Las ayudas europeas podrían fiscalizarse mediante auditorías privadas

• La idea del Gobierno es contratar estas auditorías para garantizar uso eficiente y correcto de los recursos comunitarios.
• Desde ahora la UE podrá acceder al nuevo sistema de control y crece la oficina antifraude.

La crisis económica generada por la pandemia ha hecho mella en todo el mundo pero parece que poco a poco comienza a revertirse la situación. Un primer paso para cambiar la situación actual lo dará hoy en Consejo de Ministros, cuya intención es aprobar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la intención de recibir los 140.000 millones en créditos europeos y subvenciones. Una parte relevante de las reformas e inversiones que se quieren abordar es la fiscalización de estas ayudas, que deberán emplearse de manera eficiente y correcta, ya que la llegada de estas ayudas depende directamente del cumplimiento de una serie de objetivos. Por ello, ante la dificultad de la labor, el Gobierno ha pensado contratar auditorías privadas.

El objetivo del Gobierno es reforzar los mecanismos de control de las administraciones públicas y establecer otros nuevos para obtener un sistema de fiscalización que permita “verificar la fiabilidad de los hitos y objetivos marcados y evitar las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación”. Constará de tres niveles y en el más alto se encontrará la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (Fuente: La voz de Galicia).

El primero lo llevarán a cabo las distintas administraciones que realicen proyectos con estas ayudas, empleando plataformas de contratación y bases de datos públicas, además del sistema Aracne como herramienta de análisis.

La idea es que Hacienda emita una orden ministerial para regular la información necesaria en cada momento. También se desarrollará un sistema de gestión del Plan de Recuperación para vincular los avances de los proyectos con las solicitudes de fondos. Este modelo que ha sido desarrollado por IGAE estará listo para 2022, aunque para este año se lanzará una versión esencial que será administrada por la Secretaría General de Fondos Europeos y a la que tendrán acceso la Comisión, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El segundo punto de control o segundo nivel ex ante lo llevarán a cabo la asesoría jurídica y los órganos de control interno de las administraciones, pudiendo llegar a ser reforzado por el Consejo de Ministros.

El tercer punto de control, en este caso de auditoría ex post, lo llevará a cabo la IGAE con la ayuda de las Intervenciones Generales autonómicas. La autoridad, en este caso la IGAE, “tendrá libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos” y a “cualquier otro registro” que pueda verse afectado. “Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información” que le requiera la IGAE, destaca el Gobierno.

Es en este tercer punto de control de la fiscalización en el cual el Gobierno plantea la opción de contar con auditorías privadas para aumentar la vigilancia. La contratación de las mismas quedaría en manos de la IGAE, que además debería redactar, con la ayuda de sus órganos de control, las “cláusulas en los pliegos de contratación para prevenir posibles incompatibilidades respecto a los organismos objeto de control, así como cualquier conflicto de intereses que pueda surgir durante la ejecución de los contratos”. Entre las distintas opciones que hay, parece que KPMG, Deloitte, PwC y EY son las que previsiblemente realizarán la labor, ya que suelen trabajar para algunas de las grandes empresas del país con las que el Ejecutivo pretende poner en marcha algunos de los nuevos proyectos público-privados.

Con el nuevo sistema que se quiere instaurar, Bruselas podrá conocer en todo momento las actuaciones que realicen las administraciones, según declaró ayer Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda, en un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Recordó además que hasta que la UE no apruebe el plan presentado por el Gobierno, nuestro país no recibirá los 9.000 millones de euros de anticipo y que el resto de pagos de la subvención dependen de ir cumpliendo los objetivos.

Aunque la previsión es aprobar hoy el plan, no se enviará hasta dentro de unos días a Bruselas ya que la documentación aún no esta completa. Será el viernes, último día del plazo, cuando se envíe.