Condenado un abogado de Tenerife por ordenar un asesinato. El letrado y un empresario pagaron a sicarios para matar a tiros a un promotor de ocio nocturno

El Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de un empresario y abogado tinerfeño como presunto autor intelectual del asesinato de otro empresario, fallecido el 18 de abril del año pasado en un parking público de la misma ciudad tras ser tiroteado por presuntos sicarios.

La autoridad judicial ha tomado declaración hoy a los ochos individuos detenidos el pasado miércoles por la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife en relación con el crimen, en una investigación calificada como “sobresaliente” por la autoridad judicial tras más de un año de minuciosa investigación en colaboración con la Brigada Central de Homicidios. Tres de ellos han quedado en libertad provisional como presuntos cómplices del crimen, y los otros cinco han sido enviados a prisión preventiva.

Entre los tres investigados que han quedado en libertad provisional con cargos por presunta complicidad en el asesinato se encuentra otro abogado tinerfeño, que en las horas que sucedieron a la muerte actuó de portavoz público de la familia de la víctima. Actualmente está en libertad provisional como supuesto autor de un delito de encubrimiento de asesinato, con la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días.

Las otras dos personas que han quedado en libertad son dos varones que supuestamente habrían facilitado a los asesinos el coche del que se valieron para consumar el asesinato. Admitieron el robo del automóvil, pero dijeron que no sabían para qué se iba a usar. Se les acusa de complicidad en asesinato y de robo con fuerza.

Respecto a los otros cinco acusados, la situación queda como sigue: el abogado ingresa en prisión incondicional como supuesto autor intelectual del crimen; otros dos acusados lo hacen como autores materiales, y los dos últimos, como cómplices de la muerte violenta.

El asesinato por encargo ha sido resuelto gracias a un concienzudo trabajo de la Policía Nacional, que ribeteó 13 meses de intensas y discretas investigaciones tendiendo una trampa a los supuestos criminales: un aparente rastreo el pasado 14 de mayo en un barranco lagunero en supuesta búsqueda de pruebas que llevó a los acusados a activar a algunos de los teléfonos que se habían utilizado en la gestación del crimen, alarmados ante la evidencia de que se estrechaba el cerco.