«Algunas resoluciones del Constitucional exceden de sus competencias», afirma Cristina Dexeus, presidenta de la AF

«No cabe el recurso de amparo de Dolores Delgado». Así lo declara a Economist & Jurist Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, respecto al recurso interpuesto por la exfiscal general y exministra de Justicia contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló su nombramiento como Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal.

Este jueves conocimos que el Pleno del TC ha admitido a trámite dicho recurso contra las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala Cuarta) que lo anularon: el auto de 22 de enero de 2024 y la sentencia de 21 de noviembre de 2023. Han anunciado la formulación de voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macias.

El tribunal de garantías ha estimado que «debe ser admitido porque concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional», según recoge la nota de prensa difundida. «La demanda plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal y, además, el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y general repercusión social y económica», argumenta.

Respecto a la declaración este miércoles del fiscal general ante el Supremo, la AF considera que «debería haber dimitido del cargo para afrontar este hito sin arrastrar con él la imagen reputacional de la institución»

«Parece que con la admisión del recurso, igual que ha ocurrido con el de Eduardo Esteban lo que se pretende es nuevamente a través del Constitucional enmendar la plana al Tribunal Supremo, actuar más como un tribunal de segunda instancia que como un verdadero Tribunal Constitucional», denuncia Dexeus.

En cualquier caso, la Asociación de Fiscales considera que «no debe de prosperar», ya que «no concurre ninguna violación del derecho fundamental», sino que «se trata de una cuestión de derecho ordinario y que ya ha sido resuelta por el tribunal Supremo adecuadamente».

Álvaro García, fiscal general, con su predecesora en el cargo y exministra de Justicia, Dolores Delgado, también. (Imagen: RTVE)

Preguntada sobre si confía en este Constitucional, Dexeus responde: «Hay buenos magistrados en el TC y buenos letrados, pero no comparto en absoluto algunas de las resoluciones dictadas que exceden de sus competencias, afectando a la interpretación de tipos penales, competencia propia del Supremo».

Tampoco comparte «la resolución por la que se acuerda apartar a José María Macías del recurso en materia de Ley de amnistía». A juicio de la AF, «no parece que su pronunciamiento previo en el seno del CGPJ como vocal del mismo deba interpretarse más allá de lo que fue, un análisis de la norma en el ámbito de un informe técnico jurídico».

Los ataques a la independencia Judicial, a la separación de poderes y al Estado de Derecho producidos en España en 2024, según la AF

La Asociación de Fiscales ya ha presentado sus alegaciones para el informe sobre el Estado de Derecho de 2025. En él ha denunciado precisamente, entre otras cuestiones, «la aprobación de una ley de Amnistía para los políticos del procés, de los delitos corrupción y terrorismo, contraria a la Constitución y al derecho de la Unión, para favorecer un pacto de Gobierno y contar con siete votos imprescindibles para la legislatura: políticos amnistíando a otros políticos», según explica Dexeus.

En su informe sobre el Estado de Derecho denuncia ante la Comisión Europea, entre otras cuestiones, «los constantes ataques interesados a la independencia judicial por parte del Gobierno y de los grupos políticos que le apoyan»

La AF también ha recogido en su informe «los constantes ataques interesados a la independencia judicial por parte del Gobierno y de los grupos políticos que le apoyan».

Y «la lamentable situación del Ministerio Público con un fiscal general del Estado que se mantiene en el cargo pese a estar investigado, arrojando con ello dudas sobre la integridad y la imparcialidad de los fiscales». Ante la declaración este miércoles García Ortiz ante el Supremo como investigado, la AF considera que «debería haber dimitido del cargo para afrontar este hito sin arrastrar con él la imagen reputacional de la institución, sin perjuicio de la presunción de inocencia que le ampara y del resultado final de la causa».

Además, ha llamado la atención de la Comisión Europeo sobre «la aprobación de normas, la presentación de anteproyectos y proposiciones de ley que pretenden suprimir la acusación popular con efectos retroactivos, legislando ‘ad hoc’ para casos concretos, modificar el sistema de acceso para controlar las Carreras Fiscal y Judicial, limitando los derechos de los abogados fiscales, limitar la libertad de expresión de los jueces, entre otras cuestiones».

Cristina Dexeus es decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. En la imagen, en su despacho en la Fiscalía Provincial, donde ha ejercido toda su carrera. El próximo mes de febrero cumplirá 36 años de ejercicio de la profesión. (Imagen: Archivo)

Sentencia del Supremo sobre García Ortiz

Por último, preguntada sobre la sentencia del Supremo que desestima el recurso de la APIF contra nombramiento del fiscal general del Estado, informa que cuando el CGPJ emitió su dictamen declarando la inidoneidad de Álvaro García Ortiz para el cargo de fiscal general del Estado, la Asociación de Fiscales estudió la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Supremo.

«Sin embargo, después de un profundo estudio, de un análisis de la posibilidad de prosperabilidad de un recurso de estas características desde un punto de vista estrictamente jurídico, y pese a no compartir la gestión que, hasta el momento, venía realizando García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, consideramos que era muy difícil que prosperase el recurso y estimamos que no debíamos de recurrir», explica la presidenta de la asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal.

«Y lo hicimos teniendo en cuenta las mismas valoraciones que hace ahora el Tribunal Supremo, porque entendimos que el tribunal sólo podía entrar a valorar si se cumplían los requisitos reglados formales para ese nombramiento. Es decir, que estamos ante un candidato con más de 15 años de ejercicio efectivo en la profesión, de reconocido ejercicio, y eso se producía. De hecho, ya había sido nombrado en una primera ocasión como fiscal general del Estado», precisa Dexeus.

Y espeta que «cuando la AF recurre es porque realiza un análisis jurídico profundo sobre las posibilidades de prosperabilidad».