Bruselas examinará la legislación española sobre reconocimiento de penas y garantías procesales

Las autoridades comunitarias advierten de que si las normas estatales no se ajustan al derecho de la Unión, podrán adoptar «las medidas necesarias» para corregir los problemas que se detecten «incluidos los procedimientos de sanción»

El anuncio de la Comisión Europea se produce en respuesta a una pregunta de la eurodiputada vasca, Izaskun Bilbao, que, en colaboración con el grupo de EAJ-PNV en el Senado, llevó este asunto a la mesa del Ejecutivo comunitario desde que, a finales de 2014 se iniciasen las reformas legales en España para trasponer este paquete legislativo europeo.
El objetivo de las mismas, a juicio de los jeltzales, es «tratar de incumplir los principios sobre reconocimientos de penas establecidos por una normativa comunitaria que fue en su momento aprobada por el gobierno estatal». «Los posicionamientos realizados hasta la fecha por las autoridades comunitarias coinciden con el punto de vista del PNV», ha destacado Izaskun Bilbao.

En las preguntas de la vicepresidenta de ALDE sobre este asunto se hace igualmente referencia a algunos fallos judiciales que aplican estas reformas legales, que «dibujan inquietantes dudas sobre la independencia del poder judicial en España». «En este caso, los fallos se producen siempre por exiguas mayorías en las salas que los emiten y pese a que los magistrados que las firman son perfectamente conocedores de que la Comisión Europea considera obligatorio reconocer las penas cumplidas en otros estados», indica la eurodiputada.

Por ello mismo, los votos particulares que se oponen a estas sentencias aluden «precisamente a la necesidad de comprobar que las reformas efectuadas cumplen las normas comunitarias». Por el momento estas sentencias están obligando a repetir condena a varios ex miembros de ETA que ya habían saldado cuentas con la justicia por los mismos delitos en prisiones francesas.

En un comentario publicado en su blog, Bilbao señala que «a la vista de estos posicionamientos comunitarios, sigo sin entender cómo los magistrados del Tribunal Supremo que apoyan estas sentencias no obran con una mínima prudencia y utilizan mecanismos como el de la cuestión prejudicial para no tomar decisiones de las que luego tengan que avergonzarse».