Abogados penalistas italianos y españoles hacen frente común contra el populismo punitivo

El populismo punitivo es uno de los resultados del notable abuso que se hace del Código Penal en la mayor parte de los países. En Italia, más de 10.000 abogados asociados en la Unión de Cámaras Penales han suscrito un manifiesto en el que denuncia estas malas prácticas. Este manifiesto se presentó este martes en Barcelona.

Fue en la sede de la Real Academia de Doctores de la Ciudad Condal donde se presentó dicho manifiesto y se organizó un debate en el que participaron Fermín Morales, académico de número de la RAED, catedrático de Derecho Penal, vocal de la Junta Directiva de la Unión de Abogados Penalistas y socio fundador de Morales Abogados penalistas

Junto a él Gian Domenico Caizza, presidente de la Unión de las Cámaras Penales Italianas, acompañado de Nicola Mazzacuva, presidente del Consejo de la Cámara Penal Italiana y Gian Lucha Malavasi, responsable territorial de la cámara penal de Bolonia, Franco Bricola.

Al mismo tiempo intervinieron Javier Hernández, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo y Víctor Moreno, presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas y Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III.

En dicho manifiesto, los abogados italianos promotores reconocen que han lanzado un grito de alarma “porque el populismo penal forma parte del gobierno de nuestro pis y cuenta con un consenso popular e indiscutible. Se constata la agresión a los principios constitucionales relativos a la presunción de inocencia y a la excepcionalidad de la privación de libertad, que solo puede ser expresión de la ejecución de la pena.

También subrayan que “se han visto cuestionadas las garantías de la taxatividad propias de la tipicidad penal, así como los efectos de retroactividad de las leyes penales favorables al redo, sin olvidar también el cuestionamiento que ha sufrido la finalidad reeducativa de la pena”.

Este conjunto de regresiones garantistas son explícitas y políticamente reclamadas. Por último, se ha puesto también en jaque el principio de proporcionalidad entre la sanción y la gravedad del delito cometido”.

Reforzar garantías constitucionales

Para Fermín Morales, que moderó este debate sobre el populismo penal en la READ, “este manifiesto, elaborado por la Unión de Cámaras Penales de Italia, subraya una situación de nuestro tiempo que se vive en muchos países de nuestro entorno. Esta corporación es un movimiento asociativo que se creó hace muchos años en Italia y que engloba a más de 10.000 abogados penalistas. Con anterioridad a esta presentación de Barcelona se hizo otra presentación en Estados Unidos”.

Fermin Morales, moderador y socio de Morales Abogado Penalistas. (Foto: READ)

Sobre su contenido destaca que “se centra en el derecho penal liberal y por un proceso justo. Se trata de defender las garantías del ciudadano frente al populismo punitivo de los últimos años que está generando un uso extensivo del Derecho Penal en todos los órdenes de la vida”.

En su opinión, “este manifiesto no puede pasar desapercibido, de hecho, desde la Unión de Abogados Penalistas Españoles lo hacemos nuestro”. Morales recuerda que “antes de que llegase la pandemia del Covid 19 firmamos un convenio de colaboración entre esas instituciones con otras asociaciones de penalistas de Francia y Alemania para poder colaborar de forma conjunta”.

A su juicio “es un error que se quiera resolver todo con el uso extensivo del derecho penal, hay también una falta de respeto al principio de legalidad. Estamos en una nueva Edad Media. Cuando se recurre tanto al Derecho Penal, que supone castigar, es que esta sociedad no va bien. Está en crisis si no es capaz de desarrollar otros instrumentos jurídicos”.

Fermín Morales destaca la intervención de Javier Hernández, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que valoró positivamente el contenido del citado manifiesto donde parece claro que debe buscarse un equilibrio entre el derecho de las víctimas y el de las personas investigadas.

De hecho, esta asociación emitía a finales del año pasado un comunicado donde señalaban que frente a este escenario, “los abogados firmantes de este manifiesto muestran su preocupación por las últimas reformas del Código Penal, especialmente tanto o más en el modo en el que se realizan”.

Para estos juristas, dichas reformas pueden generar “el riesgo de una quiebra de los cimientos de nuestra convivencia conforme a los principios consagrados en nuestra Constitución de 1978, por el deterioro jurídico e institucional por el que atraviesa el país”.

Crisis del Derecho Penal

Para Víctor Moreno, otro de los ponentes “es evidente que el Derecho Penal y el proceso penal están en franca recesión. Es posible que a nivel general vivamos una recesión general de las libertades en la sociedad a nivel global que se percibe en países de nuestro entorno”.

Los abogados penalistas españoles, representados en la citada asociación de la que forman parte los principales letrados de esta práctica, se solidarizan con sus colegas italianos al existir “una falta de garantías en dichos procedimientos”. “El juez de instrucción hacía el papel de garante de los derechos con ecuanimidad e independencia y resolvía los asuntos. Ahora su perfil es más cercano a un agente de la represión. Ahora parece que el juez es bueno si condena y malo si absuelve”.

De cara al nuevo Gobierno que salga de las urnas, creen los abogados penalistas españoles que algo debe cambiar a nivel legislativo. “Deben contar con nosotros para mejorar la calidad legislativa y trabajar más y mejor en defensa de las libertades y de los derechos fundamentales. Cualquier reforma que se plantee debe ceñirse a un ámbito global y deben perdurar en el tiempo”.

Víctor Moreno, presidente de la Union Española de Abogados Penalistas. (Foto: READ)

Al mismo tiempo, subraya que “además de pensar en la protección de las víctimas, no se puede olvidar realmente los objetivos del proceso penal y de la propia pena, que están desatendidas. Cambian demasiadas cosas porque parece que los políticos sólo piensan en que este tipo de reformas les den votos en algunos momentos”.

Moreno recuerda toda la problemática generada por la Ley de solo sí es sí, “las reformas penales se aplican a posteriori, para las conductas futuras, y en este caso dicha normativa poco trabajada y consensuada genero muchas críticas por las rebajas de penas a algunos delincuentes y otros que lograron excarcelarse”.

Para este jurista, “quizá haya llegado el momento de reformar la Lecrim y dar la investigación de los procesos penales al fiscal. Hay que darse cuenta de que la figura actual del juez de instrucción es perturbadora de todo el sistema penal. Ese marchamo de independencia que debería tener la investigación penal parece incompatible con los criterios constitucionales”.

Hay que darse cuenta que “la investigación es un elemento de parte de la propia investigación, con todos los medios públicos, pero no de un juez. Porque el juez de instrucción no puede ser un juez de garantías ni estructural ni conceptualmente. Hay que proteger mejor los derechos del investigado”.

Moreno aprecia “una disminución de las libertades y el llamado populismo punitivo está a la orden del día en todos los países. Lo que cuentan nuestros colegas italianos es preocupante. Las garantías procesales están disminuyendo de forma notable sobre todo en la figura de los investigados y sus derechos como tales”.

Para este jurista “se observan problemas serios en las instrucciones penales donde en algunas ocasiones las prórrogas de las instrucciones se hacen mal, con lo que en algunas oportunidades quedan anuladas las actuaciones. Este tipo de cuestiones generan problemas de seguridad jurídica graves”.

A su juicio, “el procedimiento penal debe ajustarse a algunos tiempos. No puede haber una instrucción de manera indefinida. Pasa igual con el abuso que se hace en algunos asuntos de la prisión provisional”. A este respecto reconoce que la reciente sentencia que absuelve a Sandro Rosell después de que este haya pasado casi dos años en prisión provisional ha reabierto el debate acerca del uso que se hace de la prisión provisional en España.

Desde esta perspectiva, Moreno recuerda que lo que se debe exigir al juez de instrucción es que, al adoptar su decisión, sea escrupuloso con lo que marca la ley y haga las comprobaciones que estipula la Lecrim “otro de los efectos indeseables de esta extensión del Código Penal es que han parecido muchos abogados que dicen que son expertos en derecho penal y lo único que hacen es generar problemas a sus defendidos por su falta de conocimientos del proceso penal”.