El Ministerio de Industria exige al IFM los detalles completos de la opa sobre Naturgy

• Para que la CNMV pueda llevar a cabo la operación, el fondo IFM necesita la aprobación del Gobierno.
• El Gobierno instará que se aclare si la composición del futuro consejo y la dirección se mantendrá.
• La prioridad de Moncloa es mantener su sede en España.

A pesar de que los periodos regulatorios para las infraestructuras de gas se engloban en ciclos de seis años, el Gobierno reclamará al fondo australiano IFM que dé a conocer sus planes en el capital de Naturgy para los próximos tres años.

Así, entre otras peticiones, el IFM deberá reflejar en un documento los objetivos económicos de su inversión, el equipo directivo y consejeros e incluso las perspectivas de empleo en España al finalizar dicho periodo para la compañía, tanto en el extranjero como en nuestro país.

Otra petición será conocer detalles concretos, como el importe de la inversión, porcentaje del capital y fecha de la formalización, siendo algunos de estos datos conocidos debido a que se trata de una operación de un empresa cotizada.

En este caso, la opa del IFM sobre el 22,7% de Naturgy se establece en 5.060 millones de euros. Para que esta oferta sea efectiva, las autoridades reguladoras y de competencia establecen que deberán conseguir al menos el 17% del capital social de la energética. El precio de la oferta, por tanto, será de 23 euros por acción, lo que supone un 19,7% más que el precio de la acción de Naturgy un día antes del anuncio de IFM y un 22,7% más que el precio medio de los últimos tres meses.

Por otro lado, el Ejecutivo ha pedido al fondo australiano IFM que le aclare cuál es su estructura mercantil en España y si además ha recibido fondos de los programas que recoge el Reglamento 452/2019 de la UE que regula el control de inversiones extranjeras, enfocados al desarrollo y la investigación.

Junto a esto, deberá cumplimentar un formulario que serán emitido al resto de países miembros de la UE, ya que Naturgy esta presente en países como Francia, Irlanda y Portugal. En este cuestionario aclararán si ha sido objeto de sanciones en materias de seguridad, salud u orden público, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Por último, el fondo australiano deberá recalcar los proyectos en los que Naturgy participa, en áreas como las tecnologías claves para el liderazgo y la capacitación industrial, tecnologías críticas y de doble uso, y aquellas áreas desarrolladas al amparo de programas y proyectos que engloben un interés particular para España, como pueden ser la ciberseguridad, la robótica, las nanotecnologías o la inteligencia artificial entre otros.

Contactos entre el Ministerio de Industria y el IFM

Fuentes cercanas al IFM han dado a conocer que ya existe contacto entre el ministerio y el fondo australiano para presentar la información necesaria para su aprobación.

Al aprobarse la nueva regulación para el control de inversiones extranjeras, el Consejo de Ministros tendrá que imponer sus condiciones o dar su aprobación de manera previa para que se pueda sustanciar la oferta en los mercados, por lo que el organismo supervisor deberá esperar. Por ello, IFM junto con sus asesores, esperan que el trámite oficial pueda empezar en las próximas semanas.

La intención de Naturgy era dar un salto en el ámbito de las energías renovables, en cuyo plan se proponían crecer alrededor de un 30% para los próximos años, pero esto fue justo antes de lanzar la oferta el IFM, previa a la presentación de su próximo plan estratégico. A pesar de ello, Francisco Reynés, presidente de la compañía, ya había dejado claro que iban a seguir con el plan de rotación de activos.

D. Francisco Reynés, presidente de Naturgy

Una parte del Gobierno se inclina por vetar la opa de IFM por cuestiones estratégicas

Piezas importantes del Gobierno como la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo ven la operación como positiva, alegando que “no hay que ponerle puertas al campo”. Por otro lado, el equipo de Pedro Sánchez abogan por ejercer la `golden share´.

Este posicionamiento por una parte del ejecutivo podría ser clave para ejercer la `golden share´ debido a que no todo el Consejo de Ministros opina igual. El área económica del Gobierno revela que existen distintas posiciones ante esta situación, aunque en estos momentos la postura que gana fuerza es la de ejecutar el llamado `escudo anti opas´, para así seguir manteniendo el statu quo de la energética.

El área más liberal es partidaria de permitir la operación y no ejercer la `golden share´, aquí se encuentran la vicepresidenta Calviño y su equipo. Eso sí, siempre tras analizar en profundidad los planes transmitidos por el IFM. Una opción que confronta con los intereses que defiende Moncloa, que trata de evitar que inversores extranjeros adquieran acciones de aquellas compañías que consideran estratégicas para el Estado.

Esta área, donde se enmarca a la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo, es partidaria de no ejercer dicha ‘acción de oro’ y permitir la operación, siempre tras estudiar en profundidad los planes de los interesados. Una opción que, como decimos, contrasta con la que defiende Moncloa y que pasa por hacer uso del mecanismo ‘anti-opas’ que aprobó el Ejecutivo durante la pandemia para evitar que inversores extranjeros adquirieran participaciones de referencia en compañías consideradas estratégicas para el Estado.

La prioridad del Gobierno es que los principales accionistas de Naturgy sean nacionales que mantenga su sede en España y que siga generando puestos de trabajo, tratando este caso como una cuestión de “soberanía energética”.

Por su parte, IFM ya ha registrado la solicitud de autorización de la opa y ahora será el Gobierno el que deberá analizar la información de manera detallada, pues en el plazo de seis meses deberá tomar una decisión definitiva.