La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en relación con la propuesta de modificación del actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, quiere manifestar lo siguiente:
- Todo Estado de Derecho democrático se asienta necesariamente en el escrupuloso respeto a las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, empezando por su Norma Fundamental, la separación de Poderes y la seguridad jurídica.
- Como tiene señalado nuestro Tribunal Constitucional , “la exigencia del art 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas”. La “certeza del Derecho” y la previsibilidad son manifestaciones del principio de seguridad jurídica.
- El sistema de elección de los miembros del CGPJ se viene aplicando de manera ininterrumpida desde el año 1985, de manera que pretender su cambio, por razones estrictamente políticas, atenta contra el mencionado principio de seguridad jurídica, provocando, como también tiene dicho el Tribunal Constitucional “perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cual sea el Derecho aplicable”.
- Si, a partir de ahora y en el futuro, el Gobierno de turno, con el apoyo, en segunda instancia, de la mayoría absoluta del Parlamento, puede modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, además de su dudosa constitucionalidad, la ciudadanía y los operadores jurídicos no sabremos nunca a qué atenernos, poniéndose además en gravísimo riesgo la percepción general sobre la necesaria independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, siendo evidente que sin separación de Poderes no puede haber Estado de Derecho.
- Los abogados y abogadas somos quienes tenemos que hacer valer ante los jueces y tribunales los derechos de los ciudadanos, entre otros frente a las posibles arbitrariedades de la Administración, y difícilmente podremos ejercer adecuadamente esa defensa si nuestros defendidos, además de no saber qué norma se les puede aplicar en cada momento, tienen la percepción de que el Poder Judicial no es plenamente independiente respecto de los demás Poderes del Estado.
- Por estas razones objetivas y, por tanto, por completo alejadas de cualquier planteamiento partidista, reclamamos de la clase política un urgente entendimiento sobre esta materia tan fundamental, de modo que, sin alterar el actual marco normativo ( la única reforma admisible sería la de que fueran los propios jueces quienes eligieran a sus representantes en el CGPJ), podamos salir del estado de absoluta perplejidad e inseguridad en el que nos encontramos el conjunto de la ciudadanía española.
