Carlos Ruiz Miguel sobre el Sahara Occidental: «Esta acción de Sánchez es inconstitucional»

El Sahara Occidental ha vuelto a generar polémica en los medios de comunicación y entre la sociedad españoles tras la revelación, hace una semana, de la carta enviada por el presidente español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI.

De acuerdo con el líder socialista, la postura marroquí sobre este territorio es «la base más sólida, realista y creíble» relativo a este contencioso. Con dicho argumento, España abandona su posición de «neutralidad activa», mantenida en la sombra desde que abandonó su protectorado en 1976.

Con el ánimo de responder a los interrogantes jurídicos que plantea este viraje diplomático de Madrid, Economist & Jurist entrevista a Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental.

De acuerdo con Ruiz, España ha tenido responsabilidades -y las sigue teniendo- para con el pueblo saharaui como «Potencia administradora». En concreto, tiene la «obligación principal de facilitar y hacer lo posible para la autodeterminación de la población» de esta área geográfica.

Todo lo contrario a lo que ha fijado y ordenado la ONU, España ha cambiado su postura que, si bien, «no cambia nada desde un punto de vista del Derecho Internacional», sí lo hace «desde el punto de vista del Derecho Constitucional», ya que «es un acto muy grave» el que han cometido el presidente español y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura el entrevistado.

«Esta acción de Sánchez es inconstitucional», puesto que infringe lo estipulado en el artículo 97 de la Constitución Española, que otorga la dirección de la política exterior al gobierno de la nación, y no al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores en exclusiva. «Esto es extraordinariamente grave», advierte Ruiz.

A su vez, este académico considera que la posición de Marruecos sobre el Sahara Occidental es «incompatible» con el Derecho Internacional ya que un territorio colonial «es libre de elegir su estatus, de ser un Estado independiente o de integrarse en otro Estado».

«Esta propuesta marroquí que acaba de apoyar el presidente del gobierno [español] no permite esto», alega el entrevistado refiriéndose al derecho de libre determinación de los pueblos, mencionado por la ONU en varias resoluciones y que es un derecho «inalienable».

Las instancias judiciales españolas, como el Tribual Supremo, han determinado en sus sentencias que el Sahara Occidental no es parte de Marruecos. Del mismo modo se han expresado los tribunales europeos, que han anulado los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos por la exportación de este último de recursos naturales en las costas del Sahara.

Por otra parte -y a modo de ejemplo-, se han dado procesos de descolonización bajo la supervisión de la ONU culminados con éxito, como es el caso de Timor Oriental, una antigua colonia portuguesa situada en el Sudeste Asiático. Conteniendo similitudes, y algunas diferencias, con el caso de los saharauis, la población de este pequeño territorio celebró un referéndum en 1999 para decidir si quería pertenecer dentro de Indonesia, bajo una autonomía especial, o bien, si no quería estarlo. Al ganar el «No», esta población proclamó su independencia.

Comparaciones aparte, Ruiz asegura que, por el momento, este nuevo apoyo de Madrid a Rabat no trae consigo garantía alguna, ni si quiera la seguridad territorial de territorios en disputa como Ceuta, Melilla o las Islas Canarias.

«¿Cómo sabemos que se va a respetar nuestra integridad si Marruecos no ha dicho nada?». «¿Qué hay? Nada».