Catalá no descarta una subida de las tasas que aún se mantienen para empresas, pymes y ONG’s

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. “Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales”, ha insistido.

Sobre la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas entre los operadores judiciales a partir del próximo 1 de enero, el ministro reconoce la existencia de “inquietud” en el sector por el hecho de que el plazo lo haya fijado la Ley, lo que lo convierte en algo de obligado cumplimento.

“Lo que nos está pasando es que los profesionales del mundo de la justicia somos todos ciudadanos digitales, utilizamos las tecnologías en nuestra vida cotidiana, compramos por Internet, mandamos correos, mandamos archivos electrónicos como cualquier ciudadanos del año 2015 y cuando vamos a trabajar, llegamos al juzgado y nos dejamos al ciudadano digital en la puerta y entra el funcionario del siglo XIX”, explica Catalá.

Por ello cree que la entrada en vigor de la ley no supondrá más que “convertir, dentro de la oficina digital, lo que es normal en la sociedad española”. Apunta además que las tecnologías están en proceso de implantación en los juzgados desde hace años, que en 2015 se ha redoblado el presupuesto de la Justicia hasta 51 millones para dedicarlo a cuestiones tecnológicas y el año próximo se ampliará esta dotación.

Preguntado sobre qué se hará con el papel acumulado todos estos años Catalá ha explicado que hay que custodiarlos, si bien en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se ha incorporado un artículo que habilita a las Administraciones Públicas, comunidades autónomas y al Estado a llevar a cabo lo que se denomina el expurgo, de los documentos, es decir, la destrucción de los que ya no estén vigentes.

“Lo que hemos hecho ha sido agilizar esa operación que lleva a la destrucción de muchos documentos que se refieren a procesos que están terminados, que ya están superado un plazo que impide que haya ningún tipo de recurso, evidentemente”, señala.

Se archivarán como “elementos históricos” los que “por su naturaleza tiene algún carácter singular”, pero todos los procedimientos ordinarios se irán destruyendo. “Creo que también ganaremos en mucha eficacia y no tendremos el coste, que en muchas veces es un coste altísimo, de alquiler de almacenes para tener guardados papeles que no tiene ningún valor”, apunta el titular de Justicia.