Calviño negocia con la AEB medidas para los deudores hipotecarios a espaldas de los representantes de los consumidores

“Nos hemos enterado por los medios de comunicación de que la vicepresidenta Calviño negocia con la patronal bancaria AEB unas ayudas para los deudores hipotecarios y que se quieren aprobar en el Consejo de Ministros de este martes”.

Así explica Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) la situación actual en la que Gobierno y entidades bancarias negocian desde el pasado mes de septiembre de forma unilateral dichas ayudas sin contar con los representantes de los consumidores para mitigar la subida de los tipos de interés provocada por el Banco Central Europeo, que encarecen las hipotecas.

En el código de buenas prácticas de la banca se considera vulnerable a quien ingrese menos de 24.300 euros. Pero el Gobierno quiere ir más allá e incluir a la clase media con problemas para asumir los pagos ampliando el concepto de consumidor vulnerable.

Reuniones entre el Ministerio De economía de Nadia Calviño, y la AEB patronal bancaria, con Alejandra Kindelan, tercera por el fondo se vienen sucediendo estos últimos meses (Foto: EP)

Al parecer tanto Gobierno como patronal bancaria descartan la medida planteada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz de congelar las condiciones de las hipotecas.

También las asociaciones de usuarios alertan del riesgo de incluir solo a vulnerables. Así, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, un acuerdo de mínimos porque los vulnerables solo representan unas 200.000 hipotecas de los ocho millones que hay firmadas.

El Banco de España calcula que casi un 14% de las familias hipotecadas tendrá una carga financiera elevada por la subida de tipos.

“La actitud de la ministra roza el despotismo ilustrado. Se abordan una serie de medidas para mejorar la situación de los consumidores vulnerables y deudores hipotecarios pero sin contar con ellos”, conviene Balluguera.

En su opinión, “este es un tema esencial en el que deberíamos ser oídos porque tenemos propuestas que plantear, no queremos más plazo sin pagar amortización, pero pagando intereses, ese es el revolving blando de las moratorias convencionales, queremos reestructuración de la deuda, limitación en la subida de los intereses remuneratorios, o sea cláusula techo en beneficio de las personas consumidoras y, en los casos más difíciles, suspensión en el pago de la cuota sin pagar intereses remuneratorios durante la carencia”, prosigue este experto”.

Por lo que se ha traslucido tras las últimas reuniones entre AEB y ministerio de Economía se baraja otra moratoria hipotecaria y previsiblemente reducción en el pago de cuotas hipotecarias.

Carlos Ballugera, presidente del CCU, cree necesario que se escuchen las propuestas de los consumidores en esta negociación entre banca y Gobierno (Foto: CCU)

Se trataría, según comentó Calviño, tras una reunión este viernes con la comisaria europea de competencia Vestager, no es solo ampliar el Código de Buenas Prácticas al que se adscribieron los bancos en 2012, sino lanzar un nuevo código, una especie de ‘código dos’, que ayude a hipotecados no tan acuciados, pero que puedan sufrir dificultades en el futuro.

“La primera medida seria para las personas vulnerables y la segunda de una forma más amplia para las clases medias de nuestro país, pero no han pedido la opinión del CCU ni de las asociaciones representativas que somos quienes mejor conocemos el problema por nuestro contacto con los consumidores”, aclara Ballugera.

Para la clase media lo que se está negociando con los bancos es alguna fórmula encaminada a aplanar la cuota que se paga por las hipotecas mediante un alargamiento de los plazos de amortización.

En cuanto a los consumidores vulnerables, una de las principales medidas es la de incorporar nuevos plazos de carencia al código de 2012, al que se adscriben de forma voluntaria los bancos para su aplicación de manera obligatoria.

Calviño indicaba en una comparecencia entre los medios de comunicación que el Gobierno está «trabajando intensamente con las entidades financieras». «Esperamos que en las próximas horas lleguemos a un acuerdo con el fin de adoptar las medidas en el próximo Consejo de Ministros», dijo. Las negociaciones con los bancos transcurren en un clima «constructivo», añadió.

De hecho la idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que las nuevas medidas del citado acuerdo entrasen en vigor el próximo uno de enero de 2023. Para que eso ocurra, es necesario que se aprueben en el Consejo de Ministros del martes o en el de la próxima semana, ya que la fórmula elegida será la del real decreto-ley, que debe ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso.

Al parecer, sobre la mesa está la propuesta de los bancos que se está debatiendo en estos momentos, consistente en aplicar una carencia de dos años del pago del capital del préstamo siempre y cuando la carga financiera represente más del 50% de los ingresos de la unidad familiar.

Las medidas de apoyo adicionales podrían activarse en caso de que la cuota hipotecaria suba un 20%, frente al 40% planteado anteriormente. La vida de los préstamos también se podrá ampliar sin superar los 40 años.

Otro aspecto en discusión es el posible incremento de la renta a partir de la cual se activa la ayuda los vulnerables.

«La idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que las nuevas medidas del citado acuerdo entrasen en vigor el próximo uno de enero de 2023″ (Foto: EP)

Carta de queja a Calviño

Esto ha hecho que el propio Ballugera haya dirigido una carta a Nadia Calviño mostrándole su sorpresa ante dicha forma de actuar.

Reclaman la participación inmediata en esa mesa de diálogo, algo parecido a lo que ha hecho la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que ante las medidas tomadas por el Gobierno sobre la crisis energética está manteniendo distintas reuniones con los principales operadores, siendo escuchada la voz del CCU en algunas de esas reuniones de trabajo.

En dicha misiva, a la que ha tenido acceso Economist & Jurist, se señala que la situación viene ya con un peligroso precedente como fue el alargamiento de las moratorias en la etapa de la Covid-19.

Eso mismo paso con las moratorias de crédito en los momentos peores de la crisis Covid, cuestión que se recuerda en dicho escrito señalando que :“La interlocución exclusiva de tu Departamento dio lugar a una falta de prórroga de las moratorias legales, pese a la insistencia del CCU en esa prórroga, y dio lugar, a una mala regulación de las moratorias convencionales que primó casi en exclusiva los ingresos de la banca, uno de los pocos sectores económicos privilegiados que, a través de las moratorias convencionales, siguieron generando sus ingresos como si no hubiera crisis».

“Al final nos enteramos por el BOE de dichas medidas que se han implementado con escasa fortuna”, destaca.

De hecho, en declaraciones a este medio recuerda el presidente del CCU que “ese escenario produjo un potente aumento de sus beneficios durante 2021 y 2022, o que ha llevado al Gobierno a proyectar un impuesto a los beneficios bancarios que mitigue esa manifiesta desigualdad.”

A su juicio, poner el impuesto a la banca está bien. Sin embargo, este medio tiene noticias que ahora no parece seguro que el Gobierno vaya a aprobar la medida pese al debate abierto.

“Nos congratulamos de esa medida que, por otro lado, se hubiera podido evitar con unas moratorias que hubieran respetado los intereses de las personas consumidoras en la misma medida que los de los bancos. Creemos que la falta de diálogo con el CCU dio lugar a aquella mala regulación”, se indica en esa carta.

Ballugera aclara a este periodista que las personas consumidoras somos las primeras preocupadas por la actual situación económica, en concreto en el coste de las hipotecas y las trabas de los bancos a cambiar, ante la solicitud de los deudores, la hipoteca variable por la fija.

Desde el CCU se valora el papel del Gobierno de querer ayudar a los consumidores más vulnerables “pero nos preocupa que sólo se hable con una parte, como se hizo con las moratorias. Esa falta de dialogo, ya lo he dicho, está en la raíz de los problemas que estamos “denunciando”, destaca dicha carta.

En su opinión, “las ayudas del Gobierno son bienvenidas, pero éstas, en una sociedad democrática, necesariamente tienen que contar con la voz de los consumidores expresada por ellos mismos y sus legítimos representantes”, como señala dicha carta.

Desde esta perspectiva este dirigente recuerda que corresponde al Consejo de Consumidores y Usuarios llevar la voz de los intereses económicos y sociales de las personas consumidoras hasta tu Departamento.

“Las personas consumidoras queremos participar en ese diálogo con los acreedores hipotecarios, por ello te pido que el Consejo forme parte de esa negociación con la banca y el Gobierno”, aclara nuestro interlocutor.