Carlos Lesmes: «El buen funcionamiento de la Justicia es determinante para la confianza de empresas e inversores y de ello depende el desarrollo del conjunto del país»

En su discurso en el acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha destacado el papel de la Justicia «como factor de prosperidad y de progreso económico».

En este sentido, ha concluido que «el buen funcionamiento de la Justicia es determinante para la confianza que demandan ciudadanos, empresas e inversores a la hora de tomar sus decisiones y apuestas de futuro. De ello depende, en gran medida, el desarrollo del conjunto del país.»

Así pues, «la incertidumbre es uno de los factores que de manera más nociva incide en la inestabilidad económica de una sociedad. La ausencia de previsibilidad impide un cálculo solvente de riesgos y, consecuentemente, obstaculiza un crecimiento económico sostenido. En este contexto, el concepto de seguridad jurídica adquiere una importancia capital, propiciando un escenario de certeza en el que la adopción de decisiones empresariales y económicas se vea avalada por un marco decisorio razonablemente cognoscible.

Una Justicia ágil y previsible, con criterios claros y comprensibles, adecuadamente cohonestada con todas las Administraciones implicadas y en la que se fomente el empleo de medios alternativos de resolución de conflictos, debe ser un objetivo ineludible para un país que quiera crecer y progresar racionalmente.

Un país que ofrece niveles óptimos de seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y empleo. Puede decirse, sin riesgo de exageración, que el sistema jurídico-procesal no es únicamente un marco, sino una verdadera infraestructura para la inversión y el crecimiento económico. Así nos lo vienen recordando, desde hace años, instituciones tan solventes como el Banco Mundial.»

Posteriormente, el presidente del Alto Tribunal, ha enunciado los datos de litigiosidad y estado de nuestros juzgados y tribunales, incidiendo en los esfuerzos llevados a cabo por parte de la administración para mejorar y dotar a nuestra justicia de mejores recursos. En este sentido ha afirmado, «que la Administración de Justicia ha de ser dotada de los medios materiales y personales de que precisa, lo que ha de ser reclamado de las Administraciones competentes no como una reivindicación corporativa o interesada de quienes formamos parte de ella, sino como uno de los ejes que han de permitir que nuestro Estado de Derecho quede definitivamente vertebrado».

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