Los inspectores fiscales proponen eliminar el efectivo para luchar contra el fraude

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha presentado el documento Propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las Administraciones Tributarias, en el que han sido incluidas más de 120 medidas para luchar contra el fraude fiscal.

Según ha indicado presidente de la Asociación, Julio Ransés Pérez, España sufre desde hace años un amplio volumen de fraude fiscal y economía sumergida, que sitúa al país en una horquilla del 20%-25% del PIB, el doble de la media de la Unión Europea.

Para hacer frente a este hecho, los inspectores han lanzado una batería de propuestas que van desde la reforma de algunos impuestos hasta cambios en el procedimiento sancionador, pasando por modificaciones en el procedimiento recaudador.

Según los inspectores de Hacienda, la forma más eficaz de fiscalizar y reducir la economía sumergida es controlar los pagos y, a su juicio, “ello no puede hacerse más que a través de la reducción o eliminación de los pagos en efectivo, fomentando el pago por medios electrónicos”. La idea es poner en marcha una serie de medidas que potencien el pago con tarjeta y que con el tiempo lleven “hacia una futura supresión de los pagos en efectivo”.

Julio Ransés Pérez. (Foto: IHE)

Procedimiento de inspección y sancionador

En el ámbito del procedimiento de inspección y sancionador, las medidas propuestas son en ocasiones bastante drásticas.

Estos técnicos llaman la atención sobre el hecho de que, en los últimos meses, los inspectores de Hacienda han visto cómo en diversas resoluciones judiciales los Tribunales de Justicia han manifestado que la Constitución Española garantiza la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas y, además, han definido el domicilio constitucionalmente protegido de forma que “tienen la consideración de domicilio, a efectos de la protección constitucional otorgada por el art. 18.2 de la Constitución respecto de las personas jurídicas, los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas”.

Los inspectores de Hacienda proponen que se establezca “la obligación de todas las empresas de designar los lugares de conservación de determinada información con trascendencia tributaria, tax room, que han de ser de libre acceso a la Administración Tributaria: contabilidad, facturas, justificación de operaciones vinculadas, justificantes de deducciones y bonificaciones fiscales, etc.”.

A este respecto, incluso llegan a abogar la aprobación de una ley orgánica que desarrolle el artículo 18 de la Constitución respecto de las entradas a los domicilios de las personas físicas y que clarifique lo que se entiende por domicilio constitucionalmente protegido, así como los requisitos de las autorizaciones necesarios para las entradas en los mismos o las facultades de la Inspección en dichas actuaciones. “Entendemos que es de la máxima relevancia que dicha ley orgánica haga una correcta ponderación de los derechos e intereses en juego, protección del domicilio de las personas jurídicas frente al deber de contribuir del artículo 31 de la Constitución”, señalan los inspectores.

Policías proceden al registro de una empresa. (Foto: El País)

‘Muerte civil’

Por lo que respecta a los que llaman contribuyentes en situaciones de fraude más grave o fraude extremo, como estafa organizada, tramas de IVA, personas o entidades que se hayan utilizado como testaferros, etc., proponen una serie de medidas que deben suponer una especie de muerte civil. Entienden que una medida efectiva sería la revocación del NIF, “que tendría entre otras consecuencias, la imposibilidad de expedir facturas, de contratatar con la Administración, y de obtener subvenciones o ayudas pública… y, en general, cualquier operación financiera, así como imposibilidad de realizar escrituras notariales, imposibilidad de acceso a los registros públicos”.

Otra de las medidas incluidas en el documento desarrollado por los IHE tiene que ver con las investigaciones de los inspectores. Apuestan por que la inspección realice actuaciones de obtención de información sin tener que identificarse, para un acercamiento a la realidad más eficaz y menos tergiversado por la ocultación de pruebas y documentación, así como el pago a confidentes para la denuncia de delitos”.

Reforma de impuestos

Aunque reconocen que su labor no es proponer una reforma fiscal, los inspectores creen que como técnicos y personas que están en contacto con los impuestos a diario, deben plantear “algunas modificaciones de aspectos puntuales en algunos tributos que mejorarían mucho el cumplimiento voluntario y facilitarían la reducción del fraude fiscal”.

Una oficina de la Agencia Tributaria, encargada de la recaudación de impuestos. (Foto: EFE)

En el IRPF ofrecen modificar la regulación de la residencia fiscal “con el objetivo de impedir que contribuyentes con una fuerte conexión con el territorio español eludan el pago de este impuesto logrando la residencia fiscal en otros territorios”; la eliminación del tradicional régimen de módulos, “que favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas, y que no tiene razón de ser con los medios informáticos de que prácticamente todos los comercios disponen” y simplificar las obligaciones contables para pequeños contribuyentes.

Respecto al IVA, aportan medidas destinadas a prevenir devoluciones por cuotas soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido. Aseguran que en este impuesto “es frecuente asistir al pago de devoluciones cuyo principal componente son cuotas que provienen de operaciones en las que el emisor de las facturas no ha procedido al ingreso del IVA”.

Para evitar esas devoluciones sin ingreso previo, se propone la responsabilidad por la deducción de cuotas de IVA no pagadas a la Hacienda Pública por quien repercute dichas cuotas de IVA en supuestos de vinculación entre las partes, o cuando existe connivencia entre los actuantes, y como complemento a lo anterior, retener las devoluciones solicitadas, en tanto no se paguen las cuotas de IVA que se deban, en los citados supuestos de vinculación entre las partes.

En el ámbito aduanero, creen que se debería intensificar el control sobre las exportaciones en mercancías más sensibles, por su consumo masivo o por su alto valor, para evitar que sean desviadas el mercado interior oculto o sumergido.

Los Impuestos sobre Hidrocarburos presentan una “especial problemática”. (Foto: E&J)

Respecto a los Impuestos Especiales, entienden que los Impuestos sobre Hidrocarburos presentan una “especial problemática”, debido a la elevada cuantía de las deudas generadas en estos productos, y la rapidez con que se producen. Por ello aportan una serie de medidas que tienen un marcado carácter preventivo, como mejorar los sistemas de coordinación entre la Agencia Tributaria y los organismos reguladores del sector de la energía.

Comunidades Autónomas

En lo referente a las Comunidades Autónomas, los inspectores creen que hay mejorar la coordinación entre el Estado y las diputaciones forales en materia de lucha contra el fraude, mediante la creación de una base de datos compartida con los contribuyentes que tributen en cifra relativa. Asimismo, estiman que se deben establecer mecanismos que garanticen que la normativa procedimental es homogénea en todas las administraciones tributarias.

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones, los inspectores reclaman una armonización de tipos impositivos y una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué comunidad es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe declarar. Además, los inspectores consideran que es necesaria una revisión de los beneficios fiscales, especialmente en el caso de la empresa familiar.