Ábalos declarará finalmente el 12 de diciembre ante el Supremo por el caso Koldo

El instructor del ‘caso Koldo’ ha vuelto a citar a José Luis Ábalos para el próximo jueves, 12 de diciembre, a las 10:00, tras presentar el exministro un nuevo escrito mostrando su conformidad con esa fecha, que era la inicialmente prevista.

Ábalos había solicitado el aplazamiento de su declaración voluntaria alegando la complejidad de la causa y el escaso tiempo disponible para instruirse de la misma. Sin embargo, ante su petición, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente Segura dictó este lunes un auto en el que había dejado sin efecto la declaración y había rechazado posponerla.

Entonces, el político ha registrado otro escrito a través de su procurador, Juan Torrecilla Jiménez, mostrando su disposición a comparecer voluntariamente y prestar declaración el próximo día 12 de diciembre, tal y como se acordó en el auto del pasado 2 de diciembre. Por tanto, se mantiene dicho señalamiento, quedando sin efecto lo dispuesto en el auto anterior.

Cuatro presuntos delitos

El Supremo asumió a principios de noviembre esta causa por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, al apreciar indicios de varios delitos contra él en la exposición razonada remitida por el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno. Según el Alto Tribunal, de acuerdo con la exposición razonada, los hechos «pudieran ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación».

Leopoldo Puente ofreció a Ábalos la posibilidad de declarar voluntariamente, antes de resolver sobre la procedencia de elevar el correspondiente suplicatorio a la presidencia del Congreso de los Diputados, en aras de favorecer su derecho de defensa.

También ha citado a declarar como investigados al empresario Víctor de Aldama Delgado el próximo 16 de diciembre, a las 10 de la mañana, y a Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro, el día 17, a la misma hora.

(Creatividad: Mireia Vericat/E&J)

El instructor destacó en su resolución rechazando posponer la comparecencia de Ábalos que en este tipo de declaración voluntaria que permite el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), al aforado le corresponde la decisión de comparecer o no ante el tribunal, pero ello no significa “que pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno, determinando, también libérrimamente el tempo de las actuaciones”.

Señaló que ofrecida la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de proceder a adoptar la decisión pertinente acerca de elevar o no el correspondiente suplicatorio, «esta decisión no puede (ni debe) quedar suspendida» hasta que Ábalos considere llegado el momento oportuno para prestar su declaración voluntaria.

«Ello no sólo daría pábulo al surgimiento de eventuales dilaciones indebidas, sino que podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación, que solo se podrá dirigir en términos inculpatorios respecto de la persona aforada a partir del momento en el que el suplicatorio resultara concedido por la Cámara de la que el aforado forma parte», advirtió el instructor.

Además, según explicó, tampoco podía posponerse porque «no resultaría adoptable en el futuro medida cautelar alguna que asegurase su comparecencia, por definición, voluntaria». El magistrado también subrayó que su decisión no limitaba ni restringía el derecho de defensa del aforado.

Conductas indisolubles

El magistrado Leopoldo Puente a principios de diciembre la competencia para investigar a De Aldama y a García en relación con los hechos que están relacionados de forma «directa e inescindible» con los que pudiera haber protagonizado Ábalos. Según explicó, los hechos que conforman la causa consisten en la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes.

Juan Lobato, secretario general del PSOE Madrid. (Imagen: PSOE)

Según la exposición razonada, De Aldama sería la persona que en beneficio propio y de terceros, a través de determinados pagos o de contraprestaciones económicas y aprovechando su influencia sobre Koldo García y sobre el propio José Luis Ábalos, «habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ella vinculadas».

Respecto a Koldo García, según los indicios que revelan las investigaciones realizadas por el magistrado de la AN Ismael Moreno, se trataría de la persona que podría haber actuado como enlace entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes, es decir, entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.

El magistrado Leopoldo Segura indicó que los pagos que De Aldama, «siempre en los términos indiciarios que resultan propios de esta muy incipiente fase de la investigación, podría haber realizado a los dos primeros, aparecen en el escenario fáctico inescindiblemente vinculados a los cobros, como igualmente no resulta factible desconectar las gestiones intermediadoras que se atribuyen al Sr. García del efecto que las mismas pudieran haber proyectado sobre la persona del aforado. Fácilmente se comprenderá el indisoluble vínculo entre unas y otras imputaciones si se repara en la que resultaría inconciliable coexistencia de resoluciones diversas en alguna de las cuales se descartara, por ejemplo, la existencia de los pagos, mientras otras proclamaran la realidad de los cobros».

Ahora, Ismael Moreno continuará sólo con la investigación de las diligencias previas respecto a todos los demás investigados en ellas, además de otros hechos diversos, que no guarden relación con el aforado, y que pudieran atribuirse a De Aldama y García, como, por ejemplo, delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales.

Santos Cerdán y el jefe de gabinete de Montero podrían enfrentarse a penas que van desde los dos a los seis años de cárcel

Para el abogado penalista Miguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados, de lo declarado, hasta el momento, por Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la ‘trama Koldo, se ve un claro delito de cohecho e incluso eventualmente en concurso medial con un delito de tráfico de influencias» en el caso del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Carlos Moreno. Unos delitos por los que «se podrían enfrentar a penas que van desde los dos a los 6 años».

Miguel Durán, en el plató de E&J. (Foto: E&J)

En cambio, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también señalado por De Aldama, este penalista no lo ve, «al menos todavía, metido en este baile». Afirma que «el jefe del Ejecutivo ha sido citado muy colateralmente en relación a lo que sería el delito de cohecho y sólo tendría, pero de forma muy traída por los pelos, una implicación en términos de tráfico de influencias».

Eso sí, destaca que estando salpicada por casos de corrupción su mujer, su hermano, y el Gobierno, no es de recibo que Sánchez siga de presidente. «En países de nuestro entorno es impensable que un presidente continúe al frente del Ejecutivo con semejante escenario», subraya Miguel Durán.

Víctor de Aldama aseguró en su declaración ante la AN que Cerdán recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 650.000 euros a Ábalos, y otros 300.000 al que fuera asesor de éste, Koldo García. La Fiscalía ha avalado la credibilidad de su relato y por eso solicitó su puesta en libertad en tiempo récord y el investigado salió de prisión pocas horas después de comparecer ante Ismael Moreno.

A juicio de Miguel Durán, el Ministerio Público no tiene más remedio que pedir que se extienda la investigación a Cerdán y el jefe de gabinete de Montero.