Crecen a 77 los recursos judiciales interpuestos por las administraciones sobre las decisiones del Consejo de Trasparencia

La transparencia pública sigue siendo un déficit de nuestro sistema democrático. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), autoridad administrativa independiente de supervisión y control en materia de transparencia pública a nivel estatal, acaba de publicar en su web su memoria de actividades 2023. En ella indica su incremento de actividad, en cuanto a resolver 2.259 reclamaciones, un 36,7% de ellas sobre acceso a la información pública, que realizan los ciudadanos sobre las distintas administraciones.

Al cierre de la memoria, en 2023 se habían interpuesto 73 recursos contencioso-administrativos por parte de las administraciones contra esas resoluciones dictadas en materia de acceso a información pública. En el ámbito estatal el número de recursos fue de 62, mientras que en el ámbito autonómico y local los recursos planteados fueron 11. Cabe destacar que 2023 ocupa el segundo lugar en cuanto a número de litigios desde que este inició su actividad (solo superado en 2019, año en el que se presentaron 77).

En el ámbito judicial es necesario destacar una relevante novedad que se produjo en 2023: el legislador acogió una propuesta del Consejo y modificó la Ley 9/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para establecer que los actos y disposiciones dictados por el Consejo son recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con lo que se suprime la doble instancia y se le equipara al resto de las autoridades administrativas independientes, reduciendo el tiempo necesario para obtener una sentencia definitiva.

El Ministerio del Interior fue el destinatario del mayor número de las reclamaciones resueltas por el Consejo (214, un 18,5 % del total), seguido del Ministerio de Hacienda y Función Pública (con 75 reclamaciones, el 6,5 % del total) y los Ministerios de Justicia y de Transición Ecológica y Reto Demográfico (con 52 reclamaciones cada uno, el 4,5 % del total).

En cuanto al ámbito autonómico y local, la comunidad autónoma de la que proceden el mayor número de reclamaciones resueltas es, como en 2022, Castilla-La Mancha, con 598 (el 54,86 % del total); seguida por Extremadura, con 120 (11,01 % del total) y; en tercer lugar, por Cantabria, con 100 reclamaciones resueltas (un 9,17 %).

Junto a ello en su función supervisora del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de entidades públicas y privadas, en 2023 el CTBG evaluó si 254 entidades publican y actualizan en sus páginas web institucionales o en el portal de transparencia la información relevante para fiscalizar su gestión a la que están obligados por la Ley de transparencia. Esto supone un 35,1% más de entidades evaluadas que en 2022.

A esta actividad se sumó la resolución de consultas sobre aplicación de la ley de transparencia; la tramitación de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los sujetos obligados; la realización de actividades de formación y sensibilización en materia de transparencia; la cooperación con órganos autonómicos y en redes internacionales que trabajan en materia de derecho de acceso; etc.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno es el auténtico motor de esta entidad que vela por la transparencia. (Imagen: Consejo de Transparencia)

Según destaca el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez: “En un año tan significativo como el de 2023, cuando se cumplieron 10 años desde la promulgación de la primera Ley de transparencia en nuestro país, hay que destacar un notable incremento en la actividad del Consejo, sobre todo en la tramitación de expedientes de tutela del derecho de acceso a la información pública y en la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia por los sujetos obligados”.

“Pero también hemos intensificado nuestra labor en otras áreas necesarias para avanzar y consolidar la transparencia en España, como por ejemplo las actividades de formación y sensibilización a los empleados públicos en esta materia”, advierte.

“El Consejo —subraya Rodríguez Álvarez— se va fortaleciendo cada vez más como autoridad independiente de supervisión de la transparencia pública, un aspecto capital para situar a España en el lugar que le corresponde como democracia avanzada, participativa y basada en la rendición de cuentas”.

En ese sentido, conviene recordar la reciente aprobación, el pasado 2 de julio, del nuevo Estatuto  que regula el Consejo, que le dota de una estructura orgánica reforzada y más acorde con las funciones que desempeña, a la espera de que se culmine la programada reforma de la LTAIBG, en la que se deberán incorporar los demás elementos imprescindibles para garantizar la plena eficacia de sus actuaciones como garante de la transparencia pública.

El CTBG contó en 2023 con un presupuesto de 3,37 millones de euros, un 12,5% más que el ejercicio anterior, y quedó configurada con una plantilla de 29 funcionarios.

Jose Luis Rodríguez, presidente de la entidad, reclama más medios para poder supervisar la transparencia de las organizaciones. (Imagen: Consejo de Transparencia)

Reclamaciones de acceso a la información pública

Una de las funciones principales del Consejo de Transparencia es resolver las reclamaciones que presenta la ciudadanía cuando no está conforme con la respuesta obtenida (o con la falta de respuesta) de la administración o las entidades de su sector público ante sus solicitudes de derecho a la información pública, procedimiento regulado en el artículo 24 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Según explica el presidente del TBG a Economist & Jurist, el Consejo resuelve tanto reclamaciones presentadas frente al sector público estatal como al sector público autonómico y local de aquellas comunidades autónomas que, al no contar con un organismo propio en esta materia, han decidido atribuir al Consejo, mediante convenio, su competencia para resolver estos expedientes.

En 2023 se recibieron un total de 1.886 reclamaciones: 1.170 de ellas (el 62 %) fueron expedientes frente a organismos y entidades de ámbito estatal y 716 (el 38 %) frente a administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que tienen convenio con el Consejo.

En cuanto al número de expedientes resueltos, en 2023, el Consejo resolvió 2.259 reclamaciones, lo que supone un 36,7% más de expedientes resueltos que en el 2022. De los 2.259 expedientes resueltos por el Consejo en 2023, 1.169 se refieren a información en poder de la Administración General del Estado y su sector público, lo que supone un incremento del 17,2% respecto a los resueltos en 2022.

La memoria de 2023 pone de relieve que un alto porcentaje de las reclamaciones se siguen presentando por desestimación presunta de la solicitud de información por silencio administrativo, al no haber respondido la administración o entidad del sector público a la solicitud en plazo. Un tercio (un 33,7%) de los expedientes resueltos por el Consejo en 2023 en el ámbito estatal se habían presentado por este motivo.

En cuanto al resultado, se admitieron a trámite el 94,9% de las reclamaciones, de las que casi dos tercios (el 63,4%) fueron estimadas (total, parcialmente o por motivos formales[1]), resolviendo el Consejo de Transparencia que la administración debía entregar la totalidad o parte de la información.

De ámbito autonómico y local

El presidente del Consejo también comenta a E&J que en 2023 el Consejo resolvió 1.090 reclamaciones sobre información en poder de las administraciones autonómicas y las entidades locales de las comunidades autónomas con las que tiene convenio. Esto supone que el Consejo resolvió un 66,4% más de reclamaciones de ámbito autonómico y local que en 2022. Es destacable que un 85,4% de ellas se habían presentado ante el Consejo por silencio administrativo.

En 2023 el CTBG estaba facultado mediante convenio para resolver las reclamaciones de las siguientes comunidades y ciudades autónomas: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha[2], Ceuta, Extremadura, Illes Balears, La Rioja y Melilla.

Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones

Respecto al cumplimiento de las resoluciones, del que el CTBG realiza un seguimiento constante publicando el resultado trimestralmente en su web, la memoria pone de relieve que de las resoluciones dictadas en 2023 que requerían ejecución, a 31 de diciembre de ese año no constaba al Consejo el cumplimiento del 11,3% de las dictadas ese ejercicio en el ámbito estatal y un 49% de las de ámbito autonómico y local.

Otra de las funciones principales que la LTAIBG asigna al Consejo es la de analizar el cumplimiento de la Ley de transparencia. Para ello, cada año realiza evaluaciones a entidades obligadas por dicha Ley, analizando si cumplen las obligaciones de publicidad activa, es decir, si publican en sus páginas web o portal de transparencia la información relevante para fiscalizar su gestión a la que están obligados por la Ley de transparencia. En 2023 se intensificó notablemente la actividad en este sentido.

También aclara que el CTBG evaluó a un total de 254 entidades públicas y privadas, lo que supone un 35,1% más que el año anterior; y emitió un total de 361 informes (un 32,7% más que en 2022). Estos informes incluyen recomendaciones dirigidas a las entidades evaluadas para que puedan mejorar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

La memoria pone de relieve que el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) medio obtenido por el conjunto de entidades evaluadas en 2023 (sin tener en cuenta las 90 entidades evaluadas por tercera vez por el Consejo) es de solo el 44,2%.

La falta de publicación de informaciones obligatorias, el recurso a fuentes centralizadas o la derivación al Portal de Transparencia de la AGE y, sobre todo, la carencia de referencias que permitan conocer a los usuarios el grado de actualización de la información publicada, son los factores que explican el bajo nivel de cumplimiento global alcanzado.

Todos los informes de evaluación son publicados en la web del Consejo tan pronto como están disponibles para hacer accesible la información a la ciudadanía. La evaluación se realiza con recursos propios del Consejo utilizando la metodología MESTA, desarrollada conjuntamente por el CTBG y la extinta Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL).

El presidente del Consejo considera que la administración debe hacer un esfuerzo no solo por publicar los contenidos mínimos obligatorios legales, y hacerlo adecuadamente, sino por ser proactivos en la publicación de contenidos adicionales de interés para los ciudadanos que les ayuden a fiscalizar su gestión. “La publicidad activa es la forma más eficiente de garantizar la transparencia y ahorra recursos a la administración”, asegura.

El Ministerio del Interior es el organismo menos transparente y el que recibe más reclamaciones de los ciudadanos. (Imagen: Ministerio del Interior)

[1] Estimación por motivos formales: al haber proporcionado la administración o entidad reclamada toda o parte de la información fuera de plazo y tras la intervención del Consejo después de que la persona interesada presentara reclamación ante el CTBG.