Catalá anuncia una reforma del Estatuto fiscal para que los fiscales instruyan causas penales

También se sustituirá la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal por un nuevo Código Procesal.

Rafael Catalá anunció el pasado jueves en el Congreso de los Diputados dos reformas que deberán abordarse en paralelo con el acuerdo y la conformidad mayoritaria de las fuerzas políticas y de los colectivos implicados. Una de estas reformas es  estatutaria, para impedir que los jueces puedan recibir instrucciones verbales por parte de sus superiores, entre otras medidas; y la otra tiene carácter procesal, que sustituirá la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data del S.XIX, por un moderno Código Procesal.

La primera de ellas, la reforma del Estatuto de los Fiscales, preverá que las órdenes sean dadas por escrito y las de carácter general serán publicadas en un diario oficial. Además, se otorgará un mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de fiscalía, y se regulará el mérito y capacidad para acceder a los puestos discrecionales. Como ha subrayado el Ministro de Justicia en sede parlamentaria, «los cambios irán dirigidos a conciliar el principio de autonomía con el de unidad de actuación como garantía de seguridad jurídica, en el que se remarque su imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley».

La segunda reforma, la procesal, significará la sustitución de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que data del S.XIX, por un nuevo Código Procesal, por lo que se dejará atrás «el tradicional sistema inquisitivo para implantar de manera definitiva el modelo acusatorio, otorgando todo el protagonismo procesal al juicio oral, que es donde deben practicarse las pruebas». Con esta reforma se pretende conseguir una mejoría de las garantías de defensa y una simplificación de los procedimientos y recursos.  También se preve crear un procedimiento especial para la investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores de edad en determinados supuestos especialmente graves. En este aspecto, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del poder Judicial, defiende que sean los fiscales los encargados de investigar los delitos, pero siempre «con suficientes garantías”, pues el fiscal debe asumir la investigación penal, pero siempre “con el control de garantías del juez».