Asociaciones de jueces y fiscales y LAJs exigen a Justicia que cumplan sus acuerdos de mejora salarial pendientes

Tras la pausa del mes de agosto, en la que los operadores jurídicos han analizado sus estrategias, LAJs, asociaciones de jueces y fiscales y funcionarios de Justicia se preparan para un otoño caliente, ante un Gobierno en general, con un Ministerio de Justicia en particular, que dejó sin cumplir sus acuerdos salariales a los que llegó con LAJs y jueces y fiscales.

La situación política no hace más que añadir incertidumbre y más caos en unos juzgados con una elevada carga de trabajo porque los planes de refuerzo para sacar el trabajo adelante no se han puesto en marcha. En la reunión mantenida este miércoles por las asociaciones de los LAJs con Justicia,  ha quedado claro que, de momento, el Ministerio no va a resolver nada.

Tras la celebración del acto de apertura del año judicial, los rumores se han disparado. Se ha escuchado que el Ministerio podría estar intentando aprobar las tres leyes de eficiencia por Real Decreto, cuestión que, según comentarios recogidos por Economist & Jurist, es difícil al modificar estas normas leyes orgánicas.

Lo último que hizo el Gobierno fue aprobar el RD 5/2023 con 200 páginas para resolver otros temas pendientes que fue muy criticado por partidos políticos y operadores jurídicos al entender que no es la forma para resolver estos temas “No creo que lo hagan, pero este Gobierno es capaz de todo”, aclara un LAJs.

También se comenta que en las conversaciones entre jueces y Ministerio de Justicia que la prioridad era resolver el problema de los funcionarios de Justicia que han detenido su huelga por el parón estival.

Al parecer, la hoja de ruta pasaría por resolver este asunto, que supondría poner sobre la mesa 200 millones de euros para los 45.000 funcionarios de Justicia y con posterioridad ejecutar los acuerdos con los LAJs y asociaciones de jueces y fiscales.

Desde la abogacía institucional, Javier Martín, decano del Colegio del Colegio de Abogados de Valladolid y secretario general del CGAE, reclama una solución a este conflicto que se eterniza y denuncia la paralización de la subida del Turno de Oficio en territorio Ministerio. “El impacto para nuestro colectivo ha sido importante, con compañeros con graves problemas económicos. Urge a resolver este tema”.

Javier Martín, su secretario general del Consejo General de la Abogacía. (Foto: CGAE)

Por su parte, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, se muestra pesimista sobre la solución a estos conflictos que “pueden extenderse en lo que queda de año, con lo cual las pérdidas para nuestros despachos van a ser importantes, como también el ciudadano está notando la demora de asuntos que se colocan en el 2023 o 2026”.

Reunión telemática LAJs

En el caso de los LAJs, han tenido este miércoles una reunión telemática con  Manuel Olmedo secretario general técnico del Ministerio. Así lo confirma Carlos Artal, miembro de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y miembro del Comité de Huelga, y Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. El encuentro no ha servido para mucho.

Para Artal “es el momento de exigirles el cumplimiento del acuerdo que firmamos con ellos en marzo de este año tras nueve semanas de huelga donde se pactó una subida de 450 euros mensuales ante representantes de los ministerios de Hacienda y de Justicia. Un Gobierno en funciones no tiene por qué incumplir un acuerdo como el nuestro”.

Sobre este acuerdo aclara que “no requiere modificación de ninguna ley orgánica. Sabemos que es un acuerdo ejecutivo y que debe cumplirse lo antes posible. La situación podría extenderse hasta que tuviéramos Gobierno si al final sale alguno investido a final de año. De momento, en la reunión de este miércoles queremos conocer qué planes tiene Justicia sobre nuestro acuerdo”.

Para Ernesto Casado, “la situación política actual condiciona todo. Hay una incertidumbre generalizada sobre lo que puede suceder en los próximos meses en la Administración de Justicia. Desde antes del verano no tenemos noticias del Ministerio de Justicia. Ahora mismo lo que queremos en un escenario de interinidad que se va a alargar es saber qué va a hacer el Ministerio. Nuestro acuerdo está pendiente de resolver”.

A juicio de los LAJs, “la situación de Justicia es distinta ahora a la del mes de julio. Se presumía un cambio en la presidencia del Gobierno que no se ha producido. La reunión que hemos pedido es para saber a qué atenernos y cómo van a ir las cosas. Estamos convencidos que pese a la interinidad que viven pueden dar salida a nuestro acuerdo de mejora salarial cerrado en marzo de este año”.

Desde su punto de vista, “el acuerdo suscrito por nuestro colectivo con los Ministerios de Hacienda y Justicia no tiene ninguna justificación técnica para que no se ponga en marcha. Pese a que los planes de refuerzo no se han implementado en los juzgados para sacarlos del atasco que tienen, la labor de todos los profesionales que operan en ellos es encomiable y permite que sigan operativos en la actualidad”.

El pasado mes de julio, los LAJs hicieron un requerimiento al Ministerio de Justicia cuando vieron que el acuerdo no iba a cumplirse y el incremento no se iba a producir. “Es el paso previo a interponer una demanda judicial. No queremos judicializar el tema, pero prepararemos el terreno por si no puede lograrse una solución negociada. No nos vamos a quedar parados. Haremos todo lo necesario para que nuestro acuerdo se cumpla lo antes posible”.

Jueces reclaman el cumplimiento del acuerdo que firmaron

Desde las asociaciones de jueces firmantes de este acuerdo, magistrados como Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente y Jorge Fernández, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, creen que ha llegado el momento de nuevo de exigir el cumplimiento del acuerdo salarial de los jueces suscrito en mayo, tras una semana de intensas negociaciones y paralizado desde el Ministerio de Justicia.

Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente. (Foto: E&J)

Así, Portillo destaca que “sabemos que hay partidas presupuestarias asignadas y lo que hay que hacer es darle forma. Estando en funciones puede hacerlo el Ministerio porque es un gasto que ya tenían comprometido y no supone incremento de gastos. No entendemos por qué no se realiza, a no ser que haya razones políticas de por medio”.

Para este magistrado, “hay que darse cuenta que, en su momento, nosotros cumplimos con nuestra parte desconvocando la huelga como nos pidió el secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodríguez. Aceptamos un acuerdo económico que no era el ideal para intentar resolver este asunto, pero nos hemos encontrado, tras la convocatoria de elecciones de julio, con la negativa de Justicia a impulsar nuestro acuerdo salarial”.

Pese a estar el verano de por medio, reconoce que han mantenido conversaciones con los técnicos del Ministerio de Justicia, “tratando de que se cumpliera. Vemos que el plazo está a punto de cumplirse porque el incremento debería producirse en la primera nómina de octubre y nos hemos visto obligado a salir ahora a la palestra para que la carrera judicial y la sociedad en general sepa que reclamamos que el acuerdo se cumpla”.

Ambos magistrados son conscientes de que se avecina un otoño y fin de año muy complicado para la Administración de Justicia “no se han implementado los planes de refuerzo, la carga de algunos juzgados es inasumible y los problemas crecerán de forma notable. Cabe la posibilidad de repetir elecciones, con lo cual el acuerdo salarial nuestro podría estar suspendido sine die y es algo que queremos evitar”, apuntan.

Por su parte, Jorge Fernández señala que “tras la convocatoria electoral y la salida reciente del verano, reclamamos al Ministerio de Justicia que cumpla el acuerdo al que llegó con algunas de las asociaciones de fiscales y jueces que suscribieron el mismo. Al mismo tiempo hay que poner en marcha la formación de grupos de trabajo, así como este incremento retributivo del mes que viene, pero todo parece indicar que no se hará nada. El acuerdo debe cumplirse. Así lo exigimos y no hay excusas posibles para ello”.

Jorge Fernandez, portavoz de la AJFV. (Foto: E&J)

Desde su punto de vista, “la interinidad que vive el Gobierno desde hace algunas semanas no es excusa para que no se cumpla. Es algo ajeno a la voluntad del Gobierno entrante, que sea que el que sea tendrá que cumplirlo también, no hay obstáculo para que se pueda poner en marcha lo acordado con el desarrollo de algunas medidas concretas. Estamos pendientes de la reunión de los LAJs próxima para saber realmente qué va a hacer el Ministerio de Justicia”.

A su juicio, la situación política del país podría abocar al Gobierno actual a una interinidad mayor que cubriera todo lo que queda de este año 2023 e incluso repetir elecciones por no constituir Gobierno “sería otro medio año inactivo, un escenario donde los juzgados van a seguir colapsándose aún más. Pero insistimos que nuestro acuerdo salarial puede y debe cumplirse. En este momento estudiamos medidas de presión caso de que lleguemos a octubre y el acuerdo siga sin ejecutarse”.

Fiscales también a la expectativa

Las asociaciones de fiscales han hecho piña con las judiciales que suscribieron el acuerdo, todas menos la Asociación Profesional de la Magistratura. Ambos colectivos suscribieron un comunicado reclamando que el Gobierno cumpla con el acuerdo de mayo firmado y dejando la puerta abierta a medidas de presión si éste no se materializa.

Así lo explica Cristina Dexeus, presidente de la Asociación de Fiscales, asociación mayoritaria en el Consejo Fiscal, “por lo que vemos, el primer pago de la nueva subida en la nómina de octubre no tendrá lugar. Pese a la situación política actual con tanta incertidumbre y donde no está claro si habrá o no Gobierno, el actual Ejecutivo en funciones podría dar salida a nuestro acuerdo de subida salarial y otras reivindicaciones. Tras hablar con Manuel Olmedo en la apertura del año judicial hemos decidido salir a la palestra y reclamar de nuevo el cumplimiento de ese acuerdo a los Ministerios de Hacienda y Justicia”.

Cristina Dexeus, presidenta Asociacion de Fiscales. (Foto: E&J)

Dexeus nos recuerda que la partida presupuestaria ya está apartada y fijada “para hacer frente a los compromisos con jueces y fiscales. Es dinero que tienen para hacer frente a estos pagos, pero por el momento se encuentra inmovilizado. Si hay voluntad política, la solución puede resolverse de forma rápida en las próximas semanas. Desde poco antes de las elecciones no tenemos noticias del Ministerio de Justicia”.

Esta fiscal no oculta que este fin de año va a ser muy complicado para la justicia española. “Espero que Justicia se quite de encima nuestro acuerdo, resuelva también el acuerdo de los LAJs y dé una salida a las reivindicaciones de los funcionarios. No podemos estar otros seis meses con los juzgados paralizados. Todos los colectivos reclamamos lo que pactamos con el Ministerio, salvo los funcionarios que no han logrado cerrar acuerdo.

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), afirma que “nos sorprende que teniendo el dinero presupuestado no se haya ejecutado este acuerdo que hicimos el pasado mes de mayo. Parece que la idea de Justicia es llegar a un acuerdo con los sindicatos de justicia en primer lugar para luego abordar el nuestro y el de los LAJs. Se escucha que primero quieren resolver este tema de los sindicatos para luego abordar el nuestro con posterioridad”.

Salvador Viada, fpresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. (Foto: E&J)

Este planteamiento del Ministerio ha hecho que jueces y fiscales firmantes del acuerdo se hayan movilizado para exigir que el mismo se cumpla sin más dilación. “Esto es una vergüenza. Una cosa es que estén en funciones y otra cosa que no hagan nada. A partir del 1 de octubre, que es cuando deben pagar, si no pagan tendremos que empezar a iniciar acciones de presión y legales. Yo soy partidario de demandarles. Un Gobierno debe cumplir los acuerdos que firma”.

Desde su punto de vista, “pactamos una mejora salarial que no es la mejor posible porque creíamos que se cumpliría el acuerdo y así evitar un problema mayor en la Justicia, tras las huelgas de LAJs y funcionarios. Pero el problema es que no lo cumplen. Estar interinos no les exime de cumplir con sus responsabilidades contraídas con las asociaciones de jueces y fiscales. El deterioro institucional es importante y la credibilidad del Ministerio de Justicia está en sus horas más bajas”.