Catalá propone la mediación entre banca y afectados por la cláusula suelo para no colapsar los juzgados

Antes de participar en unas jornadas sobre la responsabilidad penal de las empresas, Catalá ha expuesto que, de recurrir a la vía judicial, la carga de trabajo se multiplicaría por dos ya que los tribunales en el orden civil reciben una media de millón y medio de asuntos anuales, y generaría problemas de carga de trabajo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en la creación de un sistema de resolución de conflictos extrajudicial para que entidades financieras y ciudadanos puedan alcanzar acuerdos si necesidad de recurrir a los tribunales, en relación con la sentencia de la justicia europea que obliga a los bancos a devolver lo percibido por las cláusulas suelo.

Con la resolución del Tribunal Superior Europeo de la Unión Europea (TSJUE), cerca de un millón y medio de ciudadanos podrían reclamar dichas cantidades y, aunque la solución judicial es, en palabras del ministro, «un derecho que siempre está ahí», se va a intentar «desjudicializar el conflicto» para evitar el colapso en los tribunales.

Antes de participar en unas jornadas sobre la responsabilidad penal de las empresas, Catalá ha expuesto que, de recurrir a la vía judicial, la carga de trabajo se multiplicaría por dos ya que los tribunales en el orden civil reciben una media de millón y medio de asuntos anuales, y generaría problemas de carga de trabajo.

«Vamos a trabajar para encontrar una alternativa extrajudicial porque me consta que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación y me consta también que las entidades financieras quieren resolver este asunto de manera rápida, ágil y sin necesidad de dilatar los tiempos en un proceso judicial», ha apuntado Catalá.

El Tribunal de Justicia de la UE falló el pasado mes de diciembre a favor de los perjudicados por las cláusulas suelo obligando a los bancos a devolver todo lo percibido no únicamente a partir de mayo de 2013, como pretendía el Supremo. Según los cálculos del Banco de España, el impacto que esta sentencia tendrá en los bancos que se puedan ver afectados excederá por poco los 4.000 millones de euros.