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Economía

La «Tasa Google» se mantendrá si no hay acuerdo internacional

Soledad Ortuño Lorente

Redactora de Economist & Jurist.




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




Economía

La «Tasa Google» se mantendrá si no hay acuerdo internacional



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que la denominada “tasa Google” se mantendrá si no se alcanza un acuerdo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unión Europea respecto al impuesto en el ámbito digital.

María Jesús Montero, ha asegurado sobre el impuesto a determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, que en algunas ocasiones la fiscalidad en España es más analógica que digital y que es más fácil encontrar una competencia desleal con otras empresas tradicionales. La portavoz del Gobierno ha remarcado la importancia de lograr la aplicación de este impuesto de forma “homogénea y universal en la mayoría de los países” en el marco de la OCDE o de la UE.



Además, Montero ha asegurado que, si no se producen avances significativos, España no se detendrá, seguirá adelante con la “tasa Google” y procederá a comenzar con su recaudación. “Si no se produce el consenso internacional, sin duda seguiremos adelante con una iniciativa que entendemos que tarde o temprano a todos los países llegará”, ha señalado la ministra.



María Jesús Montero (FUENTE: EFE)

La “tasa Google” es el impuesto que se va a aplicar a las grandes empresas que pertenecen al mundo de la economía digital y que, por las actividades que realizan, suelen evitar tributar en aquellos países en los que cuentan con millones de clientes y facturan grandes cantidades de dinero. Estas empresas son conocidas bajo las siglas GAFA y hacen referencia a: Google, Apple, Facebook y Amazon.



Este impuesto ha sido ideado por los países de la Unión Europea con el objetivo de que estas grandes empresas tecnológicas tributen realmente por el dinero que están generando. Afectará a todas las empresas que tengan unos ingresos anuales mundiales superiores a los 750 millones de euros e ingresos en España por encima de los 3 millones. El Gobierno de nuestro país, pretende recaudar con la “tasa Google” alrededor de unos 1200 millones de euros.

Con la entrada en vigor de la “tasa Google” en diciembre de 2020, hay diferentes posturas sobre ella y se ha generado un debate muy intenso sobre si debiera aplicarse o no. Además, este impuesto gravará con un 3% la publicidad online, la venta de datos y los servicios de intermediación en línea por las empresas que superen el nivel de ingresos mencionado anteriormente.

Desde que el anuncio sobre este nuevo impuesto se hizo público, muchos consumidores se han preguntado en qué les afecta esta nueva tasa. Pues bien, no es un impuesto directo a los consumidores, aunque se puede reflejar en el precio final de algunos de los servicios de estas empresas, y así afectar de manera indirecta al consumidor.

Otro sector que se encuentra preocupado por este impuesto es el de los medios de comunicación, ya que necesitan los buscadores de internet para llegar a diferentes páginas web y encontrar contenido para sus noticias. Si Google, el gigante de los buscadores prohibiese o bloquease la aparición de sus resultados en los medios a favor de esta tasa, la pérdida para la empresa sería irreparable.

Además, entre los contrarios a la “tasa Google” encontramos a algunas multinacionales, partidos políticos, las empresas emergentes europeas y las asociaciones digitales. Estas últimas, señalan que con este impuesto se verá afectado el PIB, puesto que las empresas digitales que se vean afectadas reducirán sus beneficios y trasladarán parte de ese impuesto a su cliente final.

Según ha explicado Montero, el Gobierno ha trabajado de forma “incansable” desde que comenzó la pandemia para encontrar unas herramientas que protejan a las pequeñas y medianas empresas y que las ayuden a afrontar posibles dificultades de liquidez. Por ello, las nuevas medidas no estarán dirigidas a la liquidez, pues se encuentra en gran parte cubierta, sino a la solvencia. De esto ya se está encargando el área económica del Ejecutivo junto con el departamento de Justicia, según ha señalado la portavoz del Gobierno.

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