Ayuso recupera el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que la Comunidad de Madrid gestionará de manera directa

Unificar las sedes judiciales en un único espacio común como será en la parcela de Valdebebas que la Comunidad de Madrid tiene en propiedad y sobre la que se ubicará la Ciudad de la Justicia. El gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso Ayuso rescata el proyecto y ya trabaja en un anteproyecto que tendrá ultimado antes de fin de 2023 tras varios intentos frustrados. De todos los edificios previstos sólo se ha construido el destinado a albergar el Instituto de Medicina Legal, que nunca ha llegado a ocuparse.

Según ha podido saber Economist & Jurist, la Comunidad de Madrid construirá la Ciudad de la Justicia en el barrio madrileño de Valdebebas, a través de la licitación de un contracto de proyecto y obra y asumiendo el coste de manera directa a través de los presupuestos generales de la región.

Hay que recordar que hace unos meses se declaró desierta la última licitación para poner en marcha este proyecto. La Comunidad quería haber iniciado su construcción antes de las elecciones del 28 de mayo, pero ninguna constructora se postuló.

Hace ahora algo más de un año que la Comunidad sacó a licitación la construcción de la Ciudad de la Justicia. Díaz Ayuso retomó una iniciativa en la que ya trabajaron los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y que desechó Cristina Cifuentes en su llegada al gobierno madrileño.

Esta medida de Cifuentes ocasionó un largo proceso judicial que se acabó decantando en el Supremo en marzo del 2020 dando la razón al Gobierno madrileño frente a las constructoras litigadoras OHL y Acciona al no hacer suyo el contrato de concesión que su antecesor, Ignacio González, les adjudicó por 1.121 millones de euros.

En ese último contexto, el Gobierno de Ayuso inició entonces un procedimiento negociado sin publicidad con ACS y Acciona para que se hicieran cargo de construir las sedes judiciales y de explotar su concesión durante un máximo de 40 años a razón de unos 50 millones de euros anuales. Esta es la contratación que ahora está sobre la mesa de la licitación declaraba desierta el pasado mes de julio.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. (Foto: CAM)

La gestión directa supone, según Alberto Dorrego, socio responsable de derecho público de Eversheds Sutherland, el cauce adecuado para esas obras “mientras la gestión indirecta de las infraestructuras se hace mediante una concesión administrativa, como algunos hospitales de Madrid que ya están en marcha. En esa concesión una empresa construye unas instalaciones y después de dicha construcción las explota y percibe un canon por la explotación de las mismas”.

En el caso de los edificios judiciales parece más lógico que la gestión sea directa “porque no hay usuarios y sólo esos edificios y profesionales. Este tipo de gestión supone que la propia Administración regional es la titular de las obras y del servicio y lo que hace es licitar las obras con contratos de obras ordinarios. Eso hará beneficiaria de los ingresos obtenidos por la explotación de los servicios adicionales”.

A juicio de este experto, “los contratos de obra no suelen quedarse desiertos, sin embargo, los contratos discrecionales de pago por disponibilidad son más complejos y en ocasiones no hay licitadores porque no son financiados por parte de los bancos. Para hacer edificios judiciales parece mejor acudir a la gestión directa, como en este caso ha optado la Comunidad de Madrid. No es como una autopista o un túnel por el que cobras un peaje, estamos hablando de un servicio público”.

Al parecer, la Ciudad de la Justicia de Barcelona está realizada en un modelo concesional donde la colaboración público-privada sí ha funcionado. “Sin embargo, no es fácil ponerlo en marcha. En Madrid se va a hacer de forma más lógica, de acuerdo a los presupuestos generales madrileños. Tiene más sentido hacer la construcción de esa manera”.

Esta iniciativa se llevará a cabo en varias fases y supondrá una inversión total de 660 millones de euros hasta el año 2030. Desde la Consejería de Presidencia y Justicia se indica que la optimización de recursos y las nuevas instalaciones permitirán un importante ahorro, de más del 50% en los costes de servicio y alquileres.

El proyecto total actuará sobre una superficie de 236.475 metros cuadrados sobre rasaste y 198.711 metros cuadrados bajo rasante, repartidos en más de una decena de edificios, entre los que estarán en esta primera fase, en marcha durante esta legislatura, las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de la Audiencia Provincial de Madrid y de 105 juzgados de primera instancia.

La ubicación, por lo que nos han comentado, ya dispone de conexiones mediante transporte público que se aplicarán con la llegada de la línea 11 de Metro y su ampliación ya en obras y la puesta en marcha del intercambiador de Valdebebas.

Alberto Dorrego, socio responsable del área de Derecho.Público de Eversheds Sutherland. (Foto: E&J)

Reunificación de las sedes

Con este proyecto urbanístico, el Gobierno regional apuesta por la reunificación de las 28 sedes del partido judicial de Madrid, con 374 órganos jurisdiccionales que darán cabida a 33.000 personas diarias, entre empleados y profesionales de la justicia y ciudadanos para lograr una Administración de Justicia muy centrada en la persona, más accesible, eficiente y cohesionada en beneficio de los madrileños y los trabajadores.

El Gobierno madrileño arranca ya con la redacción del anteproyecto de las obras, en el que va a considerar las ideas que vengan de los operadores jurídicos. Ese anteproyecto estaría culminado antes de que acabara el año para abrir la licitación en primavera y adjudicar la obra durante el verano si no hay ninguna impugnación sobre dicha adjudicación. Impugnaciones que hasta ahora han impedido que se acometiera la construcción de este edificio judicial que quiere aglutinar a gran parte de la justicia madrileña.

La primera reacción de algunos operadores jurídicos es buena, aunque aún no conocen los detalles del proyecto. Para Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, “es una buena noticia para la abogacía y para toda la sociedad madrileña que la Comunidad de Madrid recupere el proyecto de la construcción de la Ciudad de la Justicia”.

Ribón, que ya mantuvo reuniones sobre este tema con la anterior viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, a primeros de este año, espera ahora conocer los detalles de la nueva iniciativa Esta concentración de órganos judiciales significaría, según aclara, “un ahorro de costes, una mayor eficiencia y, en definitiva, una justicia más útil y más próxima para el ciudadano”.

Por su parte, Alberto García, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, estudia si su colectivo tendrá una sede en dicha futura Ciudad de la Justicia. “Acabamos de estrenar sede en la capital de España. Todo se puede valorar. Pero es una buena noticia. Las grandes ciudades como Valencia o Barcelona tienen un edificio grande judicial. Es algo que se demanda hace mucho tiempo para que nuestra justicia se modernice y centralice con los nuevos tiempos”.

Desde su punto de vista, “es lógico que tenga una planificación esta obra tan grande para que pueda gestionarse de forma racional, pero hay que darse cuenta de que las dimensiones de Madrid son muy grandes. Es loable que el gobierno madrileño haya mantenido la idea de la construcción. Sin duda es una buena noticia para la Comunidad de Madrid y sus ciudadanos. Esperemos que este sea el proyecto definitivo y que se cuente con los operadores jurídicos en su construcción. Madrid necesita una ubicación mayor”.

Desde el TSJ de Madrid, su presidente, Celso Rodríguez, que hace unos días denunció la falta de jueces en los juzgados madrileños, prefiere no hacer declaraciones por el momento sobre esta iniciativa del Gobierno madrileño y convoca a sus declaraciones posteriores a la reunión que tendrá lugar a finales de mes de la Comisión Mixta de Justicia de la región que está integrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma “Ahí vamos a conocer el proyecto y podremos dar una valoración más adecuada”.

Eugenio Ribón, decano del ICAM y Alberto Garcia decano de los procuradores madrileños, partidarios de la Ciudad de la Justicia, en una foto reciente con Eva Torrecilla, decana graduados sociales Madrid. (Foto: ICAM)

Un proyecto por fases

Según han explicado desde la Consejería de Presidencia y Justicia a este medio, en cuanto a la estructura del proyecto, la fase primera dará comienzos a principio del 2025, con el inicio de las obras, incluida la organización perimetral de 155.400 metros cuadrados en superficie, espacio en que se ubicarán cuatro edificios, espacios comunes, cafeterías y áreas de descanso entra oras, zonas verdes y un parking público de 60.000 metros cuadrados, una de las peticiones demandadas por los profesionales.

Al mismo tiempo, se nos comenta que existe la previsión de crear diferentes aparcamientos subterráneos y los servicios propios de cada área específica. Esta fase y su construcción se entendería a lo largo del 2026.

Desde el Gobierno regional, a nivel de previsiones se estima que, en esta primera fase, se producirá el traslado a la Ciudad de la Justicia del TSJM, cuya sede actual se encuentra próxima a las dependencias del Tribunal Supremo y que pasará a ocupar unos 19.000 metros cuadrados en esta nueva ubicación.

Hay que resaltar que es el máximo órgano judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma madrileña, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, según el artículo 152.1 de la Constitución Española y de aquellas materias que exijan garantías constitucionales, competencia que corresponde al Tribunal Constitucional.

También en esta primera fase se reubicará en la parcela de Valdebebas donde se va a construir este gran complejo judicial, la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora se encuentra dividida en varias ubicaciones en capital de España. Cuenta en la actualidad con qui15nce secciones de lo Penal y 15 de lo Civil, dos de estas de Familia y una de lo Mercantil

Igualmente, a lo largo de esta legislatura desde la Consejería de Presidencia y Justicia madrileña se afirma que se producirá el traslado de los 105 juzgados de primera instancia ahora dispersos por la capital. La Comunidad de Madrid cuenta con 130 Juzgados de Primera Instancia algunos de ellos especializados en materias concretas, como son familia, capacidad de las personas y tutelas, asuntos hipotecarios y laudo y arbitrajes.

En cuanto la fase segunda, las previsiones señalan que arrancaría a finales de esta legislatura. En ella se van a levantar dos edificios judiciales para albergar el resto del Orden Civil, compuesto por 19 juzgados de lo mercantil, 49 de lo Social y 34 de lo Contencioso Administrativo, con sus aparcamientos subterráneos y servicios propios.

Por su parte, las fases 3 y 4 quedan encuadrada en la próxima legislatura que abarcará entre el 2027 y el 2031. Supondrá la finalización de tres edificios para Penal, donde se ubicarán 54 juzgados de instrucción, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete de Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria con sus aparcamientos y servicios propios. Al mismo tiempo se ubicarán otros espacios como Fiscalía, Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares.