Caso Koldo: Santos Cerdán y el jefe de gabinete de Montero podrían enfrentarse a penas que van desde los dos a los seis años de cárcel

De lo declarado, hasta el momento, por Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la ‘trama Koldo’, «en el caso del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Carlos Moreno, se ve un claro delito de cohecho e incluso eventualmente en concurso medial con un delito de tráfico de influencias». Así lo declara a Economist & Jurist el abogado penalista Miguel Durán, socio director de Durán & Durán Abogados, preguntado por su análisis de lo conocido hasta el momento. Unos delitos por los que «se podrían enfrentar a penas que van desde los dos a los seis años», apunta.

En cambio, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también señalado por De Aldama, este penalista no lo ve, «al menos todavía, metido en este baile». «El jefe del Ejecutivo ha sido citado muy colateralmente en relación a lo que sería el delito de cohecho y sólo tendría, pero de forma muy traída por los pelos, una implicación en términos de tráfico de influencias», razona Durán.

Eso sí, destaca que estando salpicada por casos de corrupción su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón; y el Gobierno, no es de recibo que Sánchez siga estando al frente del Ejecutivo. «En países de nuestro entorno sería impensable que se mantuviera un presidente con semejante escenario», declara.

El abogado Miguel Durán, , socio director de Durán & Durán Abogados, en el plató de Economist & Jurist. (Foto: E&J)

Por su parte, el letrado penalista Víctor Ávila considera que todavía estamos en una fase muy prematura para conocer el nivel de implicación de Pedro Sánchez. «El delito de cohecho, por sus características, es muy difícil de probar y para ello debemos tener en cuenta la condición de aforado del presidente del Gobierno, por lo que no será suficiente con las meras declaraciones de Aldama. Tendrá que demostrar que el presidente solicitó, aceptó o recibió comisiones por la concesión de los contratos de las mascarillas. Para ello, deberá aportar conversaciones privadas, las que tendrán que acreditar su validez, grabaciones que incriminen directamente al presidente del Gobierno o movimientos bancarios que acrediten todo lo anterior», declara a este diario.

Respecto del delito de tráfico de influencias, Víctor Ávila señala que «habría que valorar si realmente el presidente utilizó su cargo para influir en otros funcionarios y beneficiar a las empresas de Aldama. Como, por ejemplo, ese informe policial realizado por la UCO en el que José Luis Ábalos le confirmó a Javier Hidalgo que le había llamado el 1, refiriéndose a Pedro Sánchez, para intervenir directamente, en la decisión del rescate de Air France por 475 millones, previa intervención de Aldama». «Una vez más habrá que probarse la participación del presidente del Ejecutivo con documental que acredite tales afirmaciones. No debemos olvidar que como cualquier ciudadano, Pedro Sánchez tiene derecho a la presunción de inocencia», concluye.

La Fiscalía ha avalado la credibilidad del relato de Víctor de Aldama y por eso solicitó su puesta en libertad en tiempo récord, y el investigado salió de prisión pocas horas después de su declaración ante el juez instructor del ‘caso Koldo’, Ismael Moreno. 

Preguntado Miguel Durán sobre si desde el punto de vista de la prueba, el testimonio de un investigado es base o representa material probatorio suficiente para incorporar a Cerdán y a Moreno a la investigación, señala que «si el Ministerio Público quiere, el juez debería extender la investigación a estas personas». Por tanto, afirma que «la pelota está ahora en el alero del Ministerio Público».

El abogado penalista Víctor Ávila, con despacho propio en Madrid. (Imagen: E&J)

«Si en el Ministerio Fiscal son muy mirados a la hora de valorar el testimonio del investigado, Víctor de Aldama, a lo mejor prefieren esperar a que aporte algunos elementos probatorios más contundentes», indica Durán. No obstante, a juicio de este letrado, «debería pedir, si no lo ha hecho ya, que estas diligencias se extiendan también a averiguar si efectivamente Carlos Moreno Medina y Santos Cerdán tienen la implicación en todo esto que dice Víctor de Aldama». 

«El Ministerio Público no tiene más remedio que pedir que se extienda la investigación a ambos, sobre todo si como se presume y se espera, Aldama aporta pruebas de lo que dice», sostiene. 

Lo declarado por De Aldama 

En su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional (AN) el pasado jueves, Víctor de Aldama aseguró que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 650.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 300.000 al que fuera asesor de éste, Koldo García. 

De esas cantidades relativas a Ábalos, 250.000 serían comisiones por la venta de las mascarillas y los otros 400.000 euros a lo largo del tiempo. En el caso de Koldo, cerca de 100.000 euros también habrían sido por el material sanitario, mientras que le habría dado otros 200.000 euros a lo largo de su relación, siempre según el empresario.

De Aldama quedó el jueves por la noche en libertad con medidas cautelares tras su declaración ante el juez de la AN Ismael Moreno, en la que declaró que Sánchez pidió conocerle y afirma que pagó comisiones a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. (Imagen: RTVE)

También sostiene que la trama entregó 25.000 euros a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los investigados habrían acudido a éste para que ese departamento aplazase una deuda de una de las compañías de De Aldama. 

Asimismo, el empresario ha asegurado que Moreno dijo que tenía que hablar con su jefa para realizar esa gestión, que presuntamente llegó a ejecutarse. Fue entonces cuando Koldo habría reclamado al empresario tener un detalle con Moreno, instando a la entrega de esa cantidad. 

De Aldama detalló que Koldo se reunió con Moreno frente al Ministerio de Hacienda a tomar un café. Este último le habría facilitado un sobre con los 25.000 euros. También de acuerdo a su declaración, el propio Koldo habría pedido para el presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, 50.000 euros. 

Asimismo, en su declaración, explicó cómo inició su relación con Koldo, de quien asegura que llegó al Ministerio de Transportes por indicación del presidente del Gobierno. También dijo que la foto que se hizo con el presidente del Gobierno fue a petición del propio Pedro Sánchez, a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México, e implicó al jefe del Ejecutivo en la visita frustrada a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020.

Sánchez afirma que las declaraciones de De Aldama son «categóricamente falsas», a lo que éste respondió que tiene pruebas de todo lo que ha dicho: «Obviamente, si no, no lo diría», declaró a su salida del centro penitenciario de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional por otro caso relacionado con un fraude de hidrocarburos. (Imagen: RTVE)

Su testimonio, de más de horas, estuvo repleto de detalles y asegura que tiene pruebas de todo. Incluso él se ha autoinculpado de delitos en su declaración.  Ha reconocido que cobró 5,5 millones de euros por intermediar en diversos contratos públicos de mascarillas en pandemia.

El caso recuerda a la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013 ante la Audiencia Nacional, cuando relató con todo lujo de detalles cómo pagaba sobresueldos a la cúpula del PP. 

En cuanto a Ábalos, el Tribunal Supremo acordó a principios de este mes asumir la investigación de la actuación de éste en la causa iniciada por la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, al apreciar indicios de varios delitos contra él en la exposición razonada remitida por el magistrado Ismael Moreno.

La Sala de lo Penal concluyó que “los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación”.

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