Alberto García: “La eliminación de aranceles mínimos deteriora la calidad del servicio al ciudadano”

El pasado 21 de abril, el Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) celebró elecciones para renovar su Junta de Gobierno. En estos comicios la candidatura más votada fue la encabezada por Alberto García Barrenechea. Su trayectoria profesional está muy ligada al Colegio de Procuradores de Madrid.

Durante seis años ha sido delegado del ICAM en el Partido Judicial de Móstoles. En las elecciones celebradas en abril de 2007 fue elegido vocal 4º de la Junta de Gobierno del Colegio, cargo que renovó en los comicios de 2011. En 2015 se unió a la Junta de Gobierno del decano Gabriel de Diego, donde ha permanecido dos legislaturas.

Ahora, como decano tiene que afrontar una serie de retos y problemas que se le han planteado a la procura y que van a necesitar de mucha paciencia y energía. Para hacer frente a los mismos se ha presentado a las elecciones con un programa de 11 ejes en los que hay cuestiones que van desde la dignificación de la profesión hasta mejorar las condiciones de trabajo y personales de los procuradores, pasando por la formación, la justicia gratuita o fomentar la mediación y el arbitraje.

En una entrevista concedida a Economist & Jurist, Alberto García desgrana alguno de los aspectos de su programa, que él mismo califica de “ambicioso”, y cómo va a hacer frente a algunos los retos que tiene por delante. En este sentido, señala que “la idea es formar grupos de trabajo con las distintas vocalías de la Junta de Gobierno para diversificar las opiniones”.

Entre las medidas que estudia desarrollar está un plan de contingencia que consiste en “una aportación económica presupuestaria que permita cubrir contingencias de los procuradores madrileños cuyos supuestos estamos valorando”. Para la implementación de esta medida “contaremos con los asesores fiscales y jurídicos del Colegio para estudiar su posible implantación”.

Nueva Junta de Gobierno del ICPM. (Foto: ICPM)

Prioridades

En cualquier caso, a la hora de establecer prioridades, el nuevo decano señala “la colaboración estrecha con el Consejo General de Procuradores de España (ICPE)para acometer la defensa del arancel, dado que las modificaciones del Proyecto de Real Decreto entendemos perjudican los intereses de los procuradores”. Asimismo, estima que “debemos desarrollar de forma definitiva el Reglamento de Financiación Colegial para su implementación”.

La cuestión de los aranceles es uno de los mayores motivos de preocupación de los procuradores de toda España. El Gobierno ha elaborado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 1373/2003. La nueva norma aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales y fija un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite mínimo.

Alberto García muestra su preocupación “por el hecho injustificado de no establecer unos aranceles mínimos”, ya que esta medida “no hace sino deteriorar la calidad del servicio que debe darse al ciudadano”. En lo que se refiere a la adopción de acciones contra la norma, el decano explica que “hemos presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que está desarrollando el Gobierno, tanto desde la candidatura previa a las elecciones como desde el propio ICPM”, y advierte que “seguiremos con atención el desarrollo normativo de este proyecto y se estudiaran, en su caso, las medidas a adoptar en el futuro”.

Pilar Llop, ministra de Justicia. (Foto: Moncloa)

A pesar de que los procuradores consideran que el Real Decreto es lesivo para sus intereses, organismos como el Consejo General del Poder Judicial no han manifestado una oposición frontal a este aspecto de la norma. En este sentido, Alberto García afirma que “francamente, esperaba que el informe hubiera sido más favorable en algunas cuestiones. “Ahora bien”, aclara, “se han recogido algunas de las reivindicaciones esgrimidas por el CGPE, lo cual es una buena noticia e invita a seguir trabajando en ese proyecto”.

Este Real Decreto no es la única norma nueva que va a afectar a los procuradores. Ese es el caso de la Ley Concursal, cuya modificación está en vigor desde finales del año pasado, y de los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y el de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

En lo que a la Ley Concursal se refiere, el nuevo decano del ICPM señala que “no parece que nos sea favorable, ya que en los concursos más habituales parece prescindir de la preceptividad, no sólo del procurador, sino también de otros profesionales cuya intervención es del todo necesaria”.

En cuanto a los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Organizativa, destaca que “persiguen que la Administración sea más eficaz”, por lo que “si con ellas se consigue dotar de eficacia a la Administración, redundará en beneficio del ciudadano y también de los procuradores, al entender que pretenden agilizar los procedimientos”. Al margen de las medidas de carácter procesal, señala que “en estos proyectos se contemplan también cuestiones de conciliación familiar y laboral que vienen siendo demandadas por el colectivo desde hace tiempo”.