Ashurst convierte a ING en financiador de la primera operación de ‘Project Finance’ para desarrollar una planta de biometano en España

El despacho internacional Ashurst ha asesorado a ING como banco financiador en una transacción pionera en España, de unos 20 millones de euros, consistente en la primera operación de Project Finance para el desarrollo de una planta de biometano en nuestro país.

Con esta operación, ING facilitará a AGR Biogás, empresa pionera en Andalucía en promoción y gestión de plantas de biogás industrial, la construcción de una planta de producción de biometano de 55GWh en La Calahorra (Granada).

En la operación, Finergreen ha actuado como asesor financiero; EY como asesor legal de AGR Biogas; y Ashurst como asesor legal de ING.

El término project finance se refiere a la financiación de grandes proyectos de infraestructuras o energía cuya inversión inicial es especialmente costosa y su periodo de rentabilización muy largo. Solo en 2015 este negocio movió más de 422.000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente un 37% correspondieron a proyectos puestos en marcha en Europa, Oriente Medio y África.

Por project finance se entiende una financiación estructurada basada en los flujos de caja a largo plazo generados por una sociedad constituida para un proyecto aislado, y tomando colateralmente como garantía los activos de esta sociedad.

El verdadero elemento diferenciador de un project finance es que se estructura en base a la predictibilidad a largo plazo de sus flujos de caja en base a una estructura de contratos fijos con sus clientes, proveedores, reguladores de mercado, etc.

Estas características se encuentran a menudo ligadas a sociedades activas en el sector de infraestructuras, energía, renovables, utilities, etc., tales como carreteras, plantas eléctricas, parkings de vehículos, aeropuertos, parques eólicos o refinerías, entre otros.

Irian Saleta Martínez, socia de derecho financiero y bancario de Ashurst, explica a Economist & Jurist que “todo el mercado financiero está pendiente porque en los próximos diez años, según el informe de Sedigas, hay que construir en España cerca de 1.000 plantas de biometano. Ahora solo hay operativas unas diez. Este es un sector en desarrollo muy al principio de su expansión”.

También aclara que “por la forma que estas plantas producen gas, no es sencillo el diseño de una financiación estructurada porque hay una serie de cuestiones que hacen a los bancos dudar sobre la bancabilidad del producto. ING es el primer banco que ha entendido el producto y que se pueden mitigar los diferentes riesgos, y que ha creído en este tipo de iniciativas”.

La mayor parte de financiación hasta la fecha, era de naturaleza corporativa, el sponsor conseguía financiación en términos ordinarios del mercado pero no apalancaba el proyecto como tal. Ahora la gran noticia es que se ha logrado financiación para este tipo de proyectos”, aclara esta exerta.

Esta jurista recuerda que además del citado informe de Sedigas, “hay un empuje europeo por este tipo de planta, coexisten con los proyectos de hidrógenos al ser proyectos mas tangibles y asequibles. En Europa, los países nórdicos como Dinamarca o casos como el de Francia o Alemania lideran este tipo de iniciativas, en algunos de ellos estamos metidos gracias a nuestra red internacional”.

La experiencia de los abogados de Ashurst en esta cuestión, según aclara Martínez, es en el M&A de biometano: “Trabajamos conjuntamente esta área bancaria con la de Andres Alfonso, socio experto en transición energética, y aprovechamos su experiencia en este tipo de operaciones, en las cuales la financiación entra habitualmente en las últimas negociaciones de este tipo de proyectos”, comenta.

Desde la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) se ha revelado que el potencial de crear plantas de biometano es elevado .(Imagen: SEDIGAS)

Gestión transversal de Ashurst

La operación, por su complejidad, es transversal a este tipo de negocios de tal forma que en ella han participado un equipo coliderado por Irian Saleta Martínez (socia de Derecho Bancario y Financiero) y Andrés Alfonso (socio de Transición Energética), y asistido por Manuela Sanz, Ignacio Piñeiro y Javier Altemir (asociada sénior y asociados del departamento de Derecho Bancario y Financiero, respectivamente).

En la operación han estado también involucrados el equipo de Derecho Mercantil y M&A con Pedro Díaz (asociado), y el equipo de Derecho Tributario, con Ricardo García-Borregón (socio).

“Nuestro cliente ING, en su apuesta por la sostenibilidad y la financiación de proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, respalda este proyecto conjunto con AGR Biogás, que evitará la emisión directa de más de 20.000 toneladas de CO2 anualmente a la atmosfera y que, además, dará apoyo al sector primario en zonas rurales”, comenta Martínez.

Por su parte, Alfonso Tolcheff, director general de Banca Corporativa y de Inversión de ING España & Portugal, ha destacado que “con esta operación, ING continúa fortaleciendo su compromiso en la transición hacia una economía más verde. Estamos muy orgullosos de haber diseñado la mejor solución para AGR Biogás y de acompañarlos en el camino hacia la sostenibilidad, al mismo tiempo que contribuimos a la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que pretende alcanzar los 20TWh de producción de biogás y biometano en 2030.

CNMC reduce burocracia para estas plantas

Hace unos días la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó la resolución (RDC/DE/004/22) que simplificará las gestiones para que los productores de biometano conecten sus instalaciones a la red de gas de forma ágil, transparente y no discriminatoria.

Según el procedimiento aprobado, los titulares de las redes de transporte y distribución asegurarán la confidencialidad de la información facilitada en la solicitud de conexión ante cualquier otra empresa, incluidas las de su grupo empresarial, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

Asimismo, los titulares de las redes podrán requerir un pago por los costes de elaboración del presupuesto de conexión, hasta un máximo de 3.000 euros, informando con anterioridad el importe aplicable y las instrucciones para su abono.

Si el titular de la red deniega la solicitud de conexión, el importe se devolverá al solicitante. En el caso de aceptación de la solicitud de conexión por parte del titular de la red, se descontará del importe final de ejecución. En caso de no aceptación del presupuesto de conexión por parte del solicitante, no se devolverá este importe.

La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va a simplificar los trámites burocráticos para gestionar estas operaciones de biometano. (Imagen: CNMC)

Además, antes del 15 de febrero de cada año, los titulares de redes que hayan recibido solicitudes de conexión de plantas de biometano deberán enviar a la CNMC la relación de todas las solicitudes recibidas hasta el 31 de diciembre del año anterior, indicando sus características y el estado de tramitación de cada una de ellas.

El biometano es un gas renovable, que se obtiene a partir de residuos urbanos y agropecuarios, y puede inyectarse en la red. Juega un papel importante para impulsar las energías renovables, descarbonizar el sector y reducir las importaciones de combustibles fósiles, de acuerdo con la estrategia de descarbonización europea y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Su producción tiene un alto potencial porque está ligada a las actividades agropecuarias y agroalimentarias. Durante 2023, las nueve plantas conectadas al sistema produjeron 243 GWh, un 40% más que en 2022. Actualmente, existen numerosos proyectos en desarrollo que requieren de la interacción entre los productores y los operadores gasistas.

Respecto al funcionamiento, se trata de unas plantas que convierten una serie de residuos en gas natural verde. La particularidad que tiene es que las plantas permiten dar un destino a una serie de productos que hay que gestionar, siguiendo las directrices europeas. Y se convierte en gas verde porque lleva asociado las llamadas pruebas de sostenibilidad.