José María Campos, director jurídico de CEOE: “Las empresas demandan un entorno legal predecible”

“Competitividad. En un entorno globalizado, Europa no se puede quedar atrás. Necesitamos ser competitivos para mejorar nuestra sociedad, ser relevantes, respetados y poder extender y compartir nuestros valores como europeos con el resto del mundo” son las primeras palabras a Economist & Jurist de José María Campos, director jurídico de CEOE, ahora también responsable al mismo tiempo de asuntos legales de la patronal BusinessEurope.

Campos es un profesional que ejerció la abogacía tanto en Estados Unidos como en una firma del prestigio de Cuatrecasas, donde paso diez intensos años en los que desarrolló una amplia experiencia en litigios comerciales complejos.

Al mismo tiempo, ha asesorado a grandes empresas nacionales e internacionales en diversas áreas, como derecho contractual, distribución, inmobiliario, derecho del consumidor y, en particular, derecho de la competencia. Asimismo, asesoró a clientes en inversiones y proyectos en China, Marruecos o Senegal.

Su carrera profesional dio un giro de 180 grados cuando, en mayo de 2015, asumió el cargo de director jurídico y compliance officer de CEOE. Eso le ha hecho ser responsable de la dirección jurídica de CEOE y de la Fundación CEOE y asesora habitualmente a las organizaciones empresariales y empresas como miembros de la Confederación.

Al mismo tiempo, es secretario general de la Fundación CEOE y del Instituto Superior de Estudios Empresariales SAU, donde también es miembro del Patronato y secretario general de la Comisión Jurídica de CEOE, integrada por más de 400 representantes de organizaciones empresariales, empresas y los más relevantes despachos de abogados.

Desde esta posición debate y defiende la postura jurídica del sector empresarial español sobre propuestas normativas ante instituciones nacionales y Estados Unidos.

A nivel de la UE, ahora es presidente del Comité de Asuntos legales de BusinessEurope. Es responsable de establecer las prioridades generales de esta organización en cuestiones jurídicas y de coordinar las actividades de los grupos de trabajo de su competencia (Competencia, Derecho de Sociedades, Ayudas estatales, Derecho del Consumidor o Propiedad Intelectual).

Economist & Jurist. ¿Cómo ha recibido el papel de ser el presidente de la Comisión de Asuntos Legales de BusinessEurope en un momento como el actual?

José María Campos. Con una gran satisfacción y una gran responsabilidad. BusinessEurope es la principal organización empresarial europea, que representa al conjunto del sector empresarial de 35 países a través de sus federaciones empresariales más relevantes.

El debate jurídico sobre las distintas iniciativas legislativas de la UE es de un nivel extraordinario y muy enriquecedor. Al principio resulta llamativo comprobar que las empresas europeas tienen problemas comunes, aunque hablen otro idioma, tengan otro ordenamiento y estén a miles de kilómetros de distancia.

Campos cree que necesario que los legisladores europeo y nacional hagan un esfuerzo de claridad normativa. (Foto: CEOE)

Por otra parte, no podemos olvidar que en la UE se deciden gran parte de las normas que posteriormente deben aplicar las empresas, no sólo de España, sino de toda Europa.

Para ello, las instituciones de la UE deben y quieren conocer la posición técnico-jurídica del sector empresarial, teniendo en cuenta que todos tenemos un objetivo común: Europa. La posición empresarial técnicamente fundada y basada en la experiencia y la realidad es fundamental para garantizar la competitividad y el crecimiento de Europa en un entorno cada vez más globalizado.

Coordinación jurídica europea

E&J: ¿Exactamente cuál va a ser su cometido a partir de ahora que tendrá que compaginar con su puesto en CEOE de director legal?

J.M.C. Soy miembro del Comité de Asuntos Legales de BusinessEurope en representación de CEOE desde el 2015, así que conozco bien su funcionamiento.

Tendré la oportunidad de coordinar la posición del sector empresarial europeo en las iniciativas legislativas de contenido jurídico que se tramiten en la UE, junto con los vicepresidentes, procedentes de Confindustria (Italia) y la Confederación de Empresas Suecas, el conjunto de las federaciones y el excepcional equipo de BusinessEurope en Bruselas.

Debo poner en valor el trabajo que desarrolla este equipo, dirigido por Pedro Oliveira, director legal de la organización. Un jurista extraordinario y con una magnífica comprensión y sentido de lo que es la Unión Europea.

Por supuesto, seguiré trabajando por las empresas españolas en CEOE, donde, además de ser el director legal, contamos con una Comisión Legal, presidida por Valentín Pich, y compuesta por más de 420 representantes de organizaciones empresariales, empresas y los principales despachos de abogados de España.

E&J. ¿Qué debe aportar la presidencia europea española al futuro de los empresarios en los próximos seis meses?  ¿Cómo está viendo la gestión de los Fondos Europeos para ayudar a las empresas a desarrollar nuevos proyectos?

J.M.C. En CEOE hemos resumido lo que las empresas esperan de la presidencia española en un completo informe. La idea principal es la que ya he comentado: avanzar juntos para construir una Europa más competitiva, tanto a nivel de la UE como internacional.

Desde el punto de vista de las iniciativas de la UE en marcha y que afectan a la parte estrictamente legal, España cuenta con excepcionales juristas tanto en Bruselas como en el Ministerio de Justicia, así que estoy convencido de que en este ámbito la presidencia será un éxito.

Sobre los Fondos Europeos queda trabajo por hacer. CEOE realiza un seguimiento puntual de su evolución y no cabe duda de que es preciso mayor agilidad y facilidad de acceso para que estos fondos lleguen a la economía real y maximizar su impacto en la recuperación.

En el momento que se anunció el proyecto Next Generation, desde CEOE realizamos una serie de propuestas normativas de agilización, para lo que contamos con las empresas, las organizaciones empresariales y algunos de los mejores juristas de derecho público de España de despachos como Cuatrecasas, Garrigues, PwC y Uría Menéndez.

Lamentablemente, estas propuestas no fueron consideradas en el Real Decreto-Ley 36/2020, que se aprobó en diciembre del 2020 y que finalmente no se ha tramitado en esta legislatura como proyecto de ley, tras prorrogarse semanalmente el plazo de enmiendas desde el 3 de febrero de 2021 hasta el 31 de mayo de 2023. No tengo duda de que, de haber sido consideradas, el proyecto común de país que son los fondos Next Generation habría tenido más éxito.

Para el Director Juridico de CEOE, la gestion de los Fondos Europeos es muy mejorable. (Foto: CEOE)

Mejorar la unidad de mercado

E&J. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta el gobierno que salga de las urnas el próximo 23J para ayudar a desarrollar la actividad empresarial y fomentar el emprendimiento?

J.M.C. En CEOE elaboramos un documento con las 100 prioridades empresariales para las próximas elecciones generales. Es un completo análisis de propuestas realizadas desde el sector empresarial en múltiples ámbitos, regulatorio, fiscal, laboral, medio ambiente, energético, industrial, educativo…

Dicho esto, entre otras cuestiones, debemos avanzar en la unidad de mercado, problema que es tradicionalmente destacada como punto negativo por la Comisión Europea en sus informes sobre España.

La fragmentación del mercado español lastra nuestra competitividad, por lo que es imprescindible una mayor coordinación normativa entre las distintas administraciones. Todo esfuerzo que hagamos por la unidad de mercado en España merecerá la pena.

E&J. Para usted, que conoce el mundo de la empresa desde varias vertientes, tanto en su paso por la abogacía de los negocios como ahora desde la CEOE, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los empresarios europeos a nivel regulatorio en la actualidad?

J.M.C. La competitividad. En un entorno globalizado Europa no se puede quedar atrás. Necesitamos ser competitivos para mejorar nuestra sociedad, ser relevantes, respetados y poder extender y compartir nuestros valores como europeos con el resto del mundo.

Necesitamos dotar al conjunto de los ordenamientos de la UE de certeza y seguridad jurídica. Para ello, es imprescindible que las normas jurídicas se redacten de forma clara y con alta calidad técnica, lo que exige un gran esfuerzo al legislador, ya sea de la UE o de un Estado miembro. Es un importante ejercicio de responsabilidad que no debe ser fruto de ocurrencias o textos improvisados.

Para ello, la regulación debe basarse en un estudio económico de impacto previo y serio, debe ser técnicamente solvente, ser equilibrada, ser razonable y contar decididamente en su elaboración con todos los afectados. Este último punto es muy valorado en el ámbito de la UE y desde el sector empresarial europeo ayudamos en este objetivo.

Hacia la simplificación normativa

E&J. El empresario se queja de mucha regulación y de demasiadas obligaciones tanto laborales como fiscales ¿Hay alguna forma de simplificar este escenario?

J.M.C. Sin duda. Y no sólo normas laborales y fiscales, también en otras áreas. Como sociedad, debemos tener en cuenta que todo recurso que una empresa dedique a cumplir con cargas regulatorias excesivas no se destinará a crecer, a crear riqueza y a generar puestos de trabajo.

Además, nos sitúa en posición de desventaja frente a nuestros competidores y nos convierte en un mercado menos atractivo. Afortunadamente, el nivel técnico-jurídico en la UE es excepcional. Debemos aprovechar este activo.

Por ejemplo, la Comisión Europea tiene entre sus objetivos la simplificación y mejora de la calidad regulatoria, como el programa REFIT que, entre otras cuestiones, se basa en el principio “una más, una menos”, es decir, que cada carga que se introduce se compensa eliminando otra. Esto implica un esfuerzo a la Comisión, que revisa continuamente la normativa en vigor. Y los europeos debemos exigir su cumplimiento.

Pero los principios de Better regulation o “Legislar menos, legislar mejor” deben ser básicos no sólo a nivel de la Unión, sino también a nivel nacional. Las empresas precisan de un entorno jurídico predecible y estable para crecer.

Esto implica un análisis riguroso de la regulación existente antes de la aprobación de una nueva y limitarla a la imprescindible. En España tenemos margen de mejora.

No hay más que analizar los informes de producción normativa que CEOE publica cada año desde 2015. Por ejemplo, en 2022 se aprobaron dos normas al día sólo a nivel estatal y el número de Reales Decreto-Ley de dicho año casi duplica la media de los últimos 40 años.

E&J. Desde fuera da la sensación de que hay mayor brecha entre las grandes empresas y las PYMES ¿Hay alguna manera de reducir la misma?

J.M.C. Mejorar la competitividad de las PYMES exige una actuación en diversos ámbitos que no son estrictamente jurídicos, como, entre otros, la digitalización, financiación o medidas que favorezcan su acceso a mercados.

Desde el punto de vista estrictamente regulatorio, debemos tener en cuenta que el porcentaje de los recursos que una PYME europea debe dedicar a cumplir con las cargas regulatorias es superior al de las grandes empresas.

Un primer paso para promover su crecimiento desde Europa es la simplificación y la estandarización de procesos.

Luego, además, cada Estado miembro debe asumir su responsabilidad en generar un entorno económico propicio para el desarrollo de las PYMES y favorecer el emprendimiento, que implica otra serie de políticas de otra índole, como, por ejemplo, fiscal o laboral que antes bien referías.