Nueva petición para poder expulsar a los okupas en 48 horas

Según datos aportados por el Gobierno de España a una pregunta parlamentaria planteada por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, el año 2021 cerró con 17.274 delitos y faltas relacionados con la okupación de viviendas. Esta cifra supera en 5.000 delitos las 12.214 okupaciones con las que terminó 2018. Ante la magnitud del problema, cada vez son más las voces que piden soluciones urgentes y definitivas para evitar la okupación ilegal de viviendas. La última ha sido la del Gobierno de la Comunidad de Madrid por boca de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

En un desayuno del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero ha defendido la necesidad de que se modifique el Código Penal. A este respecto, ha señalado que esta es “una modificación que ya ha propuesto el Partido Popular” que “pasa por invertir los principios”. “Hasta ahora, el sistema exige al propietario de una vivienda ocupada que pruebe, que demuestre, que es suya. Hagamos lo contrario. Hagamos que aquel que no tiene documentos, que no tiene ninguna razón que justifique su presencia en una vivienda, tenga que acreditar en 48 horas que tiene un título, un consentimiento, un derecho, algo, para ocupar esa vivienda. Si no lo presenta, será desalojado de inmediato”, ha propuesto.

En el marco de esta propuesta, López ha señalado que “el ocupa pelee en el ámbito civil, como tiene que hacer hoy el propietario, para demostrar su derecho a ocupar esa vivienda”. “Esto es un cambio legislativo de tres artículos que cambia por completo el paradigma de la ocupación. Un Gobierno serio y responsable debería darse cuenta de que la ocupación es un acto ilícito que lesiona el derecho a la propiedad, que es básico en una democracia liberal”, ha sentenciado.

La propuesta del consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está en línea con la de otros partidos políticos de diversas ideologías, que también han presentado iniciativas tendentes a evitar las okupaciones de viviendas. Así, por ejemplo, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) registró el pasado mes de mayo una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las okupaciones ilegales.

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. (Foto: Leonoticias)

Proposición de Ley

La Proposición de Ley, que va a ser debatida en la Cámara Baja, está enfocada en tres aspectos. El primero, que los okupas puedan ser desalojados en 48 horas; segundo, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y, tercero, que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.

En el texto se llama especialmente la atención sobre la acción de las mafias que okupan pisos. “En relación a la ocupación ilegal de viviendas consta la aparición de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de manera reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre la problemática para disfrazar actuaciones ilegales con motivaciones diversas”.

Según la Proposición de Ley, a la acción de las mafias se une que “ninguno de los cauces legales actualmente previsto en la vía penal, para procurar el desalojo de la ocupación de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demoran temporalmente de forma extraordinaria, con los consiguientes perjuicios d ellos legítimos titulares de la vivienda”.

Esta no es la primera vez que se debata un texto de estas características en el Congreso de los Diputados. En enero de 2019, el PP presentó una Proposición de Ley contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, pero no llegó a ser debatida.

Posteriormente, en julio de 2020, el PP registró una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. En la norma se hacía especial incidencia en el combate a las mafias organizadas. La proposición fue debatida en 2021, pero no agrupó los apoyos suficientes para ser aprobada.

Ante la dificultad que parece existir para que haya cierto consenso político que ayude a solucionar este problema, desde la Judicatura intentan poner algunas soluciones. Este ha sido el caso de la Comisión Provincial de Policía Judicial de Madrid, que ha acordado que desde el 1 de mayo de 2022 se pueden celebrar juicios rápidos por delitos leves de usurpación de viviendas en la comunidad madrileña, de manera que el juzgado de guardia será el encargado de enjuiciar delitos leves de usurpación con carácter inmediato. Esta medida se toma con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta actuales. Los juicios rápidos permiten agilizar los trámites cuando es la Policía quien descubre el presunto delito.

Por su parte, la abogacía española, muy concienciada con el problema de la okupación, se ha dirigido incluso a Bruselas para exponer la situación que se vive en España en torno a esta cuestión. Un grupo de abogados españoles participó el pasado 21 de abril en una audiencia del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para instar a las instituciones europeas a que actúen para frenar el fenómeno okupa y solucionar lo que consideran que es una “desprotección de la ciudadanía” evitando la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular, del derecho de propiedad.

María Pastor, decana del ICAMAT. (Foto: ICAMAT)

Preocupación en la abogacía

La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, expuso ante el Parlamento Europeo que estas actuaciones suponen una vulneración de la protección de la propiedad, derecho recogido en el citado artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “(…) Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general”.

La decana y consejera del Consejo General de la Abogacía Española explicó que la ocupación se realiza por individuos o grupos de delincuencia organizada, que actúan de forma planificada y por encargo, con una finalidad lucrativa y, aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad económica a las que se les ofrecen “derechos” sobre el uso de la vivienda, a cambio de dinero o la distribución y tráfico de drogas en esas viviendas, generando un gravísimo problema para las comunidades de vecinos que sufren el deterioro de convivencia que ello comporta.

María Pastor pidió una investigación en nombre de la abogacía, de varias plataformas ciudadanas y de un grupo de juristas que representan un sentir mayoritario de la ciudadanía “para constatar vulneraciones de estos derechos fundamentales”.