Los impuestos que subirán tras la crisis sanitaria
Los impuestos que subirán tras la crisis sanitaria
- Llega a Bruselas la revisión de las subidas en IRPF y los incentivos fiscales.
- Alberga un aumento en la recaudación de la renta y la quita de exenciones.
El Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el cual recoge la subida en el IRPF y la eliminación de incentivos fiscales. Pero dicho documento aborda también modificaciones en Sucesiones, IVA, Transmisiones Patrimoniales y Pactos Sucesorios, con la idea de elevar la recaudación.
Aunque desde ayer pudimos conocer los distintos puntos que conforman el documento, no se reflejan en él las cifras concretas de las medidas que expone. Según el mismo, las acciones que recoge aumentarán la recaudación de impuestos ya que estos serán “más progresivos, redistributivos y justos”. Si bien el gobierno cifraba que con esta subida la recaudación produciría 6.100 millones de euros, la AIReF ha corregido estos datos y ha estipulado que se percibirá la mitad.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 albergan estas medidas, entre las que se encuentran una subida de tres puntos del IRPF para las rentas a partir de 200.000 euros y de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Por su parte, las fortunas de más de diez millones de euros verán aumentado en un punto el impuesto sobre el Patrimonio, las exenciones de dividendos y plusvalías de las filiales de los grandes grupos empresariales se limitarán y las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%. En cuanto a los planes de pensiones individuales, baja de 8.000 a 2.000 euros el importe desgravable de la base imponible del IRPF. Junto a esto, aparecen los planes de pensiones de empresa, pensados para los empleados.
Otros impuestos y medidas
Otra de las acciones que el Gobierno llevará a cabo es la eliminación de algunos de los beneficios fiscales de los contribuyentes. Así, el documento refleja que «se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse. Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes».
En relación a esto, el Gobierno hace referencia al último informe de la AIReF, que en la segunda fase del Spending Review analiza 13 beneficios fiscales. Estas 13 propuestas se traducirían en un aumento fiscal de unos 34.248 millones de euros.
De esos 13 puntos, el más controvertido aparece en el Anexo 28 del documento, en el que “se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta”.
La tributación conjunta en el IRPF permite al total de las familias que se acogen a dicha tributación ahorrarse 2.400 millones de euros, dinero que Hacienda deja de ingresar y que afectaría a más de 2 millones de familias (4,2 millones de contribuyentes). Pero ayer el Gobierno declaró que no llevará a cabo la eliminación de este beneficio fiscal, que supone un ahorro cercano a los 1.100 euros al año de media por familia.
Si hablamos de cifras, un matrimonio jubilado perdería 86,2 euros al mes si se elimina la tributación conjunta. La medida afectaría de lleno a los pensionistas, ya que de una pensión de 18.000 euros para una pareja de pensionistas, 1.034,5 euros al año irían a parar a Hacienda.
Aunque este domingo el Gobierno declaró que dicha medida no se llevará a cabo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó el martes que «el Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado tal reforma”, la medida figura en el documento enviado a Bruselas. Incluso, este mismo martes la ministra estableció que no se remitirá a Bruselas ninguna nota que aclare este asunto y declaró que «no hay compromiso sobre esta materia, ni ningún tipo de reforma. Creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea, porque el componente de fiscalidad es blanco sobre negro, o negro sobre blanco, y no está incorporada esta reforma”.
Desde Bruselas piden transparencia con estos documentos y la Comisión Europea manifestó la necesidad de analizar y comparar los documentos enviados con las medidas publicadas en las web de los Gobiernos.