Abogados sin especialización en violencia de género atenderán a víctimas forzados por su Colegio

El Ilustre Colegios de Abogados de Huesca ha notificado a todos los letrados de los partidos judiciales de Boltaña, Jaca y Barbastro que, ante la falta de juristas adscritos voluntariamente para el servicio de asistencia jurídica gratuita a mujeres víctima de violencia de género, la adscripción a dicha lista de turno de oficio, incluido el servicio de guarda, deviene automáticamente obligatoria para los mismos.

La comunicación emitida por el ICAHUESCA y a la que ha tenido acceso Economist & Jurist señala que en Jaca hay cinco letrados inscritos y uno en la demarcación territorial correspondiente a los partidos judiciales de Barbastro y Boltaña.

La institución dirigida por Ana Isabel Soria Moneva como decana avala tal decisión por lo dispuesto en el art. 39.1 del Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. En concreto, dicho precepto expone que “los Colegios de Abogados y Procuradores establecerán sistemas de organización y distribución objetiva y equitativa de los turnos para la designación de los profesionales de oficio”. Asimismo, la mencionada norma señala que la organización de los turnos de oficio “es responsabilidad de los Colegios de Abogados y Procuradores y su prestación obligación de todos los abogados y procuradores en ejercicio”.

La circular indica que la formación en la materia queda alojada en la web colegial

Por último, el repetido comunicado informa a sus miembros que, “por prevención reglamentaria”, queda “automáticamente incluido en su respectiva demarcación territorial” todo letrado residente en las tres demarcaciones territoriales antes mencionadas.

“La imposición no es la solución”

El sindicato de abogados Venia, a través de su delegado Jorge Piedrafita Puig, ha anunciado que recurrirá la mencionada circular en defensa de los intereses de los letrados afiliados y reclamará a la Administración de forma urgente el aumento de recursos para corregir esta precariedad.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “se acentúa la precariedad y disminución de medios para la erradicación de esta lacra que sigue afectado a nuestra sociedad”, apuntan desde el sindicato de abogados.

Jorge Piedrafita Puig. (Foto: Jorge Piedrafita)

Piedrafita Puig explica que “es un error imponer la prestación de guardia obligatoria a todos los profesionales (tengan la especialización o no) de estos partidos judiciales del medio rural que son los que realizan guardias de mayor duración (7 días durante 24 horas seguidas) y menos retribución reciben (2,5 euros la hora)”.

Desde la organización sindical de ámbito nacional denuncian que” la imposición no es la solución ante la falta de profesionales para prestar un servicio esencial de apoyo a las mujeres del mundo rural”. A su modo de ver, “es una temeridad obligar a prestar el servicio a profesionales, sin formación específica en la materia, cuya precarización se acentúa en los partidos de Boltaña y Barbastro que prestan guardia conjunta con mayores desplazamiento para los letrados. Todo ello en un servicio que requiere de atención inmediata al centro policial y unos conocimientos especializados para asistir a la víctima en las diligencias policiales y judiciales”, advierten.

Nos enfrentamos ante un servicio que requiere de atención inmediata al centro policial y unos conocimientos especializados para asistir a la víctima en las diligencias policiales y judiciales

Piedrafita Puig, como abogado ejerciente desde el 2012, reclama que “la Administración tome cartas en el asunto para que, de una vez por todas, lleguen medios para que los profesionales del guardia desarrollen sus funciones con las mismas retribuciones y medios que en los partidos de las capitales”. A su juicio, lo contrario supondría “seguir fiando a la vocación de los profesionales la prestación de un servicio esencial en la protección de la mujer”.

En definitiva, “se deben dejar las buenas palabras y pasar a los hechos, asegurando que las dotaciones presupuestarias sean suficientes (no se pierdan por el camino) y lleguen a los profesionales de trinchera para trabajar con medios decentes”. En caso contrario, en opinión del letrado, escenarios como el aquí descrito provocará “la huida de los profesionales del medio rural, para evitar verse obligados a prestar trabajos forzosos en condiciones indignas”.