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Asociaciones de jueces y juezas sustitutos advierten: “La Comisión Europea pide al Gobierno que regularice nuestra situación”

Este viernes el ICAM acoge una jornada que tratará el inminente y necesario proceso de regulación de este colectivo

Lydia Polo e Inmaculada Galán son las dos presidentas de las principales asociaciones de jueces sustitutos y magistrados suplentes. (Imagen: E&J)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 6 min

Publicado




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Asociaciones de jueces y juezas sustitutos advierten: “La Comisión Europea pide al Gobierno que regularice nuestra situación”

Este viernes el ICAM acoge una jornada que tratará el inminente y necesario proceso de regulación de este colectivo

Lydia Polo e Inmaculada Galán son las dos presidentas de las principales asociaciones de jueces sustitutos y magistrados suplentes. (Imagen: E&J)



Más de un millar de jueces y juezas sustitutos (JJSS y MMSS) en España comienzan a vislumbrar una solución a su situación de precariedad y discriminación. La presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces y Juezas Sustitutos, Lydia Polo, y la presidenta de la Asociación de Jueces Concepción Arenal, Inmaculada Galán, confían en que la Comisión Europea instará al Gobierno español a regularizar esta injusta situación.

Este viernes, a partir de las 17:30 horas, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acoge una jornada organizada por dichas asociaciones, que analizará las vías de regularización de este colectivo según los estándares europeos. Eugenio Ribón, decano del ICAM, dará la bienvenida a los ponentes e invitados.



Denuncias y un precedente europeo que cambia el panorama judicial

Los acontecimientos se han precipitado a consecuencia de las denuncias interpuestas por ambas asociaciones ante la Comisión Europea, donde exponen de forma clara su situación de abuso en la temporalidad y precariedad laboral.



Esta situación, marcada por contratos temporales sucesivos durante décadas y un régimen de estrictas incompatibilidades, ha dejado a estos profesionales en una posición vulnerable y al margen de los estándares europeos.

El impulso definitivo llegó con la reciente publicación de la sentencia C-41/23 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconoce los derechos laborales de los jueces honorarios italianos. Según informó Economist & Jurist,   el fallo establece que la normativa italiana violaba las directivas europeas al permitir la concatenación de contratos temporales sin justificación, obligando a Italia a la estabilización de este colectivo.



Este precedente ha sido determinante en la inclusión de la Disposición Final Decimonovena nonies (nueva) en el proyecto de Ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia y que conduce, sin duda, a la estabilización del colectivo.

La jornada de este viernes centrará el debate en una propuesta de regularización que se ha incluido en el proyecto de Ley de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia. Expertos consultados señalan que esta reforma podría ser el principio del fin de la precariedad para los jueces sustitutos si se adapta a las directrices marcadas por Europa y el TJUE.

La Asociación de Jueces Concepción Arenal y la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes organizan este viernes en el ICAM una jornada que tratará en profundidad su inminente y necesario proceso de regularización. (Imagen: ICAM)

Llamamiento al respeto y la justicia

Desde las asociaciones de JJSS y MMSS, sus presidentas Lydia Polo e Inmaculada Galán, que durante años han liderado reivindicaciones basadas en la contraposición entre el Derecho interno que les es aplicable y el Derecho de la Unión, hacen “un llamamiento al respeto tanto de nuestro colectivo como de los más elementales principios de un Estado social y democrático de Derecho”.

“Europa ha hablado y el Estado español avanza hacia una debida solución por los cauces democráticos que nuestra Constitución prevé y garantiza, a la luz del Derecho de la Unión y de su debida interpretación y aplicación”, explica Lydia Polo en declaraciones a Economist & Jurist.

“Nosotros no pretendemos acceder por atajos ni puertas traseras. Que el mérito y capacidad que es demostrado año tras año por los JJSS y MMSS para ser nombrados, sea la guía para cumplir con los estándares europeos, y de conformidad con la jurisprudencia del TJUE”, añade la presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces y Juezas Sustitutos.

Inmaculada Galán, por su parte, señala que esa misma jurisprudencia ya está siendo “aplicada plenamente en otros países de nuestro entorno, como es el reciente caso de Italia, donde los jueces honorarios con competencias algo menores que las nuestras han puesto en marcha su proceso de estabilización tras el dictado de la sentencia de 27 de junio de 2024”.

Los JJSS y MMSS llevan luchando su discriminación en los tribunales durante años con poco éxito: “No contamos con un pronunciamiento del TJUE semejante por no haber sido planteada por los tribunales españoles una cuestión prejudicial”, destaca.

De hecho, solo “la Comisión Europea ha tenido conocimiento de nuestra situación a raíz de las recientes denuncias presentadas por nuestro colectivo, con el único fin de que el Derecho de la Unión sea correctamente interpretado y aplicado”, concluye Lydia Polo.

Debate en el ICAM

Tras la aprobación del Proyecto de Ley de eficiencia organizativa, que incluye una enmienda destinada a mejorar la situación de este colectivo, varias asociaciones judiciales han expresado su oposición, argumentando que estos profesionales no accedieron a la Carrera Judicial mediante oposición.

En este contexto, las presidentas Lydia Polo e Inmaculada Galán han agradecido públicamente el respaldo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Durante una intervención del ministro, en la que respondió a descalificaciones hacia el colectivo por parte de un diputado de Vox, Bolaños defendió: “Respete a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes que en este momento ejercen en España, dictando sentencias, autos y providencias y que lo hacen conforme a la ley. No le pido que conozca las sentencias europeas ni los requerimientos de la Comisión Europea, que nos exige regularizarlos bajo amenaza de sanción; solo le pido respeto hacia estos profesionales, miembros actuales de la Carrera Judicial que realizan su labor con total profesionalidad”.

El ministro Félix Bolaños ha salido a dar la cara por los jueces sustitutos ante los improperios de un diputado de Vox. (Imagen: Congreso de los Diputados)

El encuentro de esta tarde será el marco necesario para abordar el tema de la inminente regularización de los jueces y magistrados sustitutos que de forma improrrogable y por imperativo de la Unión se va a acometer a corto plazo de acuerdo con los estándares europeos.

En el evento participarán magistrados; representantes de las asociaciones judiciales; parlamentarios; y un eurodiputado del Parlamento y miembro del Consejo de Europa; así como un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para dar su visión del tema. Asimismo, la jornada contará con la generosa y apreciada asistencia telemática del presidente de la Magistratura Honoria italiana, cuya intervención arrojará luz sobre el Derecho de la Unión y su interpretación y debida aplicación en todos los países miembros.

Esta jornada está abierta a juristas y medios de comunicación interesados en conocer de primera mano la situación actual de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, así como las estrategias que España adoptará para estabilizar a este colectivo profesional.

Durante años estos profesionales han enfrentado abusos de temporalidad y condiciones laborales que no garantizan su independencia económica ni una adecuada protección social presente y futura. Según datos del CGPJ, a fecha de 1 de enero de 2024, el Poder Judicial español contaba con 5.416 miembros, de los cuales 913 son jueces y magistrados sustitutos, representando el 16,85% del total. De estos, el 74,2% son mujeres (677 mujeres y 236 hombres).

Estos profesionales firman aproximadamente una quinta parte de las resoluciones judiciales, a menudo en condiciones laborales que no cumplen con los estándares de la Unión Europea.

Operadores jurídicos consultados coinciden en que la reforma de la Justicia carece de medios humanos suficientes. Jueces y fiscales han solicitado mejoras en las plantillas debido a la elevada edad promedio y las próximas jubilaciones. Sin embargo, nadie se acuerda de los jueces sustitutos.

Lydia Polo señala que, tras la publicación de la Ley prevista para principios del próximo año, el Gobierno dispondrá de tres meses para elaborar un proyecto de ley orgánica que aborde la regularización de los jueces sustitutos. Esta medida busca solucionar la situación de aquellos que han encadenado contratos temporales durante 20 o 30 años, proponiendo su conversión a contratos indefinidos.

Sin embargo, el desafío radica en cómo implementar esta regularización. Inmaculada Galán destaca que existen diversas opciones, pero también una fuerte oposición por parte de algunas asociaciones judiciales respecto a la integración de los jueces sustitutos en la Carrera Judicial.

La jornada de esta tarde, presentada por Eugenio Ribón, va a aportar luz sobre cómo regularizar a este colectivo. (Imagen: Jueces Sustitutos)

¿Cómo se van a regularizar?

Lydia Polo subraya que en Italia se creó un cuerpo de jueces honorarios con carácter indefinido, a diferencia de España, donde los jueces sustitutos solo trabajan cuando son llamados, enfrentando, además, estrictas incompatibilidades que les impiden desempeñar otros empleos mientras esperan ser convocados. “Los jueces italianos están logrando su plena estabilización, a falta del último pronunciamiento europeo”.

La jornada de esta tarde será clave para analizar diferentes propuestas y explorar fórmulas de regularización que cumplan con los requisitos de la Comisión Europea.

Las presidentas rechazan que haya un conflicto entre jueces de carrera y jueces sustitutos y entre los jueces sustitutos y el CGPJ y el Ministerio de Justicia. Es un problema entre el Estado español, que no ha traspuesto la Directiva 1999/70 en plazo y lleva más de veintitrés años, y la Comisión Europea. La fórmula que se adopte tendrá que ser revisada por la propia Comisión Europea que tendrá la última palabra.