Lo que haremos motu proprio

No es noticia que del Pleno Extraordinario que se celebrará hoy en el Consejo General del Poder Judicial y por el cual se pedirá al Congreso de los Diputados que se recabe su dictamen para valorar la reforma del art. 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Cámara Baja vaya a estimar favorablemente su petición, a hacerles caso. Resulta lógico, pues incluso si se hubiera presentado la reforma vía proyecto de ley, su dictamen sería preceptivo pero no vinculante. El hecho de que el CGPJ decida reunirse en Pleno antes de la celebración del debate sobre el estado de la nación y forzar a la Mesa del Congreso que sí se recabe su informe salvaría el escollo que produce la vía de la proposición de ley, por la cual no es ni siquiera preceptivo -obviamente menos vinculante- la opinión del CGPJ. Por la fórmula de modificación de la norma -proposición de ley en detrimento de proyecto de ley-, en parte, se ha producido cierta fricción entre ambos poderes, no solo ahora, sino de un tiempo ha. Pero esto no es noticia.

Tampoco resulta impactante que el Gobierno, ante lo que considera un motín de vocales conservadores, cuando precisamente sus intereses se contraponen de lleno a ellos, no tenga especial estima por la petición que nazca hoy en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Forma parte de la lógica, no es noticia.

Tampoco parece ser noticia lo que medios como La Razón llevan apuntando desde el pasado miércoles 6 de julio de 2022: el CGPJ no trasladará a la Comisión Europea la nueva reforma que planea Moncloa, siendo Carlos Lesmes, actual presidente del Poder Judicial, reacio a elevar a una dimensión comunitaria un problema, a su juicio, netamente doméstico. Los conservadores no tienen mayoría suficiente en el seno del CGPJ para hacer fructificar tal propuesta. Ninguna novedad. No constituye, por lo tanto, noticia.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (Foto: Poder Judicial)

El Consejo General del Poder Judicial podría emitir un informe legislativo si se tratara de un anteproyecto de ley

En efecto, el CGPJ podría emitir un estudio en base al art. 108,e de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con jerarquía de informe legislativo -como ya ha ocurrido centenares de veces- de parte de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, para valorar la reforma, que sería preceptivo si se tratara de un anteproyecto de ley. Si lo hiciera para valorar una proposición de ley, lo haría motu proprio. Pero esto no es noticia.

Incluso si llegara a fructificar esta proposición de ley, esto es, si el Gobierno y sus socios se enmendasen la plana a ellos mismos -pues se pretende revocar un precepto que ellos alteraron, el art. 570 bis de la LOPJ- no está garantizado el nombramiento de los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, debido al quorum necesario para llevarlo a cabo, a una posible falta de mayoría de tres quintas partes de los vocales del CGPJ, que se ha visto agravada por la reciente jubilación de Rafael Fernández Valverde el pasado 5 de marzo de 2022; y por el reciente fallecimiento de Victoria Cinto el pasado 30 de junio de 2022. Para mayor abundamiento, medios como El País llevan desde el pasado 6 de junio apuntando a que el propio Constitucional podría, en última instancia, bloquear la renovación que plantea el Gobierno. No es una información revolucionaria. No es noticia.

Tampoco es una exclusiva que incluso la parálisis de este proceso se podría producir antes, sin que llegue al seno del Consejo General del Poder Judicial o al propio Tribunal Constitucional. Como proceso del Poder Legislativo, en primera instancia, ha de ser sometido a la aprobación de las propias fuerzas del Parlamento. El Gobierno no cuenta con la mayoría absoluta necesaria para impulsar la citada contrarreforma, por lo que sus socios de Gobierno -necesarios para sumar los 176 votos a favor- deberían actuar en bloque acompasados a las pretensiones de Moncloa. En un contexto de creciente erosión entre los bloques que sostienen al Gobierno, no es descabellado que esta proposición de ley ni siquiera viera la luz, aunque también es cierto que tanto Esquerra Republicana, Bildu y el propio Ejecutivo liderado por Sánchez comparten los mismos intereses: alterar el orden de fuerzas en el Constitucional para que la mayoría pase a ser progresista. Pero esto ya es sabido, no es noticia.

El Consejo General del Poder Judicial, reunido en pleno (Foto: CGPJ)

Lo que sí es noticia

Lo que debiera ser noticia no proviene de barrigazos en cafés ni de una fatua vanidad que jamás podrá suplir una evidente falta de talento.

La noticia se lleva construyendo desde que en enero de 2020 Dolores Delgado (“información vaginal, éxito asegurado”) fue nombrada fiscal general del Estado después de haber ostentado la cartera de Justicia con el mismo Ejecutivo, dádiva en contestación a la impecable hoja de servicios que institución mediante, prestó al amo. Ahí se empezó a construir la ignominia que hoy nos lleva a un total descrédito por parte de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y su falta de independencia.

La noticia es que el Poder Judicial, por desgracia, no parece independiente. Y los medios de comunicación, como la propia Justicia, debemos, al menos, parecerlo. En caso contrario, se diluye nuestra autoridad, dizque credibilidad. Por ello denunciaremos siempre tal injerencia, y lo haremos sin que nadie nos conmine, siempre motu proprio.