Catalá: «El PP presentará la Ley de eficiencia procesal en septiembre y la aprobará, mejorada, en seis meses»

El ex ministro de Justicia, Rafael Catalá confía en que el Partido Popular, en caso de ganar las próximas elecciones y conseguir gobernar, apruebe la Ley de eficiencia procesal y organizativa en seis meses. Lo ha dicho en una entrevista en Economista & Jurist en la que ha descartado absolutamente la posibilidad de volver a ostentar una responsabilidad institucional de ese calibre. “Es una etapa completamente cerrada desde el año 2018”, ha afirmado el también presidente del Centro Español de Mediación.

Rafael Catalá ha elogiado el legado de Juan Carlos Campo en lo que se refiere al proyecto de  Ley de eficiencia procesal y organizativa y ha criticado que Pilar Llop “haya dejado pasar la oportunidad para hacer una verdadera inversión en renovación de la justicia”, sacando adelante esta norma. “No ha llegado a cuajar”. No obstante, advierte que “no quiere condicionar la agenda legislativa del próximo Gobierno”.

Ha reconocido, eso sí, que esta ley tiene elementos de mucha calidad y se ha trabajado mucho. “Yo creo que el PP podrá hacer una buena ley de eficiencia procesal que pueda salir pronto, porque la justicia la necesita”, ha subrayado. Catalá afirma que estas nuevas leyes podrían llevar, sin ser este un objetivo, a que “la plantilla de funcionarios públicos se redujese. La idea es conseguir una justicia mejor, con más tecnología y mejor estructuración”, insiste.

“Mi tiempo en política ya pasó y ahora hay muchas personas muy capacitadas, que lo podrán hacer muy bien con toda seguridad, yo no voy a estar ahí”, ha zanjado la cuestión Catalá, que ha dicho estar muy orgulloso de una etapa a la que no tiene interés en volver.

En esa conversación, el ex ministro se ha mostrado partidario de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que lleva años con un mandato caducado, atendiendo a la demanda de la sociedad, los profesionales de la justicia y la Unión Europea. Su modelo: el anterior al año 1985.  “Habrá que alcanzar un consenso para que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales de procedencia judicial” y para revisar las funciones y la naturaleza de este órgano, ha sostenido. Preguntado sobre por qué no hicieron esa reforma durante el tiempo en que fue titular de la cartera de Justicia, ha respondido que “dentro del PP, hace diez años, no había claridad sobre cuál era el sistema” preferible. Respecto al bloqueo en el que se mantiene desde hace cinco años el Consejo, según él, “el PP no ha accedido al acuerdo renovación con un Gobierno que estaba negociando suprimir delitos rebelión, rebajar la sedición y la malversación o indultar a personas condenadas por el Tribunal Supremo”. No ha dicho nada, sin embargo, sobre los sucesivos intentos anteriores de renovación en los que el PP también se opuso, vetando a determinados candidatos o pretendiendo que un partido se abstuviera de participar en la negociación.

Catalá, que “se puede permitir decir algunas cosas que en otras etapas no ha podido decir”, asegura, no obstante, que la judicatura no se encuentra politizada y reivindica la calidad y la independencia de los jueces y tribunales. No obstante, cree que “en el caso de Dolores Delgado se han incumplido todas las reglas”. Se refiere al nombramiento de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de Memoria Democrática por parte del fiscal general del Estado, con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. “El Partido Popular ha planteado que no se puedan ejercer determinadas responsabilidades institucionales tras proceder de la política. No se puede pasar del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado”. Sobre este tema, el ex ministro espera que “la fiscalía de Memoria Democrática se suprima cuando se derogue la Ley de Memoria Democrática”, algo que forma parte de las prioridades de Núñez Feijoo.

Respecto a la forma en que el Gobierno ha abordado las sucesivas huelgas en Justicia, considera que. “Los letrados judiciales han tenido cada vez un mayor nivel de competencias sin que eso haya sido reconocido. El proceso de negociación que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno “ha sido bastante torpe. Al no abordarse de forma global, sino por colectivos, se ha mostrado el camino para los siguientes”, contribuyendo a un efecto llamada de profesionales con “todo el derecho a reclamar mejoras laborales y salariales”. Además, apunta, no queda claro en que se va a traducir la subida salarial, cómo va a revertir en la Administración de Justicia.

Sobre el indulto, cuya ley no fue reformada durante el tiempo en que él fue ministro, ha afirmado que aspira a realizar un uso racional y comedido del mismo. «Hicimos un ejercicio limitadísimo, concediendo menos del 1% de los que se solicitaban y siempre con un informe que lo avalase de la Fiscalía y del tribunal sentenciador». Catalá ha apelado a la falta de tiempo para reformar esa ley y asegura que «no se ha hecho un uso torticero» del indulto. «Hay que adaptar esta ley al momento actual, a la sensibilidad social y no dejar espacio a la impunidad del poder«, señala.

El también presidente del Centro Español de Mediación considera que la Administración debe impulsar las fórmulas alternativas de resolución de conflictos. “De seis millones de asuntos que se presentan en España, solo unos pocos cientos se resuelven por mediación. Deberíamos ser capaces de generar una cultura de mediación y promoverla”, lo que contribuirá a descargar nuestros juzgados y a dignificar a nuestros jueces.