Abogados de víctimas y colectivos de pacientes denuncian la exclusión de las negligencias médicas de la reforma del baremo

Malestar generalizado entre las asociaciones de abogados de víctimas y las entidades que luchan contra las negligencias médicas y colectivos de pacientes. Entidades como ANAVA-RC, ADEVI y ADAVIAC, y colectivos como es el caso del Defensor del Paciente, entre otros, manifiestan su más firme rechazo y profunda preocupación por las enmiendas finalmente registradas y publicadas el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (RDL 8/2004, de 29 de octubre).

Según estas asociaciones de abogados que han presentado enmiendas, lejos de haberse debatido en el grupo de trabajo técnico en el que, por primera vez en años, las asociaciones de víctimas, la Administración y el sector asegurador alcanzaron acuerdos fundamentales para mejorar el sistema indemnizatorio vigente, estas enmiendas se han presentado en el último momento y sin consenso alguno bajo el paraguas de partidos políticos, ajenos a la negociación técnica de más de siete años, y con escaso conocimiento sobre el daño que provocan.

Para estos colectivos son especialmente graves las enmiendas 22 y 24, presentadas por el grupo parlamentario Junts per Catalunya, que suponen, especialmente la primera, un ataque frontal a la línea de flotación del sistema de indemnizaciones consagrado en nuestro país desde 1995 (e incluso desde 1989), al desmontar los dos pilares esenciales de protección para las víctimas: la reparación íntegra del daño y la sanción frente al incumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras.

El sentir de estos juristas defensores de las víctimas es que, si sigue adelante la modificación del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro (LCS), el retroceso en derechos será irreparable. Se estaría desactivando el único mecanismo legal que, hoy por hoy, garantiza que las aseguradoras no se demoren impunemente en el pago de las indemnizaciones.

También destacan que la rebaja que se plantea convierte el artículo 20 en un simple incentivo financiero y no en una verdadera herramienta de presión y de compensación de daños, que en muchos casos no compensa el verdadero perjuicio que el propio retraso crea en la víctima.

Para Alberto Salas, presidente de ADEVI, “las víctimas no pueden ser las grandes olvidadas en una reforma construida desde el equilibrio. Estas enmiendas no solo desvirtúan el proyecto, lo dinamitan desde su base”.

Reunión reciente entre el grupo socialista y las asociaciones de abogados de víctimas. De izquierda derecha: Xavier Coca; Pedro Casares; PSOE, responsable de su ponencia; Manuel Castellanos, del ICAM; Alberto Salas, de ADEVI; y Eduardo González, de ANAVA-RC. (Imagen: ANAVA.RC)

Retraso en el pago de las indemnizaciones sin consecuencias

Para estos juristas, estas medidas no favorecen la eficiencia ni la descongestión judicial tan buscada en las últimas reformas legislativas de nuestro país, si no que, por el contrario incentivan el incumplimiento y la estrategia de demora, desnaturalizando el espíritu del legislador, beneficiando sin sentido y de forma evidente a las entidades aseguradoras y debilitando y penalizando a las víctimas, que ya es la parte más débil en el sistema y es la que debe enfrentarse a largos litigios, gastos extraordinarios y secuelas permanentes sin compensación inmediata, provocando de bien seguro, el tan temido colapso judicial.

Así explican que la propia estructura del Real Decreto-ley 8/2004 contiene instrumentos esenciales como el de oferta y respuesta motivada o el de informes médicos complementarios para fomentar la resolución de los conflictos sin necesidad de juicio. Pero estos instrumentos carecen de eficacia si no existe una sanción real al incumplimiento de la aseguradora.

Otra cuestión que aclaran es que el castigo actual ya es mínimo durante los dos primeros años de retraso, pues los intereses se limitan al interés legal incrementado en un 50 % (apenas un 4,5% que estos últimos años hemos visto como se situaba incluso por debajo de la inflación), siendo realmente sólo a partir del segundo año cuando se aplican intereses del 20%, intereses que sólo se condenan con judicialización del asunto y sentencia al respecto, lo que permite que muchas entidades se beneficien de retrasos prolongados sin consecuencias reales.

A título de ejemplo comentan que, si hoy una aseguradora no paga a tiempo sin excusa, paga un interés anual del 20% tras dos años de retraso, una medida pensada para que las compañías no jueguen con el sufrimiento de las víctimas e intenten alcanzar acuerdos indemnizatorios rápidos.

La conclusión sería demoledora: La enmienda bajaría ese mínimo al equivalente de un 10-12% anual. En la práctica, haría más rentable para las aseguradoras retrasar los pagos, ya que la cantidad a pagar sería casi la mitad, demorando los procedimientos judiciales, lo que va en contra de la Ley de eficiencia procesal.

Negligencias médicas y baremo

Otra de las enmiendas excluye las negligencias médicas del llamado baremo de indemnizaciones, que es la tabla oficial que orienta la cuantía a pagar por lesiones o fallecimientos y que se aplica actualmente para los accidentes de tráfico y para las negligencias, para garantizar compensaciones justas y homogéneas.

“La discriminación que pretende introducir la enmienda 24 contra las víctimas de negligencias médico-sanitarias no tiene precedente. Pretender excluir del sistema del baremo a las víctimas de negligencias sanitarias, alegando supuestos riesgos económicos para el sistema de salud. Es inadmisible desde cualquier óptica jurídica, médica o social, además de ignorar la igualdad de derechos de todas las víctimas con independencia del agente causante, y más teniendo en cuenta que, en derecho sanitario sólo se indemnizan situaciones de verdadera negligencia culpable que ningún paciente tiene el deber de soportar, a diferencia de las víctimas de tráfico que están protegidas por un sistema cuasi-objetivo de responsabilidad”, señala Xavier Coca Verdaguer, presidente de ADAVIAC.

Otra cuestión que denuncian estos juristas es que resulta especialmente grave que estas enmiendas se hayan presentado fuera del proceso técnico de discusión de la ley, donde las asociaciones profesionales y las víctimas han presentado propuestas razonadas y consensuadas que no han sido atendidas.

Sin embargo, los intereses del lobby asegurador y del sector del taxi, por poner ejemplos sorprendentes, han encontrado vía libre para introducir propuestas en el último momento que, o no tienen nada que ver con las leyes que se modifican, o corrompen su equilibrio.

“No es tolerable que se modifique una norma tan sensible como el artículo 20 de la LCS sin debate, sin transparencia y a espaldas de quienes representamos a las víctimas”, afirma Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

Desde estas asociaciones, reclaman a todos los grupos parlamentarios que retiren de inmediato estas enmiendas por suponer un grave atentado contra los derechos de los ciudadanos. “De lo contrario, nos veremos obligados a intensificar nuestra acción institucional y social para frenar este atropello a la justicia, a la igualdad y a la dignidad de las víctimas”, subrayan.

Manuel Castellanos cree que no se puede modificar el artículo 20 de la Ley del Contrato del Seguro sin debate ni transparencia. (Imagen: ANAVA.RC)

Víctimas de negligencias preocupadas

Otros colectivos como pacientes y victimas también denuncian un retroceso legal que las deja indefensas: llaman a la movilización social contra la “Ley anti-víctimas”.

Las víctimas de mala praxis médica podrían quedar sin justicia real de aprobarse la nueva ley que se está preparando. Desde la asociación ‘El Defensor del Paciente’ claman “Con el precio del dolor no se negocia”, ante un nuevo proyecto de ley que recortará drásticamente las indemnizaciones de quien más lo necesitan. Niños que nacen con una parálisis cerebral severa por una mala asistencia durante el parto o cánceres avanzados que no fueron diagnosticados a tiempo quedarán sin indemnizar, lo que significa que las familias no podrán afrontar los gastos que ello supone.

También indican que este proyecto ya fue descartado en 2017 por discriminatorio y lesivo contra los perjudicados.

Las principales asociaciones de víctimas de negligencias médicas y colectivos de pacientes alzan la voz contra dos enmiendas legislativas que califican de “injustas y peligrosas”. Estas enmiendas, actualmente en debate parlamentario, quitarían a los pacientes dañados por mala praxis médica la protección legal que hoy tienen, reduciendo drásticamente las indemnizaciones que podrían recibir y facilitando que las aseguradoras no paguen a tiempo sin apenas castigo. Se está legislando de espaldas a las víctimas para favorecer a los seguros.

Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, denuncia al respecto: “Es un atropello a nuestros derechos. Si esto se aprueba, el gran ganador es el lobby asegurador y los perdedores somos todos los ciudadanos de a pie. Significa que una paciente víctima de una negligencia médica podría cobrar una miseria en comparación con lo que le correspondería hoy, y encima cobrarla años tarde sin prácticamente intereses”.

Desde su punto de vista, “es volver a los años oscuros donde las víctimas debían mendigar justicia. Recordemos que en 2024 recibimos 14.088 casos de posibles negligencias sanitarias en España, con 798 fallecidos. En vez de reforzar la protección a las víctimas de esta auténtica pandemia silenciosa, las autoridades están proponiendo recortar sus derechos. Es inmoral”, destaca Flores.

Carmen Flores subraya que «es un atropello a nuestros derechos. Si esta reforma se aprueba, el gran ganador es el ‘lobby’ asegurador, y los perdedores somos todos los ciudadanos de a pie”. (Imagen: Congreso de los Diputados)

En definitiva, tratan de dejar aislados y sin reparación íntegra —sin baremo— a los afectados por negligencia sanitaria, para, a continuación, crear un nuevo baremo con indemnizaciones que no reparen el daño íntegramente en atención a unos criterios propios de tiempos preconstitucionales y absolutamente discriminatorios. Y todo ello cuando, en realidad, el baremo actual de accidentes de tráfico sirve a la perfección para cuantificar los daños físicos y morales derivados de la actividad sanitaria, pues, en definitiva, contiene una valoración del daño corporal, cuyas lesiones y secuelas —por tratarse de personas en ambos supuestos— son exactamente las mismas.

Además, es una discriminación en la Ley (una discriminación impuesta por el propio legislador, que convierte a la norma en inconstitucional). La modificación pretendida infringe el artículo 14 de la Constitución Española que impone al legislador el deber de dispensar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales. Esta circunstancia provoca que los perjudicados de una imprudencia profesional reciban un tratamiento diferente en función del sujeto causante del daño, sin más. A la luz de lo expuesto, existen sólidos argumentos jurídicos para cuestionar la constitucionalidad material de estas enmiendas si llegaran a aprobarse.

En definitiva, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se alían con el sector asegurador favoreciendo sus intereses económicos en contra de los derechos de los pacientes afectados por negligencias médicas. Al mismo tiempo indican que ningún colectivo de víctimas ni de consumidores ha sido consultado sobre estos cambios. En cambio, sospechamos que detrás de todo están presiones del sector asegurador y de algunas administraciones autonómicas que quieren ahorrarse dinero a costa de los lesionados. Los pacientes y usuarios no podemos elegir ser víctimas.

La asociación El Defensor del Paciente ya ha solicitado entrevistarse con los responsables de Justicia de los principales grupos parlamentarios para exponer la problemática de producirse este atropello y desde aquí hacemos un llamamiento a la sociedad civil: “Pedimos a todos los ciudadanos, asociaciones de pacientes, sindicatos, colegios profesionales y personas de bien que se unan a esta causa. Hoy son las víctimas de negligencias, mañana puede ser cualquier otra área donde se recorten derechos. No podemos permitir ni un paso atrás en la protección de quienes han sufrido un daño. Rogamos a nuestros parlamentarios que recapaciten, y a la gente que alce su voz. Juntos podemos detener este atropello”, comenta su presidenta.