Ahora Abogacía denuncia la pérdida de calidad democrática por la reforma de la sedición y la malversación

La plataforma Ahora Abogacía, que se presenta a las elecciones del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) liderada por Juan Gonzalo Ospina, ha emitido un comunicado en el que hacen un llamamiento a la Abogacía para que colabore con la Justicia en la defensa del Estado de Derecho, que se estaría viendo deteriorado por la acción del Gobierno.

Según el documento al que ha tenido acceso Economist & Jurist, “nos encontramos en un punto de emergencia de nuestra historia constitucional”. A la hora de respaldar esta afirmación recuerdan el contenido del informe Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia (2018-2021), publicado por la Fundación Hay Derecho. El citado documento revela “numerosos indicadores del deterioro de la calidad de nuestro Estado de Derecho en los últimos años”.

Pone como ejemplo “la politización del Poder Judicial a través del bloqueo del CGPJ; la creciente arbitrariedad de los indultos concedidos a políticos en contra del criterio expresado por el tribunal juzgador o el Ministerio Fiscal; las puertas giratorias entre la política y el Poder Judicial (caso Juan Carlos Campo); la pérdida de autonomía e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado; el decreto-ley como forma ordinaria de Gobernar, sin control Parlamentario posterior; el vergonzoso récord de España en el incumplimiento de trasposición de directivas europeas; o las continuas interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial a través de las críticas de los políticos a las sentencias desfavorables”.

Desde Ahora Abogacía entienden que “el marco jurídico establecido en los Estados de Derecho evoluciona y debe evolucionar”. Sin embargo, destacan que “la reforma de la malversación para favorecer a los sediciosos del procés catalán y asegurarse los apoyos parlamentarios del Gobierno, así como el nombramiento unilateral de los jueces del Tribunal Constitucional, sin esperar a la elección de los miembros que corresponden al CGPJ, son una vuelta de tuerca sustancial en una espiral ascendente de deterioro que nos puede llevar a un punto sin retorno en términos de calidad democrática”.

Ahora Abogacía afirma que las acciones del Ejecutivo están provocando el deterioro de la calidad de nuestro Estado de Derecho. (Foto: Moncloa)

En este sentido, afirman que comparten la advertencia de Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, cuando afirma que “no siempre es fácil identificar con tanta precisión el momento exacto en el que un Estado democrático de derecho empieza a alcanzar un punto de deterioro que puede llegar a ser irreversible”.

“Hemos llegado hasta aquí porque el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo una tarea concienzuda de desprestigio del Poder Judicial”, señala el comunicado, que denuncia que se ha trasladado a la ciudadanía “la necesidad de que éste, para ser plenamente democrático, debería someterse a las mayorías parlamentarias surgidas en las urnas para la configuración del Parlamento. Como si el Poder Judicial, que emana de la Constitución Española, no fuese plenamente democrático”.

Acusan al Poder Ejecutivo de haber puesto en marcha el ventilador contra la Justicia y la trituradora del Estado “rompiendo cualquier atisbo de lealtad institucional que debería presidir las relaciones entre los poderes del Estado. Además, atribuyen al Ejecutivo “la configuración de un CGPJ debilitado y desprestigiado”, lo que trae consigo una reducción de la capacidad para dictar y un aumento de la duración de los procesos judiciales, echando a los ciudadanos en contra de la Justicia”.

En este contexto, llaman la atención sobre el hecho de que “renovando de forma unilateral del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo ha iniciado una nueva fase de deterioro que, efectivamente, puede ser irreversible si no actuamos con diligencia”, de modo que “la gravedad de la situación no nos deja otra alternativa que reaccionar con decisión y valentía”.

Para hacer frente a esta situación, destacan que, en primer lugar, “desde la abogacía tenemos que ser conscientes de la gravedad de la situación”. “Esta tarea de desprestigio permanente no hubiera sido posible sin la profunda fragmentación de todos los actores que formamos parte de la Administración de Justicia, que asistimos atónitos a los hechos, pero sin una idea clara de lo que habría que hacer, de lo que se podría hacer”, aseveran.

Por otro lado, afirman que la Abogacía necesita una voz y que “el Colegio de la Abogacía de Madrid, como corporación de derecho público-privada, forma parte de la estructura del Estado, y es el cauce para que desde la abogacía participemos en el desarrollo democrático del Estado”.

Teniendo esto en cuenta, destacan que “las elecciones del próximo 20 de diciembre son esenciales para renovar una institución con casi 80.000 profesionales colegiados y para que deje de ponerse de perfil ante estos atropellos y se coloque en primera fila de la defensa institucional del Estado de Derecho en nuestro país”.

Por todo ello, esta plataforma convoca “a toda la abogacía a unirse en la defensa del Estado de Derecho, del cual somos garantes ante todos los ciudadanos. Unidos entre nosotros y unidos también con el resto de los operadores de la Administración de Justicia para defender, con firmeza y unidad de acción, los derechos de los ciudadanos”.

Termina el escrito destacando que “los abogados reivindicamos un prestigio y un respeto en la sociedad” por lo que “es hora de hacernos merecedores de este prestigio y respeto ejerciendo nuestra influencia como muro de contención ante el ataque y derribo democrático al que estamos asistiendo”.