Condenado a tres años de prisión el director de la web que difundió datos de la víctima de ‘La Manada’

El juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena ha condenado al director del diario digital La Tribuna de Cartagena, Josele Sánchez, por difundir datos de la víctima del caso de La Manada a tres años de prisión y una multa de 3.000 euros como autor de un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, deberá indemnizar a la perjudicada con 15.000 euros, de los que responderá subsidiariamente la mercantil Sureste Prensa Editorial S.L.

Según declara probado la sentencia, en mayo de 2018, el acusado, usando un seudónimo, difundió a través de su página web una publicación bajo el título Yo no te creo que contenía “datos de carácter reservado que afectaban a la privacidad de la víctima” de delitos contra la libertad sexual, tales como nombre y apellidos, domicilio, documento nacional de identidad, centro donde cursaba sus estudios universitarios y dos fotografías. Una de ellas, detalla la resolución, “reviste un carácter particularmente degradante y vejatorio”, pues se podía ver a la víctima en un momento en que se estaba violentando su libertad sexual.

La sentencia destaca que esta publicación se hizo aun cuando la Audiencia Provincial de Navarra, encargada del enjuiciamiento, un procedimiento de gran repercusión pública, había dictado un auto por el que se prohibía la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la denunciante o datos que pudieran facilitar su identificación de forma directa o indirecta, “así como también la prohibición de la obtención, publicación y divulgación de imágenes de la acusadora o de sus familiares”.

Como consecuencia del acceso de una pluralidad de personas a esos datos a través de la citada web, concluye el apartado de hechos probados, la denunciante “recibió numerosos mensajes anónimos a través de Internet, insultos, amenazas, montajes fotográficos…”, que afectaron a su estado de ánimo y a su situación psicológica. Llegando a provocarle “ansiedad generalizada ante la posibilidad de ser reconocida, con lo que se vio obligada a abandonar su lugar de residencia, trasladándose al extranjero y a interrumpir sus estudios universitarios”.

En los fundamentos de derecho, el magistrado explica que el propio acusado reconoce sin ambages ser el autor “en la creencia de que está publicando un artículo de opinión en el ejercicio de la profesión periodística”. Reconoce además haber utilizado expresiones como que “llevabas tal borrachera, que en lugar de cantar Asturias patria querida -como debería hacer cualquier joven normal cuando se emborracha- decidiste montártelo con cinco macarras de mierda” porque “estaba convencido de que el acto sexual es voluntario y no forzado”.

Juzgados de Cartagena. (Foto: La Opinión de Muria)

Tras analizar la doctrina constitucional sobre los límites de la libertad de opinión, el magistrado concluye que este derecho se topa con “el muro del respeto al honor y a la intimidad de las personas y que se traduce en la prohibición de emplear términos o expresiones insultantes o vejatorias: la libertad de expresión no comporta un derecho al insulto”.

“Es perfectamente lícito estar en desacuerdo con cualquier acto de los poderes públicos, en este supuesto de una sentencia, puesto que ello forma parte de los estándares democráticos propios de un Estado de Derecho, pero desde luego no resulta amparado por la Ley el empleo de términos hirientes o lacerantes ante quien resulta ser víctima en un delito contra la libertad sexual, y menos aún la publicación de fotografía de claro contenido sexual y la difusión de datos de identificación de la víctima”, aclara para, a continuación, desarrollar, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cómo tal exceso configura el delito contra la integridad moral en concurso con el de revelación de secreto.

En este sentido, concreta que “las expresiones que se han transcrito en el relato de hechos probados son claramente vejatorias, pero sobre todo es patente tal carácter en la publicación del nombre apellidos, domicilio, centro de estudios universitarios de la víctima etc.., puesto que desde luego carecen por completo de relevancia para la opinión remitida, y solo se pueden explicar razonablemente desde el ánimo de causar daño a la perjudicada”.

Finalmente, el fallo de la sentencia recoge la inhabilitación especial del acusado para el desempeño de profesión u oficio relacionado con el periodismo y sectores vinculados al mismo durante el tiempo de cumplimiento de la condena.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.