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Entrevistamos al presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, sobre el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado

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Entrevistamos al presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, sobre el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado

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Hoy 13 de enero de 2019, el mismo día en que hemos conocido el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, Economist & Jurist entrevista en exclusiva a Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

¿A grandes rasgos, cuál es su opinión acerca del nombramiento de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado?

«Es un nombramiento que ha incomodado sobremanera a muchos Fiscales, dado que es una persona que viene del mundo de la política, Diputada y Ministra por un concreto partido político, y, evidentemente, una institución que ha conseguido gracias al “Procés”, que se la reconozca como independiente de los designios políticos, muchos de sus integrantes no estamos muy felices porque quien ha dado tantas órdenes de claro signo político a otros, muy significadamente Abogados del Estado, pueda pretender hacer lo mismo con nosotros».



No estamos muy felices porque quien ha dado tantas órdenes de claro signo político puede pretender hacer lo mismo con nosotros

¿Considera que es bueno para la imagen de la Fiscalía que una exministra ostente un cargo en su naturaleza independiente?

Siguiendo con la respuesta anterior, puede que ella venga con la mejor intención, pero es un nombramiento que tenía que saber que iba a generar muchas suspicacias.



¿Confía en la independencia de Dolores Delgado?

«Nuestro estatuto le da una garantía total de independencia al FGE una vez nombrado, y pueden consultar en el art. 31 de nuestro Estatuto Orgánico, puesto que las posibilidades de cese son más teóricas que reales. Ahora bien, ahí es donde la independencia depende de la persona y no del cargo».

Es un nombramiento que sabía que iba a generar muchas suspicacias

¿Cuál es el perfil que, en su opinión, debe tener el/la Fiscal General del Estado?

«Un problema que nadie aborda es el de que, para empezar, nos pueden nombrar un FGE ajeno a la carrera. Sería impensable que se nombrase un jefe del Ejército, de los Jueces o de la Abogacía ajeno a sus filas, y en nuestro caso perfectamente puede ocurrir. Dicho esto, un FGE debe tener algún tipo de programa de actuación. Cuatro años de mandato dan mucho de sí, si el elegido quiere hacer algo por la carrera, cosa que no ha ocurrido en los últimos años salvo, en mi opinión, con Julián Sánchez Melgar, si bien su mandato fue sumamente breve».



Aprovechamos para preguntarle acerca del nombramiento del ministro de Justicia, el señor Campo, ¿Qué opinión le merece su nombramiento?

«Dicen de él que es una persona dialogante. Veremos si se usan las excusas de los anteriores (falta de presupuesto esencialmente), puesto que la Administración de Justicia se ha quedado muy atrás respecto de otras, como Hacienda, Tráfico y no pocas Comunidades Autónomas».

Veremos si se usan las excusas de los anteriores

Lo expuesto por Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), viene a corroborar lo que parece ser el sentir general dentro de los fiscales en España, este es, cierta suspicacia ante el nombramiento de Delgado, con el temor de una posible injerencia en la actividad de un órgano independiente, especialmente sensible en lo que a la ruta estratégica del nuevo ejecutivo se refiere, que encuentra en la Fiscalía General del Estado una institución crucial para lidiar con el problema del denominado Procés.

Más allá de una más que posible instrumentalización de la Fiscalía General del Estado por parte del nuevo ejecutivo, habríamos de plantear la cuestión de si, desde un análisis estético de la institución, conviene nombrar a figuras clave del anterior ejecutivo, es decir, figuras netamente políticas, para que ocupen cargos técnico-jurídicos que deben sustentarse desde la más absoluta independencia.

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