Formado el nuevo Consejo del Secretariado con ánimo de destensionar las relaciones entre Justicia y LAJs
Los letrados de la Administración de Justicia reclaman al Ministerio que se desbloqueen las oposiciones de 2023 y que cuenten con su plan de prevención de riesgos laborales entre otras cuestiones
Manuel Olmefdo, en el centro, presidió la reunión del Consejo del Secretariado. (Foto: Ministerio de Justicia)
Formado el nuevo Consejo del Secretariado con ánimo de destensionar las relaciones entre Justicia y LAJs
Los letrados de la Administración de Justicia reclaman al Ministerio que se desbloqueen las oposiciones de 2023 y que cuenten con su plan de prevención de riesgos laborales entre otras cuestiones
Manuel Olmefdo, en el centro, presidió la reunión del Consejo del Secretariado. (Foto: Ministerio de Justicia)
El nuevo Consejo del Secretariado ha echado andar con su primera reunión, celebrada este martes, presidida por Manuel Olmedo, secretario general técnico del Ministerio de Justicia. En la reunión han participado los seis vocales elegidos democráticamente por los LAJs y los otros tres por el propio Ministerio.
Esa reunión constitutiva, de más de tres horas de duración, tuvo un orden del día amplio para abordar distintos temas que preocupan a los LAJs. Este encuentro ha buscado pacificar las relaciones tormentosas hasta la fecha entre Justicia y los letrados de la Administración de Justicia, cuyo último episodio fue la supresión unilateral del teletrabajo por parte del Ministerio en una circular que se envió hace diez días.
Este Consejo del Secretariado queda constituido por Juan José Yáñez, LAJ en el juzgado penal 1 de Vigo; Patricia Gimeno, LAJ en juzgado de primera instancia de Barcelona, y Juan Ávila, LAJ adscrito al Tribunal Supremo, vocales que pertenecen a la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ). Los dos primeros formaron parte del Comité de Huelga de los LAJs.
Por parte del Colegio Nacional de Letrados de la Administración Justicia está José Palazuelos, LAJ de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; Alejandro Asensio, LAJ de un juzgado mercantil de Madrid, e Ignacio Rivera, LAJ del juzgado penal 7 de Barcelona. Estos seis han sido elegidos por los propios LAJs tras las últimas elecciones
Junto a ellos hay otros tres designados por el Ministerio de Justicia que son la secretaria de gobierno de la Audiencia Nacional, María Jesús Fraile, la secretaria de gobierno de valencia Gloria Herráenz, y la secretaria coordinadora de Barcelona María José Peñacoba.
El Consejo del Secretariado, al igual que el CGPJ para los jueces y el Consejo Fiscal para los fiscales, es el órgano que, bajo la presidencia de Manuel Olmedo, secretario general técnico, vela por el desarrollo de las actividades de los LAJ s en la Administración de Justicia. Lo convoca Justicia con una periodicidad de dos o tres meses o cuando hay un tema de calado.
Al mismo tiempo, en esta reunión se nombraron dos vocales para la valoración de los concursos de méritos para baremar y también se abordó un problema del escalafón a raíz de unas alegaciones presentadas por un secretario judicial.
Sobre estos concursos de méritos se ha propuesto plantear la elección de dos titulares y dos suplentes para formar parte de la comisión de valoración en los concursos específicos, sin embargo, se ha aplazado dicha elección para encontrar los perfiles más adaptados para integrar la comisión de valoración.
A lo largo de este año, los encontronazos entre estos funcionarios y el Ministerio han sido importantes. Recordar las huelgas que tuvieron lugar este primer semestre, convocadas por las tres asociaciones de LAJs con el ánimo de reclamar las subidas salariales pactadas en años anteriores y que no se habían ejecutado.
Esa conflictividad ya arrancó del año pasado con los primeros paros cuando se peleaba por la cláusula de enganche, reivindicación que no cumplió el Ministerio y que dio lugar a la huelga indefinida de marzo. Al final, aclaran que todas estas tensiones repercuten en el servicio público de la administración de justicia.
Para Juan Ávila, LAJ adscrito al Tribunal Supremo y vocal con mayor número de votos de esas elecciones, es evidente que tras dos años de conflictividad es el momento de pasar página. “Al final, el Ministerio, aunque tarde, cumplió el aspecto principal que era el retributivo y ahora lo que queda es seguir con el acuerdo y las otras variables que vienen estipuladas, aunque este equipo ministerial está en retirada porque parece que al final habrá nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas”.
Se da por hecho que Pilar Llop no seguirá en el Ministerio de Justicia ni tampoco su secretario de Estado, Tonxtu Rodríguez, con el que los choques han sido continuos, sobre todo por las descalificaciones que Rodríguez ha hecho de forma continuada de la citada huelga general de los LAJs. Lo que no se sabe es si Manuel Olmedo seguirá en el Ministerio de Justicia por tener un carácter más técnico su cometido dentro del propio organismo ministerial.
Reivindicar el teletrabajo
Entre los temas que se han abordado hay uno clave, la regulación del teletrabajo, retirado sin previo aviso hace unos días para LAJs y funcionarios de Justicia por el propio Olmedo. “Al parecer, el principal motivo de retirarlo, según nos comentó Olmedo, ha sido por las quejas que ha habido de abogados y procuradores sobre el servicio de justicia. Que cuando acudían a los juzgados no estábamos en nuestros puestos de trabajo. De ahí que suprimiera el teletrabajo”, apunta Ávila.
Sin embargo, habrá que ver cuál es el futuro del teletrabajo en las comunidades autónomas. Es evidente que los LAJs dependen del Ministerio de Justicia y no van a teletrabajar “pero en el caso de los funcionarios de Justicia parece que en algunas comunidades autónomas con competencias transferidas van a seguir, como es el caso de Valencia, Cataluña o Aragón. En el caso de Madrid al parecer, la ultima hora es que también van a mantenerlo. Todo esto obliga que se regule por ley”, destaca este LAJ.
En este debate habría sido Olmedo quien ha señalado que la regulación hay que hacerla por decreto-ley, más potente para que dé más seguridad y cobertura y que se regule en qué supuestos se puede dar el citado teletrabajo. “Es consciente que el teletrabajo tiene que regularse y tiene sus beneficios, pero es posible que este tema sea una de las cuestiones que asuma el nuevo equipo ministerial”.
En el orden del día de la reunión se han abordado también el nombramiento de dos secretarias coordinadores provinciales de Álava y Guipúzcoa y la formación continua para el 2024 de los letrados de la Administración de Justicia.
En cuanto a la formación, la propuesta de los vocales de UPSJ se ha centrado en la necesidad de establecer un tutor digital para ayudar en la implementación de las nuevas tecnologías y aplicaciones y de otro de acompañamiento en los casos de cambios de jurisdicción.
Al mismo tiempo, han reclamado una formación específica sobre lenguaje sencillo y otra relacionada sobre intervención y presencia de estos profesionales en redes sociales. Junto a ello, otros vocales resaltaron la necesidad de implementar formación sobre inteligencia artificial y sobre técnicas de dirección. Todas ellas fueron recibidas positivamente por el Ministerio.
Ruegos y preguntas
Según señala Ávila, otro de los temas debatidos, y que preocupe mucho a los LAJs, ha sido el de las oposiciones. “el Ministerio sacó una oferta pública de empleo contraria a la ley orgánica que lo regula, porque tiene que haber esa convocatoria plazas de promoción interna en un 30% y sacó el 50%, quizás para contentar a los sindicatos. Las asociaciones de LAJs lo recurrimos y lo ganamos en los tribunales”.
Frente a esta situación, este LAJ indica que el Ministerio suprimió toda la oferta de empleo público del 2023. “Nos pareció una medida equivocada y así se lo hemos hecho ver al propio Manuel Olmedo, lo que tiene que hacer es sacar a promoción interna ese 30% y al turno libre el resto. De momento estamos a la espera que se active de nuevo. Ha sido un momento de tensión en la reunión”.
Al parecer, según se comentó en la reunión, se convocarán en breve por las plazas de la oferta de empleo público de 2022, toda vez que la de 2023 ha sido suspendida judicialmente.
Desde las asociaciones se advirtió al Ministerio que había otras opciones, como convocar todas las plazas que no han sido suspendidas, es decir las de 2022 y aquellas no afectadas por la resolución del Tribunal Supremo, (el 30% de promoción interna, y el 50% del turno libre).
Sin embargo, según asistentes a la reunión, el secretario general dijo que de hacerlo así se arriesgaba a alguna impugnación más, y por lo menos se garantizaba una convocatoria presente para los opositores, y que las plazas de 2023 no se perdían e irían en la siguiente convocatoria.
Sobre la aprobación inmediata del decreto de sustituciones, otra de las reivindicaciones de este colectivo y que figura en el acuerdo que suscribieron en la primavera pasada con Justicia, podría está listo para su aprobación porque tiene todos los requisitos cumplidos, pero no se aprobará durante el periodo de funciones del Gobierno.
Como reivindicaciones en materia de trabajo, los vocales del secretariado han pedido a Olmedo la supresión de la cuenta de consignaciones de la obligación de teclear con 200 caracteres el motivo por el que no está bancarizado el beneficiario, lo que está demorando mucho el trabajo de los LAJs en esta materia
Para estos profesionales, si se quiere exigir a los usuarios el empleo de números de cuenta, deben realizarse las modificaciones normativas necesarias respecto de la cuenta, toda vez que no hay base a día de hoy para exigir la comunicación de número de cuenta y la retención del dinero en caso de negativa.
Problemas con el Registro Civil
Otra preocupación de los LAJs tiene que ver con los problemas actuales del Registro Civil. En este nuevo escenario el LAJ debe asumir las funciones que hacía antes el juez encargado, las del gestor delegado o las del juez de Paz, manteniendo las suyas propias. Según explican, esa situación está provocando un colapso del Registro Civil y muchos abandonos de esas plazas en los concursos. Entienden que es necesario retribuir adecuadamente esas nuevas funciones en los Registros Civiles no exclusivos.
Igualmente, se han trasladado diferentes disfunciones del programa Dicireg, como que el proceso de firma es extremadamente largo. Sin embargo, ha sorprendido que el propio Olmedo indicase que desconocía tales problemas y que por lo que sabe el sistema Dicireg funciona razonablemente bien, pero que comprobarán si es cierto que se está produciendo un abandono de los puestos de Registro Civil.
Al mismo tiempo, los propios vocales de los LAJs han reclamado un plan específico de prevención de riesgos laborales para el Cuerpo de LAJ, teniendo en cuenta la gran carga de trabajo que se ha ido generando y particularidades del cuerpo como la intervención en entradas y registros.
También se ha preguntado por la reforma del reglamento orgánico. El Ministerio ha informado que el texto está listo, pendiente de la memoria de impacto normativo y que se espera aprobar en breve. Y la necesidad de que el cuerpo de los LAJ tenga el reconocimiento de negociación colectiva como cuerpo especifico, lo que podría generar cambios en la nueva ley de Función Pública.
También ha quedado en el aire si habrá indemnizaciones a los LAJs de la 45 promoción que vieron como a última hora se suspendió su acto de entrega de despachos en Madrid. Este evento a muchos les obligo acudir un día antes, como actividad obligatoria del Centro de Estudios Judiciales. En este sentido, el secretario general Olmedo cree que será el propio CEJ quien tenga que resolver ese tema
Por último, el propio secretario general informó que es previsible que el siguiente concurso tenga lugar el próximo mes de diciembre, y en todo caso antes de la elección de destinos de la promoción 45 libre.