A examen la reforma laboral que amenaza con dinamitar el gobierno de coalición

La derogación de la reforma laboral es uno de los compromisos principales del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Ahora están a punto de saltar por los aires las relaciones entre ambos partidos.

Principales aspectos de la reforma laboral

La legislación que negocian desde hace meses el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales (sindicatos más representativos y patronal) pretende acabar, en palabras de Pedro Sánchez, con “los aspectos más lesivos” de la regulación existente, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. En concreto, se centra en los siguientes aspectos:

En primer lugar, está la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresa.

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos (Foto: Twitter)

Los convenios sectoriales abarcan un ámbito funcional y territorial mucho más amplio que los de empresa, que, como su propio nombre indica, se circunscriben a una empresa concreta. Un convenio de sector es negociado por los sindicatos más representativos y por una asociación empresarial. Para negociar un convenio de empresa está legitimado el propio empresario por parte de la patronal y los órganos de representación unitaria o las secciones sindicales de la empresa en el social.

La normativa de Rajoy permite a las empresas descolgarse respecto al convenio colectivo de sector en vigor, dando así prioridad a los convenios de empresa, que por regla general establecen peores condiciones para los trabajadores.

Este procedimiento, que recibe el nombre de descuelgue convencional, está regulado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (E.T). Para que se pueda producir el descuelgue es necesario que concurran causas técnicas, organizativas o de producción y, además, solo es de aplicación respecto a determinadas materias, como son las referidas a la jornada de trabajo o la remuneración.

La reforma que se pretende introducir busca evitar que las empresas utilicen convenios propios para precarizar las condiciones en un sector determinado.

En segundo lugar, se busca recuperar la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Cuando un convenio colectivo caduca existe un plazo de tiempo en el que sus efectos se prorrogan, con la intención de evitar vacíos normativos hasta que se acuerde uno nuevo. Este plazo se denomina ultraactividad, y la reforma de Rajoy lo circunscribió hace un año.

En tercer lugar, se pretende reforzar la contratación indefinida. Para ello se reducirán los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal y de formación.

Se eliminan los contratos de obra o servicio (artículo 15.1. a) E.T), cuya duración se limita al periodo que se tarde en finalizar la obra o servicio para la que se ha sido contratado. Esta modalidad contractual está fuertemente ligada al fenómeno de la subcontratación. Se considera que la empresa subcontratada puede recurrir a contratos de obra o servicio para con sus trabajadores mientras dure el contrato civil, mercantil, o administrativo que la vincula con la empresa principal que la ha contratado. Esta práctica habitual permite que se generalice la contratación temporal.

Por último, también se busca endurecer los requisitos necesarios para aplicar la modificación sustancial de condiciones de trabajo, regulada en el artículo 41 ET.

El origen del conflicto

El problema se remonta a los inicios de la legislatura. Cuando Yolanda Díaz asumió el puesto de ministra de Trabajo, puso como condición que su cartera tuviera autonomía respecto de la liderada por Nadia Calviño, el Ministerio de Economía. Los choques entre ambas ministras han sido sonados, por ejemplo, las discrepancias sobre todo lo concerniente a las subidas del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, las diatribas sobre la reforma laboral entre las dos vicepresidentas han llegado a afectar de lleno al presidente del Gobierno.

Calviño habría demandado un protagonismo mayor en la derogación de la reforma laboral, una petición que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante la amenaza a la tan deseada autonomía del Ministerio de Trabajo que esto supone, Díaz ha reaccionado calificando de “injerencia” la intervención de Economía.

Además, Díaz emplazó al PSOE para que se “aclare” y especifique hasta dónde quiere llegar con la reforma. En efecto, es frecuente oír a Unidas Podemos hablar de “derogar” la anterior reforma, término que los socialistas se abstienen de utilizar. A estas acusaciones, Pedro Sánchez ha respondido diciendo que «todo el Gobierno» está comprometido a llevar a cabo una «modernización de la legislación laboral», ha dicho, «con vocación de consenso».