La extraordinaria dificultad

(Imagen: Comunidad de Madrid)

A propósito del derecho de familia, el Profesor Vega Sala, recuerda en las páginas de este número de Economist & Jurist, que el derecho español en determinadas materias no es unitario. En este sentido, en derecho matrimonial, nuestro cuerpo legal es más cercano al de Estados Unidos que al de nuestra vecina Francia. En este último país, el derecho que se aplica a un divorcio en Marsella es el mismo que en Normandía, mientras que en Estados Unidos cada estado tiene su propio derecho.

El ordenamiento Español se debe a la existencia de los derechos históricos que han permanecido a través de la historia. Ante esta compleja realidad jurídica, acrecentada por el apetito legislativo de las Comunidades Autónomas, es patente que la nueva regulación del acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, para que sea útil y pueda cumplir su finalidad, precisará que en su aplicación participen instituciones de alto valor cualitativo y con experiencia en el área de formación de la abogacía, en las que el protagonismo formativo recaiga en los letrados.

No tiene ningún mérito pronosticar que la aplicación de la Ley de Acceso y su reglamento inicialmente tendrán una extraordinaria dificultad. Su objetivo es bueno, su modelo también, que no es otro que el de las normas de muchos países de nuestro entorno, normas que de facto, ya venían aplicando en España algunas instituciones privadas, como ISDE, la decana, que en al año 1995, creó el primer Master en Abogacía de nuestro país que hoy continúa vigente. El legislador no ha medido bien la relación entre la demanda que tendrá esta ley y los medios y recursos que necesitará su correcta aplicación.

Por todo ello es conveniente, que en esta materia, se fomente la colaboración entre los colegios, las universidades y las instituciones privadas. Todas son necesarias para superar la extraordinaria dificultad anunciada.