorte de ingresos a las eléctricas

El Congreso de los Diputados ha debatido hoy la convalidación del Real Decreto-Ley para abaratar la factura de la luz. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sacado adelante este decreto, que desde el primer momento ha estado marcado por la polémica.

El punto más controvertido de este Real Decreto-Ley es el que se refiere al recorte de los ingresos de las eléctricas. Lo que plantea la norma es la reducción temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO₂ en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

Según los cálculos de Transición Ecológica, por cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista Ese precio final del mercado mayorista es el que reciben todas las generadoras de electricidad con independencia de cuáles sean sus costes operativos. Teniendo esto en cuenta, el Ejecutivo quería que las eléctricas contribuyeran con parte de esos beneficios extraordinarios al menos hasta el 31 marzo de 2022.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Foto: Moncloa)

Esto puso en pie de guerra a las eléctricas y provocó la caída de todas ellas en Bolsa. A la vista de las críticas y de las presiones de las compañías eléctricas, finalmente Ribera ha suavizado la norma y, tal como ha anunciado hoy en el pleno del Congreso, reducirá este recorte para las eléctricas que suministren energía a las industrias a «precios razonables».

Según ha explicado la vicepresidenta, el objetivo es no aplicar este recorte a «quienes garanticen exnovo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

En cualquier caso, tal y como ha reconocido la propia vicepresidenta, las previsiones que hizo el Gobierno cuando aprobó, hace justamente un mes, este Real Decreto-Ley han quedado desfasadas, algo que «obliga a revisar medidas adoptadas ya» y «adaptarlas».

Junto al recorte de los ingresos de las eléctricas, el Real Decreto-Ley incluye otras medidas importantes, como el recorte del 5,1% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prolongación hasta fin de año de la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. También aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO₂ destinadas a cubrir costes del sistema eléctrico, hasta los 2.000 millones durante este ejercicio. Todas ellas se suman a la actual reducción del IVA hasta fin de año, del 21% al 10%.

Además, se limita la tarifa regulada de gas natural con un tope de alrededor del 5% durante cada uno de los dos siguientes trimestres y se incentivan las subastas de compra de energía a largo plazo. Se crea, asimismo, un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con bono social para extender seis meses más la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.

Antes de acudir hoy al Congreso, la ministra ha mantenido reuniones con representantes del sector eléctrico, que le trasladaron su inquietud por el recorte de los ingresos. Al final, Ribera ha dado su brazo a torcer, lo que ha provocado el disgusto de su socio de Gobierno, que ha sido muy beligerante en esta cuestión.

La cotización de las eléctricas ha subido en Bolsa estos días. (Foto: Creative Commons)

Desde que la ministra comenzó su ronda de contactos con las eléctricas y se vislumbró la posibilidad de que la parte del Real Decreto-Ley más perjudicial para ellas fuera suavizada, la cotización de estas compañías comenzó a recuperarse. Hoy, por ejemplo, el Ibex 35 ha experimentado una subida del 0,49% aupado por las eléctricas. Así, Endesa e Iberdrola registran alzas del 3% y del 2%, respectivamente, al final de la sesión.

El gran problema es que buena parte de la subida del coste de la electricidad se debe a factores que se escapan de la acción de los gobiernos. De hecho, el precio de la energía eléctrica se ha disparado en buena parte de las principales economías europeas. Un ejemplo claro de que estas medidas no son suficientes lo hemos tenido hoy.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado hoy el dato de IPC de septiembre. Los precios subieron el mes pasado un 0,8% frente al mes anterior, con la que el IPC catapultó su tasa interanual hasta el 4%, siete décimas por encima de la de agosto y la más alta en 13 años. Los precios de la electricidad han sido los principales causantes de este ascenso.

Respecto a agosto, los consumidores pagaron un 10,9% más por la factura eléctrica, según los datos del INE, que desvela que la luz está un 43% más cara que hace 12 meses. Respecto a febrero se ha disparado un 52%.

Al margen de la reducción en el recorte de los ingresos, las eléctricas han tenido otra buena noticia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado esta mañana sobre el conflicto que desde hace años enfrenta a las empresas eléctricas y el Gobierno español a raíz de la estructura del bono social, el descuento en el precio de la factura de la luz del que disfrutan miles de consumidores vulnerables. La ley española del 2014, que endosaba el 99% del coste de esta partida a las cinco mayores empresas del sector, es “discriminatoria”, según el tribunal europeo.