Críticas a la Junta de Andalucía por su deficiente gestión migratoria

La Unión Progresista de Fiscales ha mostrado, en la mañana de hoy y a través de un comunicado, “su indignación” ante la noticia conocida “de que más de 400 personas (incluidas niñas y niños) han quedado fuera del sistema de protección para migrantes, al negarse la Junta de Andalucía a realizarles la prueba PCR necesaria para dotarles del amparo y la acogida legalmente establecido”.

Esta negativa de la Junta de Andalucía “supone una incomprensible dejación de su obligación y coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo”, continúa el comunicado.

Asimismo, “tristemente”, acciones como estas, sirven “sirve para alimentar las prácticas discursivas que dibujan un imaginario colectivo excluyente y de rechazo hacía las personas migrantes, lo que supone una de las causas principales de racismo en nuestro país”, avisan desde la UPF.

Por último, desde la misma organización recuerdan que, “como recoge el artículo 10.1 de la Constitución Española, el reconocimiento a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden político y nuestra paz social”, zanja el comunicado bajo la firma del Secretariado Permanente de la Unión Progresista de Fiscales.

Urgencia en clarificar el protocolo sanitario

Ya a mediados de la semana pasada, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, inició actuaciones en distintas comunidades autónomas para conocer de primera mano qué medidas estaban adoptando para abordar los posibles casos importados de COVID-19, en el contexto de la inmigración irregular.

En concreto, las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia reciben desde hace años a extranjeros en situación irregular, y “desde el cese del estado de alarma, cientos de personas han sido rescatadas y se han activado los correspondientes operativos de respuesta humanitaria, que es una competencia estatal. Sin embargo, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 ha provocado que, junto a esa respuesta humanitaria, sea también necesario adoptar medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica”, ya avisaba el Defensor del Pueblo en un comunicado emitido el miércoles pasado.

De hecho, en la misma información, el propio Defensor del Pueblo ya citaba las “quejas reiteradas procedentes de la Comunidad Autónoma Andaluza” en relación a distintos casos de inmigrantes llegados a Almería que, “tras haber llegado en patera 72 horas antes” son puestos en libertad, “al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida”.

“Según las quejas recibidas, estas personas no habrían sido derivadas a ningún servicio de asistencia, ni habrían recibido información sobre los recursos de acogida existentes o sobre las medidas de higiene necesarias para frenar la transmisión del coronavirus”, informaba Fernández Marugán.

En la misma línea, denunciaba la urgencia de que “las autoridades sanitarias andaluzas, en coordinación con la Administración General del Estado, clarifiquen el protocolo sanitario que se sigue a la llegada a costas de las pateras tomando en consideración que han de primar en estos momentos las medidas necesarias para garantizar la salud pública y frenar la posible expansión del COVID-19”.

Deficiente asistencia letrada

La Institución “insiste una vez más en que la asistencia letrada no se puede convertir en una mera asistencia formal en el procedimiento”. A pesar de las reuniones con el Consejo General de la Abogacía, “se siguen recibiendo quejas que apuntan a que las deficiencias persisten. Estas quejas relatan varios casos en los que inmigrantes llegados a Canarias habrían sido alojados en dispositivos temporales sin haber recibido una atención jurídica adecuada”.

“La asistencia letrada que, a través del turno de oficio, reciben los extranjeros que llegan a nuestras costas debe garantizar que se recibe un asesoramiento individualizado, con presencia de intérprete y que la persona comprende los derechos que le asisten y, en su caso, garantizar que su solicitud de protección internacional queda registrada de manera inmediata”, avisaba Fernández Marugán.

Dispersión de competencias

“A juicio de la Institución, la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria y la ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de administración del Estado, hacen que la crisis provocada por el COVID-19 convierta la acogida de inmigrantes en una suerte de carrera contra el tiempo, que no solo no ofrece respuesta a los problemas de fondo, sino que tampoco logra armonizar adecuadamente la protección de los derechos de las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad con los intereses del conjunto de la sociedad”.

Por ello, en opinión del Defensor del Pueblo, “es urgente que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos aborden en una reunión conjunta el diseño de un sistema que tome en consideración todas las vertientes que supone la gestión de la irregularidad documental de quienes no son expulsados”.

Por último y “tras más de treinta años de llegadas a las costas españolas”, el Defensor del Pueblo en funciones considera que debería de “encontrarse la manera de conjugar el control eficaz de las fronteras con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de detección inmediata y protección de aquellas personas que necesitan protección internacional, son menores de edad o presentan indicios de trata de seres humanos”.