Malestar por las palabras de Montero: “Quien dice que la Justicia es patriarcal o no sabe lo que hacemos los jueces o miente”

Las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) siguen trayendo cola. Desde el sector de la abogacía han surgido muchas críticas a las palabras de la ministra y no han sido pocas las peticiones de dimisión. El lío está siendo tal que incluso está arrastrando al decano del ICAM, José María Alonso, de quien también se ha pedido su dimisión por invitar a Montero.

La ministra de Igualdad calificó a la Justicia de “patriarcal” y acusó al Poder Judicial de haberse “opuesto” a todas las normas que avanzan en los derechos de las mujeres. En su intervención, Montero señaló que esta “Justicia patriarcal” representa un “obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de todos sus derechos”. La ministra defendió una justicia feminista, entendida como “aquélla que partiendo de los pilares del derecho penal democrático no juzga en abstracto, sino que toma en consideración las relaciones de género y poder que atraviesan todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluido el familiar, como una vía para garantizar los derechos de las víctimas de violencia y contribuir con ello al cambio social”.

Las palabras de la ministra han sido motivo de indignación entre juristas y abogados. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, califica de “inadecuadas” las declaraciones de la ministra y recuerda que “el respeto institucional es algo esencial”. A su juicio, las palabras de Montero son “un ataque más a la Justica de este país”, que se produce en un contexto en el que “llevamos un tiempo que es el pan nuestro de cada día que se ponga en cuestión la profesionalidad de los jueces”.

María Jesús del Barco, presidenta de la APM. (Foto: Google)

Del Barco, que es la juez decana de los juzgados de Madrid, defiende el trabajo de sus compañeros ante los ataques de la ministra y niega categóricamente que la Justicia sea patriarcal. En este sentido, destaca que “la justicia no es ni machista ni patriarcal” y remata categóricamente que quien hace esa afirmación “o no sabe lo que hacemos los jueces o miente”.

A este respecto, señala que “hablar de justicia machista cuando la mayoría de quienes llegan a ser jueces son mujeres y cuando la media de edad de los jueces es 48 años, con lo que han tenido una carrera educada en los principios constitucionales, es desconocer la realidad”.

En declaraciones a Economist & Jurist, la juez recuerda igualmente que los juzgados de lo Contencioso han propiciado la igualdad antes incluso de la acción de la clase política y de la aprobación de ciertas leyes al dictar sentencias que han servido para defender los derechos de las mujeres trabajadoras. Lo mismo ha ocurrido, según sus palabras, con las mujeres víctimas de la violencia de género. En este sentido, critica el hecho de que “no se dote a los tribunales de los medios necesarios para que puedan hacer frente a los problemas que surgen”.

De izqda a dcha: Irene Montero, ministra de Igualdad; y José Mª Alonso, decano del ICAM (Foto: ICAM)

Críticas en las redes

Las declaraciones de Montero han sido también motivo de muchas críticas del sector de la abogacía y de la política en redes sociales, en las que no han faltado los mensajes pidiendo su dimisión.

Entre los críticos está Rafael Hernando, senador del PP por Almería, que ha publicado en su Twitter que “la intervención de @IreneMontero ante el colegio de abogados estuvo plagada de groseros ataques al Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico. Respeto la libertad del decano para invitar a la ministra al foro, pero como colegiado del ICAM lamento sus plañideras justificaciones”.

La intervención de @IreneMontero ante el colegio de abogados estuvo plagada de groseros ataques al estado de derecho y al ordenamiento jurídico

Respeto la libertad del Decano para invitar a la ministra al foro, pero como colegiado del ICAM lamento sus plañideras justificaciones

— Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) January 21, 2022

El decano del ICAM, José María Alonso, no se ha librado de las críticas que en su caso le han llovido por todos lados. Hay enfado en algunos sectores de la abogacía por haber invitado a la ministra, que han llegado a pedir su dimisión, pero también lo hay entre quienes consideran una metedura de pata que igualara feminismo y machismo. Cabe recordar que, ante la afirmación de la ministra de que la Justicia tenía que ser feminista, Alonso respondió que “no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una Justicia feminista ni machista. Tenemos que tener una justicia independiente, que tiene que aplicar las normas que le sean dadas y aplicar la presunción de inocencia, sin inclinarse ni hacia un lado ni hacia otro”.

José María Alonso, presidente el Colegio de Abogados de Madrid . (Foto: Economist & Jurist)

El revuelo ha sido tal que Alonso ha tenido que emitir un comunicado en el que afirma que “el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, consciente de la pluralidad social y distintas sensibilidades, invita a sus foros de encuentro a cuantas personas puedan ofrecer un interés para la profesión por razón de su papel en la sociedad civil o en los poderes públicos” y señala que “el Ministerio de Igualdad tiene atribuidas competencias en materia de igualdad, conciliación, lucha contra la violencia de género o contra la trata, entre otras, que afectan a elementos nucleares del ejercicio profesional”.

“La abogacía está implicada al máximo en la consecución de la igualdad de oportunidades y en la conciliación familiar efectiva, proyectando todos nuestros esfuerzos institucionales y profesionales hacia esa consecución”.

En lo que parece una contestación a posteriori a las palabras de Montero, el decano del ICAM señala que “la opinión pública que se genera ante un hecho o controversia judicial, obviamente libre en su expresión dentro de los límites que establece la ley, no puede convertirse en un elemento más del enjuiciamiento. Las lecturas y prismas políticos, por legítimos que sean, no pueden perturbar la recta y serena aplicación del Derecho por los tribunales”. “De la misma manera”, remata, “no resulta aceptable la crítica a informes jurídicos emitidos por organismos públicos que no estén basadas en estrictos criterios técnicos, sino en descalificaciones generales al abrigo de pretendidos sesgos”.